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Rato: Bankia cumplió con escrúpulo los requerimientos del Banco de España

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha defendido hoy su gestión al frente de una entidad que "cumplió escrupulosamente" con los requerimientos del Banco de España, y ha asegurado que en el sumario de la salida a bolsa no hay "ni un solo documento" que acuse al grupo de irregularidades contables.

17 noviembre, 2017 18:38

Así lo ha expresado a Efe el exministro tras conocer la apertura de juicio oral dictada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a quien reprocha haber hecho justicia "sobre personas, no sobre hechos" y haberse apoyado en la opinión de los peritos judiciales Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado.

Según Rato, ambos expertos, cedidos a la causa por el Banco de España, sostuvieron en un primer momento que las provisiones que aparecían en el balance de la salida a bolsa de 2011 eran falsas, para después "cambiar su enfoque" tras valorar las pruebas documentales del regulador que respaldaban la existencia de dicho colchón.

En este sentido, insiste en que, a pesar de esta modificación, el primer peritaje permitió al Tribunal Supremo declarar nulo el debut bursátil de la entidad y abrió la puerta a que los inversores del tramo minorista recuperasen su dinero bien a través de la vía civil con demandas por error o vicio en el consentimiento o por el mecanismo extrajudicial habilitado por Bankia.

El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) afea además que los peritos, tras constatar que tales provisiones existían, criticaran que hubieran sido contabilizadas contra reservas y no contra la cuenta de resultados, sin valorar que esta decisión "esta amparada por el Banco de España, su comisión ejecutiva, la CNMV y todos los auditores privados".

Respecto al descuento del 75 % del valor de las acciones, niega que se tratara de una "prueba irrefutable del agujero" patrimonial, ya que "no existe normativa ni práctica del mercado que coincida con esta interpretación" y "hay muchos ejemplos de sociedades" que incurren en ello sin que los reguladores lo consideren un caso de falsedad contable.

En este sentido, apunta Rato, el juez "ha preferido no tener en cuenta la opinión de la CNMV, de los bancos colocadores y el hecho de que dos de las principales agencias mundiales de calificación le dieran entonces a Bankia el grado de inversión" superior al actual.

Tampoco que "hasta la nacionalización -en mayo de 2012- sus acciones cotizaran igual o mejor que el resto del sector" o que hoy, "después de haber devuelto 1.800 millones" a los minoritarios, "tenga más capital que sus competidores, como consecuencia de los beneficios generados en 2013 por el exceso de provisiones".

Por ello, considera que el auto del magistrado hace justicia "sobre personas, no sobre hechos", ya que mantiene apartado de la causa a los máximos responsables del Banco de España, de la CNMV y del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB).

Después de cinco años de instrucción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro ha decretado esta mañana la apertura de juicio oral contra Rato y otras 34 personas, tanto físicas como jurídicas, entre las que se encuentra el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, y la firma auditora Deloitte, inicialmente no procesada.

También la propia entidad y su matriz, BFA, a los que el Ministerio Público pidió retirar cualquier tipo de acusación penal por su colaboración en las investigaciones y su "cultura ética", circunstancia que Andreu entiende como "posible atenuación de su responsabilidad, pero nunca como una declaración de sobreseimiento, ni libre ni provisional".

Entre los acusados, además de Rato y Olivas, sobre quienes pesan las peticiones más elevadas por parte de la Fiscalía -cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente-, figuran el exconsejero José Manuel Fernández Norniella -tres años- y el ex consejero delegado Francisco Verdú, -dos años y siete meses-, por fraude a los inversores.

Solicitudes que aumentan hasta los doce años de cárcel por parte de las acusaciones particulares y populares, que además atribuyen a los 35 un presunto delito de falsedad contable.