Aunque un portavoz de la CNMV no quiso confirmar la información al no poder manifestarse sobre expedientes abiertos, el presidente de la institución, Sebastián Albella, ya dijo en una comparecencia en el Congreso el 11 de enero que la institución estaba realizando diversas actuaciones en torno a las cuentas del banco y a la información facilitada "en materia de remuneraciones".

Según la información de El Mundo, que no pudo ser inmediatamente contrastada con representantes legales de Ron o su cúpula, el regulador acusaría a los directivos y a la entidad de "infracción grave" por "falta de claridad en sus informes".

El diario sostiene que el regulador considera que el banco podría haber ocultado desde 2013 a los inversores las remuneraciones que podrían cobrar vía jubilación los directivos al cesar en sus cargos.

Según El Mundo, Ron y sus compañeros en el consejo rechazan el expediente y piden su archivo por falta de fundamento y el propio Ron habría presentado alegaciones argumentando que nunca hubo ocultación de su derecho o el de otros directivos a pensión aunque no tuviera la edad de jubilación.

Aunque un tribunal madrileño negó a mediados del año pasado a Ron una indemnización multimillonaria, cuando abandonó Popular acumulaba unos derechos de pensión de 24,2 millones de euros, que le garantizan el cobro de 1,1 millones de euros al año de pensión vitalicia.

Al margen de otras causas abiertas en distintos tribunales en contra de la liquidación de Popular y su venta a Santander por el precio simbólico de un euro, las antiguas cúpulas del banco lideradas por Ron y Emilio Saracho son objeto de investigación en una causa penal abierta por la Audiencia Nacional.

La causa investiga desde el pasado mes de octubre presuntos delitos cometidos supuestamente antes del colapso de la entidad, que acabó en manos de Santander el pasado junio por un euro.

En dos piezas separadas, el juzgado investiga la ampliación de capital de 2.505 millones de euros realizada en 2016 y posible manipulación de mercado mediante la publicación de noticias con datos o información que los querellantes califican como falsas y con la finalidad de hacer caer el precio de la acción.

La investigación trata de desvelar si en la ampliación mencionada el banco hubiese proporcionado a los inversores información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la realidad de la entidad.

El juez investiga en esta causa también la posible tipicidad derivada de las condiciones salariales e indemnización vitalicia fijada para Ángel Ron al cesar en el cargo de presidente del consejo de administración.

En cuanto a la época presidida por Emilio Saracho, se investiga "lo que se entiende como una campaña de desprestigio" a través de la publicación de noticias que contenían "datos o información falsa, para hacer caer el valor de la cotización de su acciones y obtener así importante beneficios", según el auto en el que la Audiencia Nacional admitió las querellas penales en octubre del año pasado.

Popular capitalizaba unos 1.300 millones de euros el día de su resolución, que dejó a cero el valor de las acciones y el de 1.900 millones de euros emitidos en bonos convertibles y subordinados.

EL FROB DESCARTA QUE LA PUBLICACIÓN DE LA VALORACIÓN POSITIVA DE POPULAR INCREMENTE LA LITIGIOSIDAD