El pasado 6 de agosto la JUR, organismo que ordenó ejecutar la operación a instancias del Banco Central Europeo (BCE), puso a disposición de los perjudicados un formulario para adherirse a esta fórmula, una garantía legal que busca asegurar la defensa del ciudadano frente a la Administración a la que algunas plataformas de consumidores ya han definido como un "lavado de cara".

Disponible en la página web de la JUR (srb.europa.eu), el registro va dirigido únicamente a los accionistas y tenedores de deuda subordinada del Popular, particulares o del tramo mayorista, con títulos en vigor el 7 de junio de 2017, fecha de la resolución y posterior amortización de este tipo de inversiones.

En la primera fase, los interesados deberán identificarse bien como persona física o representante de esta, bien como organización, y aportar la documentación que acredite la propiedad de estos "instrumentos relevantes".

Entre los documentos aceptados están los extractos bancarios con el valor final de la inversión inmediatamente después de la resolución del Popular y de su venta al Santander, y el mensaje oficial de la propia entidad, de una sociedad de valores o de una autoridad pública comunicando la amortización.

Asimismo, la JUR admite informes de plataformas de inversión "online" de participaciones que evidencien la propiedad de los títulos siempre con el sello oficial de la entidad en la que estaban depositados los valores, aunque se reserva el derecho de requerir información adicional.

Una vez que expire el plazo, el próximo 14 de septiembre a las 12:00 hora española, no se podrán remitir nuevos formularios.

Tras ello y en un periodo aún por concretar, los afectados que cumplan con los requisitos pasarán a una segunda fase en la que deberán remitir por escrito su opinión "en relación solamente a la decisión preliminar de que la compensación no necesitaría ser otorgada y el razonamiento", explica la JUR.

A comienzos de agosto, el organismo que preside Elke König se oponía al resarcimiento tomando de base el "informe de valoración 3" de Deloitte, según el cual los inversores habrían perdido más en un proceso de insolvencia.

La consultora, que aún debe presentar su informe definitivo, calculaba que las pérdidas en las que habrían incurrido los acreedores habrían sido en el mejor de los casos de 23.400 millones de euros, y en el peor de 34.100 millones, frente a los 11.400 millones que perdieron en la operación.

De igual modo, añadía que la insolvencia ordinaria habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que habrían tenido que utilizarse para proteger el dinero depositado por los clientes por debajo de los 100.000 euros.

Reconocido por el reglamento 806/2014 que supuso el nacimiento de la JUR, el derecho de audiencia ("Right to be heard", en inglés) se basa en los principios generales de la Unión Europea, en concreto en el "derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente".

De momento, algunos perjudicados ya han manifestado su voluntad de adherirse, como el grupo de grandes fondos de inversión compuesto, tras la salida de Ronit, por Anchorage, Algebris, Pimco y Cairn Capital, que perdieron unos 800 millones de euros en la resolución.

Asimismo, el despacho Rua Abogados ha comunicado a los más de 6.000 afectados a los que representa sobre la posibilidad de ejercer este derecho.