"En el procedimiento de análisis de una fusión es responsabilidad directa de las empresas que se fusionan responder a las preocupaciones de competencia identificadas por la Comisión (...) Ahora bien, nosotros no hacemos demandas específicas de desinversión", dijo el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, en rueda de prensa.

El grupo siderúrgico ArcelorMittal propuso la semana pasada varias desinversiones para solventar los problemas de competencia identificados por la CE en relación con su adquisición de la italiana Ilva y conseguir su aprobación para la operación.

Cardoso insitió hoy en que el planteamiento para subsanar esos problemas "son una elección comercial de las empresas que quieren fusionarse", y explicó que la "responsabilidad" del Ejecutivo comunitario es analizar las propuestas que ponen sobre la mesa.

En concreto, el grupo plantea ceder activos en Piombino (Italia) Galati (Rumanía), Skopje (Macedonia), Ostrava (República Checa), la provincia de Lieja (Bélgica) y Dudelange (Luxemburgo).

Esto llevó al ministro luxemburgués de Economía, Étienne Schneider, y al alcalde de Dudelange, Dan Bianalana, a enviar el lunes una carta al Ejecutivo en la que dicen que "este enfoque de la Comisión impide la preservación de una base industrial competitiva en Europa", y hace difícil explicar a sindicatos y trabajadores de la planta de Dudelange que esta tenga que salir del grupo con un "futuro incierto".

El portavoz comunitario confirmó que la Comisión ha recibido la misiva, la está analizando y responderá a la misma "lo antes posible".

No obstante, Cardoso aseguró que entienden que cuando una fusión lleva a plantear desinversiones, esto puede causar incertidumbre y "preocupación para las empresas y empleados", y aseguró que el objetivo comunitario es garantizar que los activos que se ceden siguen siendo viables tras la operación.

"No aprobaremos un remedio nada más que si estamos convencidos de que los activos vendidos serán viables en el mercado. Si este no es el caso (...) es algo que no podremos aprobar", dijo.

El Ejecutivo comunitario tiene de plazo hasta el 23 de mayo para pronunciarse sobre la operación, que es objeto de una investigación en profundidad después de que Bruselas detectase que tal como estaba planteada podía generar problemas de competencia en los mercados europeos de ciertos productos siderúrgicos.