Los ministros de Justicia de la Unión Europea han llegado este jueves a un acuerdo para marcar sus líneas rojas en la negociación con el Parlamento Europeo de las nuevas normas comunes en materia de insolvencia, con el objetivo de que empresas viables que atraviesan dificultades financieras puedan reestructurar su negocio y evitar la bancarrota y el despido de empleados.

Se trata de superar las diferentes legislaciones de los Estados miembros sobre insolvencias y reestructuraciones empresariales e impulsar así las inversiones transfronterizas, evitar cierres de empresas viables --sobre todo en los primeros años de actividad-- y lograr ofrecer una segunda oportunidad para que no se desanimen los emprendedores con ideas.

Según datos de Bruselas, un total de 200.000 empresas europeas caen en bancarrota al año, la mitad de ellas cierra cinco años después del inicio de su actividad y el BCE ha identificado una exposición en 2015 de 980.000 millones de euros en créditos morosos del sector financiero.

La propuesta inicial de la Comisión Europea platea una suspensión temporal de un máximo de cuatro meses, en relación con la ejecución de la acción, con el fin de facilitar las negociaciones y el éxito de la reestructuración.

Los Estados miembros recogen esta idea pero introducen en su posición negociadora la posibilidad de un plazo "más largo" cuando los jueces tengan que confirmar un plan de reestructuración especialmente complejo.

Los países plantean por otros cambios en la propuesta inicial de Bruselas, por ejemplo para dar mayor flexibilidad a los Estados miembros a la hora de decidir en qué casos la intervención de un juez ha de ser obligatoria, aunque por ello -dicen-- no quieren renunciar al objetivo de disponer de procedimientos de insolvencia más rápidos.

En cuanto a la reestructuración forzada de la deuda aplicable a todas las categorías, los 28 abogan también aquí por una mayor flexibilidad a nivel nacional, para fijar las condiciones necesarias para llevar a cabo una valoración previa de una empresa o las reglas que determinen cuándo puede realizarse una reestructuración forzada de la deuda aplicable a una categoría de acreedores.

Con estas líneas acordadas, el Consejo podrá ahora iniciar los contactos con la Eurocámara para negociar la normativa definitiva. La presidencia de turno de la UE, que este semestre ocupa Austria, ha dicho que espera lograr un acuerdo político entre las instituciones de la UE "antes de las elecciones europeas" de mayo de 2019.

Durante el debate que ha confirmado este consenso, la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, ha destacado que la nueva norma debe ser beneficiosa tanto para los empresarios en dificultades, como para los acreedores, que deben de contar con salvaguardas para "que no tengan que asumir cargas indeseadas".

"Es preciso que se dé margen a los empresarios con dificultades para reorientar su actividad con tiempo suficiente, evitando la acumulación de deudas que impidan la viabilidad de su actividad económica, sin perder el objetivo de promoción de soluciones para los deudores", ha expresado Delgado en el debate a 28.

La titular española, que también ha confiado en que sea posible un acuerdo en "meses", ha indicado a su llegada a la reunión que aún es pronto para "adelantar cómo afectará" la nueva legislación comunitaria al plano nacional.

La comisaria de Justicia, Vera Jourova, por su parte, ha defendido que los cambios que promueve Bruselas supondrán "una gran diferencia para las empresas, para sus inversores, para sus empleados y para la sociedad en su conjunto".

"Los empresarios honestos deben de poder tener una segunda oportunidad en lugar de ser penalizados por fallar en su primer intento empresarial", ha subrayado Jourova.