La semana pasada, la Junta de Resolución Única (JUR) hizo finalmente público el informe de valoración del malogrado banco español realizado por Deloitte y en el que se señalaba que el Popular probablemente tendría un valor negativo de -2.000 millones de euros.

"La valoración defectuosa de Banco Popular abre interrogantes sobre la validez de cada paso adoptado por la JUR en este denominado proceso de resolución 'de manual'", dijo Richard East, socio principal del bufete Quinn Emanuel en un comunicado.

El informe de Deloitte señalaba que sus estimaciones eran "altamente inciertas" porque se elaboraron en solo 12 días y con información fragmentada, y agregó que la mejor forma de determinar el valor real del banco era a través de un proceso de venta abierto y competitivo. En el mejor de los escenarios, la valoración de la consultora para Popular era de más de 1.000 millones de euros.

Quinn Emanuel dijo que los bonistas de Popular a los que representan estudian distintas opciones, entre ellas la de apelar las redacciones de todos los documentos divulgados ante el panel de apelaciones de la JUR, el Tribunal General de la UE y el Defensor del Pueblo europeo.

La venta del Popular a Banco Santander el año pasado por el precio simbólico de 1 euro orquestada por la JUR ha sido ya denunciada por inversores que perdieron 850 millones de euros y demandan una compensación.

En el informe que la JUR publicó el pasado viernes no aparecía información clave del proceso como la estimación de Deloitte de cuánto dinero podrían haber recuperado los acreedores si el banco hubiera entrado en concurso de acreedores en lugar de venderse.

Las normas de la Unión Europea establecen que los acreedores no deberían quedar en una situación peor después de que un banco se liquide mediante un acuerdo como el alcanzado con Santander que la que hubieran enfrentado en el caso de que la empresa simplemente hubiera entrado en concurso.