Así lo considera Juan Ignacio Navas, socio director del despacho Navas y Cusí, que a principios de septiembre presentó un recurso contra la resolución del Popular en el que solicitaba la publicación de todo el expediente administrativo con el que la JUR y el FROB basaron su decisión de liquidar el banco.

Según explica el abogado, y teniendo en cuenta que su demanda se admitió el pasado 7 de septiembre, la JUR tendría un plazo de 20 días para hacer público el documento. Es decir, y sin contar los fines de semana, por ley ese expediente administrativo debería ver la luz en la primera semana de octubre. Y en él debería estar incluido el informe de Deloitte. ¿Si no lo publican en esas fechas sería una desobediencia judicial, y tendrían que atenerse a las consecuencias¿, advierte Navas, explicando además que si se demuestra que el documento era incompleto, habría que declarar la nulidad del proceso de resolución del Popular.

La falta de transparencia que ha rodeado al documento con el que puso fin a la vida del banco, con su venta a Santander por el valor simbólico de un euro, ha provocado multitud de sospechas y conspiraciones sobre su contenido. Se ha hablado de que el FROB lo tiene en su poder, que el organismo ha solicitado a la JUR que lo haga público, e incluso se sabe que el documento contenía un cálculo con un escenario favorable para el Popular, en el que Deloitte situaba su valor en 1.500 millones de euros, frente al agujero de entre 2.000 y 8.200 millones conocido inicialmente.

Este galimatías en los datos ha provocado más malestar si cabe entre aquellos que perdieron toda su inversión tras la desaparición del banco. Sobre todo porque muchos de ellos consideran que la crisis estuvo parcialmente provocada por la propia JUR tras las declaraciones de su presidenta, Elke König, asegurando que vigilaban desde hacía tiempo a la entidad.

Los bufetes que representan a los afectados coinciden en que no tiene sentido que König hiciese esas declaraciones y ahora se niegue en rotundo a aportar los documentos que fueron determinantes para la resolución del Popular. Incluso al Parlamento español, que ha solicitado el documento a través de la comisión que investiga la crisis financiera, y a la que mañana mismo acude el máximo representante del FROB, Jaime Ponce. Algunos grupos políticos también han solicitado que a esta comisión acuda la propia König, quien según informaba hace unas semanas El Mundo, denegó entregar el informe de Deloitte alegando que "socavaría los intereses comerciales" de la entidad hoy en manos del Santander.

El misterio que rodea al documento es tal que algunos incluso han llegado a dudar de su propia existencia. ¿No existe ningún país en el que se pueda llevar a cabo un proceso así sin una valoración completa y definitiva. Si el informe existe y es sólido, no hay motivo para no hacerlo público¿, explican fuentes consultadas relacionadas con el proceso.

Una de las principales quejas sobre el documento es precisamente esa amplia brecha en la valoración del agujero del banco: entre 2.000 y 8.200 millones de euros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cifras pertenecen a un informe provisional que, según el reglamento, no serviría para indemnizar a los inversores. La norma del Mecanismo Único de Resolución (MUR) prevé hasta tres valoraciones para este tipo de casos. Una provisional (la que hizo Deloitte en junio), en la que la firma determina si se cumplen las condiciones de resolución y ¿debe vincularse con los principios contables para la preparación de los estados financieros de la entidad y las normas pertinentes para el cálculo de los requerimientos de capital de la entidad¿.

Después se lleva a cabo una segunda valoración, en la que se informa sobre la medida de resolución a adoptar, dentro de las herramientas disponibles en el MUR. En caso de ser provisionales, se puede aplicar la resolución hasta que se reciba la definitiva si se considera que es mejor para el interés público. Y es aquí donde se centran ahora todas las miradas. Tal y como explican los expertos de KPMG, después se procedería a la tercera valoración, en la que un experto independiente, que no tiene por qué ser Deloitte, valora si accionistas y acreedores habrían recibido `mejor trato¿ si se hubiese aplicado un procedimiento de solvencia ordinario (como una suspensión de pagos). En ese caso, si se determina que así es, la propia JUR debería compensar a los afectados, acorde con las valoraciones de ese tercer informe.

Afectados, partidos políticos e incluso representantes de otras entidades bancarias coinciden en que el informe de Deloitte debería ver la luz cuanto antes en aras de la transparencia. Sin embargo, y aunque muchos esperan que los requerimientos judiciales basten para desvelar los secretos del documento, los expertos advierten que existen ciertas obligaciones de confidencialidad que, de nuevo, dependerán del juez para ser desveladas.