El banco presidido por Ana Botín y los sindicatos han mantenido hoy una nueva reunión en la que el único avance claro ha sido el de especificar las unidades afectadas por esta primera ronda de ajustes que se llevará a cabo tras la integración del Popular, y que afectará a 1.585 trabajadores de ambas plantillas mediante prejubilaciones, bajas voluntarias o despidos a la fuerza, y otros 575 que se beneficiarán de la movilidad interna desde Servicios Centrales a otras empresas del Grupo como Santander Operaciones y Santander Tecnología.

En total, 2.160 empleados de los que de momento el banco cántabro no parece estar dispuesto a mover en número al menos hasta que comience la mesa negociadora, fijada en la reunión de hoy para el próximo 16 de noviembre. El ajuste corresponde a las dos plantillas, pero aún se desconoce el número concreto de afectados del Popular. Lo que sí ha desvelado Santander a los sindicatos es que el ajuste se centrará en los Servicios Centrales de Madrid y el Área de Tecnología, Operaciones, CASS y postfirma en La Coruña. También se verán afectados los trabajadores de los centros dedicados a Auditores y Prevención de Riesgos Laborales en las direcciones territoriales.

Una de las decisiones del Santander más discutida en las próximas reuniones con los sindicatos será la de incluir en este `bloque de salidas¿ del Popular las unidades de NITA, la red especializada en inmobiliario y transformación de activos lanzada en enero de este año, aún bajo la presidencia de Ángel Ron. El problema es que parte de esta red de 40 oficinas se creó con empleados procedentes de la Red Comercial del Popular. Un área que Santander se había comprometido a no tocar, al menos hasta 2019, cuando prevén que se complete la integración tecnológica de ambas entidades. De hecho, uno de los principales objetivos de los sindicatos, además de reducir el número total de despidos y mejorar las condiciones de bajas voluntarias y prejubilaciones, será precisamente que los empleados de NITA puedan volver a esa red comercial de la que provenían.

La creación de esta unidad inmobiliaria supuso el último intento de Ron por sanear la entidad antes de la llegada a la presidencia de Emilio Saracho en el mes de febrero. La nueva red contaba con cuatro Direcciones Regionales y una plantilla de 400 empleados, y según explicaban desde la entidad por aquel entonces, dependía de la Dirección General de Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos. La distribución territorial de la misma era la siguiente: Cataluña y Levante (12 oficinas); Madrid y Centro (10 oficinas); Norte y Pastor (10 oficinas); y Andalucía (8 oficinas).

Antes del inicio de la mesa negociadora prevista para el 16 de noviembre, y para la que sindicatos y empresas deben elegir a sus representantes, Santander ha facilitado un listado con 58 centros de trabajo que se verán afectadas por este ajuste, en el que Madrid es el destino peor parado para los empleados del Popular. En total, 18 centros de la entidad echarán el cierre en la ciudad. No solo se trata de las grandes que ubican los principales negocios de servicios centrales, que se basan en Velázquez 34, Abelias 1 o el histórico Edificio Beatriz en el número 29 de Ortega y Gasset (Sede central del banco resuelto en la capital).

Dentro de la comunidad, se incluye también el cierre de otras oficinas de apoyo territorial en la que se desempeñaban labores como la administración de personal o se daba apoyo a las sucursales. Entre las más conocidas, la ubicada en la calle Capitán Haya, 7 o en Núñez de Balboa, 54.

Después de los 18 centros de Madrid, la ciudad en la que se espera un mayor número de cierre de oficinas será Barcelona, con 5 centros afectados, seguida de Valencia con 4 y Málaga, Sevilla y La Coruña con 3 cada una.

Según sus últimas cuentas trimestrales, Santander contaba a cierre de septiembre con 2.857 oficinas y 22.904 empleados. A ellos se suman 11.695 empleados del Popular, y 1.777 oficinas.

Este es el listado facilitado por Santander a los sindicatos con los centros que se verán afectados:

LOS SINDICATOS PIDEN REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE AFECTADOS

Este lunes terminan las mesas previas a la apertura del expediente y el próximo jueves comenzará el periodo legal de consultas, como contempla el Estatuto de los Trabajadores. A partir de ese momento, las reuniones se llevarán a cabo por separado en las dos empresas.

En la reunión de este lunes, CCOO ha transmitido al banco la necesidad de rebajar el número de salidas propuestas ya que "1.500 sigue siendo una cifra demasiado elevada", así como de incrementar el número de traslados a empresas del grupo.

Por su parte, UGT, además de solicitar que el número de bajas sea el mínimo, ha reclamado que el número de prejubilaciones aumente y que se rebaje la edad de los empleados que puedan acogerse a ellas de 58 a 55 años.

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