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Empresas

Las primas por seguros de ciberseguridad superarán los 8.500 millones en 2020

Se calcula que las primas por seguros para protegerse de riesgos cibernéticos superarán los 8.500 millones de euros en 2020, unos 10.000 millones de dólares, lo que supondrá más que triplicar el volumen actual de unos 2.500 millones de euros, según los cálculos de Aon España.

8 octubre, 2017 07:57

Este fue uno de los principales mensajes que la aseguradora aportó durante el foro Cibertodos, organizado por ISACA España bajo el lema "La Ciberseguridad, una responsabilidad de todos", según explican en una nota de prensa.

Cada vez más empresas son conscientes de las ventajas que supone contratar este tipo de cobertura en sus seguros, mientras el mercado asegurador está en continua evolución para tratar de dar respuesta a este tipo de incidentes.

De forma general, la cobertura de este tipo de seguros da respuesta a los gastos asociados a la gestión de un incidente (asesoramiento legal, gestión de crisis reputacional, notificación y servicios a afectados por una quiebra de datos); pérdida propia (de beneficios, extracostes y recuperación de ficheros).

Además, responsabilidades frente a terceros por fallos de privacidad y seguridad o procedimientos frente a reguladores en materia de protección de datos.

Sin embargo, las pérdidas directas derivadas de fraude informático deben, por el momento, complementarse con pólizas de fraude informático o transferencias fraudulentas de fondos.

Los seguros ciber pueden ser una excelente herramienta de gestión de riesgos, pero es imprescindible que las organizaciones realicen un exhaustivo análisis previo que les permita conocer y cuantificar las amenazas reales, el valor de sus activos y el impacto potencial que puede derivarse de un incidente cibernético.

Así lo explicaban desde Aon España, en este encuentro, centrado en la gestión integral de crisis, y que ha contado con el patrocinio de Bankia, ECIJA e Innotec, y la participación del Departamento de Seguridad Nacional, INCIBE, CCN-Cert, Policía Nacional y Guardia Civil, además de CERTs, empresas y representantes del sector judicial, entre otros.