El Ministerio de Energía sigue adelante con su envite contra las eléctricas: las centrales de generación no se cerrarán sin su beneplácito. Su nueva baza en esta pelea es la iniciativa legislativa que el Congreso ya ha admitido a trámite y que, a instancias de la cartera que dirige Álvaro Nadal, el Grupo Parlamentario Popular presentó a finales de abril ante la cámara.

Nadal lleva más de un año tratando de sacar adelante esta medida y, después de fracasar en su intento de consensuar una Ley con el PSOE y de tramitarlo vía Real Decreto, su cartera se ha lanzado a una nueva batalla en el Parlamento con la tramitación de una propuesta de ley (PL), una iniciativa propia más de un grupo en la oposición que en el Gobierno.

¿El objetivo? Evitar el cierre de las nucleares y del carbón endureciendo las condiciones por las que se permite a una compañía cerrar una planta de generación de cualquier tipo. Y, de paso, ganar el pulso que tiene con Iberdrola desde que la eléctrica anunciara en noviembre su decisión de echar el cierre a sus dos últimas centrales de carbón en el país, la de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).

Esta nueva proposición es similar al proyecto de Real Decreto que Energía planteó en noviembre y que no gustó ni a Competencia ni a las eléctricas. El dictamen que la CNMC emitió en enero al respecto dejaba claro el asunto: las medidas que se pretendían introducir no respetaban ni la legislación europea ni la comunitaria que se está preparando y no veía justificado impedir el cierre de centrales de carbón porque la seguridad del suministro no está en peligro dada la sobrecapacidad del sistema.

Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico sólo exige que el cierre de una planta de generación (de carbón, gas, nuclear, ciclo combinado, hidroeléctrica...) no ponga en riesgo la seguridad del suministro eléctrico. ¿Esto qué implica? Que siendo la generación energética una actividad liberalizada, las empresas son quienes tienen la potestad de construir o cerrar una planta de generación siempre que no se ponga en peligro el suministro.

Sin embargo, como defiende el Grupo Popular en su iniciativa, siendo el suministro de energía un bien de interés económico general como reconoce la ley, el cierre de una instalación “no puede ser en modo alguno libérrimo”, sujetando tanto el cierre temporal como el definitivo a la autorización de la Administración que se podría denegar por dos nuevas razones.

La primera, que su clausura tenga un impacto negativo en los precios o en la competencia del mercado; la segunda, que impacte en el cumplimiento de los objetivos medioambientales, con miramiento especial a las emisiones de gases de efecto invernadero, algo que apunta directamente a las nucleares -que no emiten CO2 aunque generen otros residuos-.

La proposición recoge, además, que el cierre definitivo de las instalaciones con una potencia instalada superior a 50 megavatios (MW) necesita tres dictámenes: de la CNMC, de la Oficina de Cambio Climático y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

La pelea por el carbón

Cuando Iberdrola solicitó el cierre de las centrales de Lada y Velilla (y se comprometió a recolocar a toda la plantilla), en Energía pisaron el acelerador y lanzaron un Real Decreto que no salió muy bien parado. Hasta el propio regulador les dio un tirón de orejas por las prisas con que lo habían preparado subrayando que lo que se pretendía “no estaba lo suficientemente desarrollado ni previsto en la normativa vigente” como para seguir esa tramitación, recomendando elevar el rango a ley.

Replanteando la jugada a través de la vía parlamentaria, Nadal afirmó que de lo que se trata de prevenir la tentación de las eléctricas de cerrar una central rentable para aumentar los precios de la energía. En su obsesión por tener la última palabra en el cierre del carbón y las nucleares, Energía se agarra al bolsillo de los consumidores.

Cuando anunció en marzo esta proposición de ley, el ministro insistió en que se mantendrán tanto el carbón como el gas y la nuclear en el mix energético “mientras sean rentables” porque, según sus cálculos, eliminar el carbón implicaría que los precios subieran entre un 18% y un 25%, sin la nuclear se elevarían entre un 13% y un 26% y, eliminando ambas, el recibo se encarecería entre un 38% y un 65%.

Al no haber problemas de seguridad de suministro, tanto la CNMC como los ‘sabios’ de la Transición Energética han señalado que el carbón no es necesario y que es posible cerrar estas plantas durante la próxima década. Según el informe, el escenario central de los expertos es que, a la vista del precio de los combustibles y del CO2, la participación del carbón en el mix de generación sería nula, por lo que se prevé su desaparición para el año 2030.

Es, además, la tecnología más contaminante, por lo que mantenerlo activo va también en contra de las políticas europeas de descarbonización. La Unión Europea tiene en marcha medidas concretas que ponen fecha de cierre al carbón y de minas no competitivas este mismo año; además, se va a reformar el mercado de derechos de emisión, con lo que se incrementará el precio de las emisiones de CO2.

Forzar la explotación de las nucleares

Otra de las aristas en esta pelea del ministro con las eléctricas es la operación de las centrales nucleares. Después del regusto amargo que dio el rifirrafe con el cierre de Garoña, Nadal quiere asegurarse de que ninguna de las eléctricas con capacidad de decisión sobre el parque nuclear, Endesa e Iberdrola, le jueguen otra mala pasada ahora que toca pedir la renovación de las licencias de Almaraz y Asco I, cuyas licencias vencen en 2020 y 2022 y momento en que cumplen los 40 años de operación.

La nueva proposición de ley impone a los titulares de las centrales la obligación de pedir la prórroga de la licencia, que tiene una duración de 10 años. La norma popular equipara la petición de cierre con el vencimiento del plazo establecido y afirma que se entenderá como "solicitud de autorización de cierre", haciendo necesarios los respectivos tres dictámenes y el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Si se rechaza el cierre, la autorización de explotación se entiende prorrogada de forma automática y si no se solicitó a tiempo la renovación habrá una nueva oportunidad. Sin embargo, si no se solicita, se incurrirá en una infracción muy grave de la Ley del Sector Eléctrico, que lleva aparejada una multa.

Con esta modificación el Gobierno trata de saltarse la limitación que establece la regulación actual: solo los titulares de las nucleares tienen la potestad de pedir o no una prórroga, al contrario que con las demás plantas de generación, que sí deben solicitar el cierre si no quieren seguir explotándolas.

Según fuentes del mercado consultadas por este periódico, “la proposición de ley no resuelve la situación de falta de rentabilidad de algunas centrales, como las nucleares, que quedarían perpetuadas”. Para las energéticas, señalan estas fuentes, en el contexto impositivo actual no se garantiza la rentabilidad si, para alargar la vida de las nucleares como se pretende, tienen que asumir una inversión de unos 7.000 millones de euros sin que esté claro el horizonte político ni el marco retributivo necesario.

En el cierre de las nucleares, Iberdrola ha jugado también un rol más combativo contra la posición del Gobierno. Su posición es clara, las nucleares son necesarias, pero no pueden seguir siendo un agujero en su balance. A la queja genérica que se hace desde el sector respecto a los excesivos impuestos que lastran la rentabilidad, la eléctrica vasca defiende la necesidad de un retorno adecuado a las inversiones que deberían realizar para mantenerlas activas. “Si no se garantiza el retorno adecuado sobre la inversión no tiene sentido”, afirmaba el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en febrero.

Entre los expertos consultados surge también una cuestión: si la norma no está diseñada ad hoc en beneficio de otra compañía, Endesa, controlada por la italiana Enel. En el caso del carbón, Iberdrola tiene apenas un 2% activo en España, pero la norma supondría una ayuda a Endesa por la cercanía de sus centrales con la costa (más eficiente por los traslados de la materia prima), algo que perjudica a otro de los actores como Gas Natural Fenosa. En el caso de las nucleares, la clave estaría en los plazos de amortización de las centrales, que en el caso de Enel serían en 50 años, la década extra que se espera dar al menos al parque nuclear español, lo que ofrecería más beneficio a la italiana vía dividendos.

Admitida a trámite la proposición de ley, corresponde al Gobierno manifestar su criterio sobre la toma en consideración y la afectación al Presupuesto. Tiene un plazo de 30 días pero puede acortarlo y enviar su criterio en cualquier momento. Después de esto, este ataque relámpago debe ser incluido en el orden del día del Pleno del Congreso que, igualmente, puede ser cosa de días o de un mes. El Pleno decidirá si vota a favor o deja sin efecto la proposición. 

Si supera este escalón, la iniciativa se remitirá, presumiblemente, a la Comisión de Energía y sigue la tramitación ordinaria con la apertura del plazo de enmiendas donde los diputados podrían pedir la comparecencia de expertos como el Consejo de Seguridad Nuclear o Competencia. Cerrado el plazo de enmiendas, la proposición pasaría al Senado y, salvo que el Congreso pida expresamente una segunda revisión, el trámite se cerraría con la decisión de la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta.

El último cartucho de Nadal queda, pues, en manos del Grupo Socialista que deberá hacer malabarismos de nuevo para dejar satisfecho tanto a su partido en las comarcas mineras de Asturias y León, como a los más fieles al espíritu de la Transición Energética que se posicionan en contra del carbón y las nucleares más allá de los 40 años de vida que están a punto de cumplir.