Según indican desde la Asociación, de las 51 demandas interpuestas en Europa, solo esta y otras dos han sido aceptadas de momento a trámite, aunque se espera que en las próximas semanas el número se multiplique. Basados en los criterios contables más usados para la valoración de una empresa en funcionamiento, la asociación ha solicitado en su demanda las siguientes valoracioens: - Basándose en el valor contable de la empresa, el último dato disponible en cuanto a los fondos propios de la entidad, dato auditado y que hasta la fecha no ha sido contradicho en ningún informe, les da un Patrimonio Neto de la entidad de 10.777 millones de euros. "Por lo tanto, si distribuimos dicho patrimonio entre todas las acciones de la entidad nos da un Valor Neto Contable por acción de 2,69 euros por acción", indican.   - Basándose en el valor de mercado de la acción, "como el valor medio del último trimestre para eliminar el efecto que aspectos como la información privilegiada de ciertos agentes u operaciones bajistas de los últimos días, nos da un valor de 0,75 euros por acción".   - Si se basan, eso sí, en el valor de cierre de la cotización previo a la expropiación, da un valor de 0,317 euros por acción.

Las demandas en Europa se multiplicaron y los últimos en agotar los plazos han sido esta misma semana el grupo chileno Luksic, uno de los principales accionistas del banco, con su esperado recurso contencioso administrativo contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea (CE). Por su parte, Cremades y Asociados ha anunciado también que estudia una denuncia por violación del Código de Conducta de la institución.

Para el bufete, la resolución de Popular supuso una "manifiesta violación" del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de otros instrumentos del Derecho europeo.

Por ello, solicita la nulidad de la resolución de la entidad, la devolución de las acciones y los instrumentos de capital de Popular a los inversores, así como una compensación equivalente al valor neto de los activos de la entidad a fecha del pasado 7 de junio que deberá determinar un perito nombrado por el TJUE.

Si esta compensación se calculara con los estados financieros del primer trimestre del año, los bonistas deberían percibir el 100% del nominal de su inversión y los accionistas 2,57 euros por acción, según el despacho.

"No obstante, se solicita una indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de Banco Popular a fecha de 22 de mayo de 2017", añade.

La firma de abogados considera que "las violaciones de los deberes de confidencialidad por parte de la JUR fueron evidentes", dado que su presidenta, Elke König, habló en televisión sobre el banco y se hicieron públicas filtraciones sobre la situación de la entidad.