A comienzos del pasado octubre, el juez Andreu admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, Pedro Barrio, que también ha presentado un recurso de reforma por este motivo, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El recurso de PwC cuestiona que las fechas que el magistrado ha tenido en cuenta para declarar compleja la investigación sobre el Popular sean correctas.

En su auto, Andreu afirmaba que el plazo de seis meses necesario ara declarar la causa compleja computaba "desde el 3 de octubre de 2017, fecha de iniciación del procedimiento", pero PwC considera que esa fecha corresponde al momento de admisión a trámite de la querella, pero no de la incoación de las diligencias previas, que según sus cálculos tuvieron lugar el 19 de junio de 2017.

De ese modo, según PwC, habrían transcurrido más de seis meses entre junio de 2017 y marzo de 2018, momento en el que Andreu declaró la causa compleja.

En su recurso, el socio auditor Pedro Barrio alude también a este argumento, al considerar que la declaración de complejidad en la causa se ha realizado fuera de plazo.

Pero además, señala que la Ley de Enjuiciamiento Criminal admite la posibilidad de declarar la instrucción compleja "antes de la expiración del plazo", pero no permite que, expirado el término ordinario, se declare la causa compleja para evitar las consecuencias procesales de la conclusión del plazo.

Sobre este punto existe ya "abundante jurisprudencia", que se mencionan en el recurso, de las audiencias provinciales de Barcelona, Pontevedra, La Coruña, Ceuta, Córdoba, Gerona, Málaga y Madrid.

En su auto, el juez Andreu fundamentaba su decisión por el elevado número de perjudicados por la resolución del Popular y su posterior venta al Santander por un euro, y recordaba que en representación de estos afectados hasta 58 procuradores.

Asimismo, el magistrado explicaba que para llevar a cabo la instrucción será preciso realizar "pericias contables de gran envergadura, dada la entidad del Banco cuyas cuentas requieren examen", para lo cual , habrá que analizar y estudiar "una muy abundante documentación", motivos todos ellos suficientes ara declarar la causa compleja.

En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones; esta operación, ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE), ha dado a lugar a una avalancha de demandas de grandes y pequeños inversores, tanto en España como en el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, para tratar de recuperar su inversión.