En su respuesta escrita, el Gobierno recuerda que la resolución del Popular "no ha implicado el compromiso de ayuda pública alguna", y que se llevó a cabo tras una decisión adoptada por la JUR en el marco del Mecanismo Único de Resolución, y "al amparo de las normas y procedimientos uniformes para la resolución de entidades de crédito a nivel europeo".

Por todo ello, la JUR, que es la autoridad de resolución competente, deberá "valorar, en su caso, las eventuales medidas a adoptar al objeto de exigir responsabilidades a los gestores del Popular", algo sobre lo que el organismo aún no se ha pronunciado.

En el seno de la Comisión Europea se están negociando propuestas para modificar, si fuera necesario, la directiva de resolución de entidades de crédito y de servicios de inversión, y en ese debate "se tendrá en cuenta" la experiencia adquirida en "la gestión de la crisis y resolución del Banco Popular".

Tras la decisión adoptada por la JUR a instancias del Banco Central Europeo , el Banco Santander se hizo el 7 de junio con el Popular al precio de un euro.

La operación, ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa.