A partir de este lunes comenzarán a pasar por la Audiencia Nacional los responsables del Grupo Urbas. Será entonces cuando los directivos de la inmobiliaria alcarreña conozcan las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra ellos, y que ahora investiga el juez Fernando Andreu.

Mientras tanto, el equipo que lidera Juan Antonio Ibáñez trabaja ya en el futuro de la compañía, que pasa por la elaboración de un nuevo plan de negocio. Estará basado en los activos actuales que tienen, y el objetivo final será compensar la posible suspensión de la ampliación de capital realizada en el año 2015, y que ahora es objeto de investigación.

Según el magistrado -en el auto en el que admite a trámite la querella de la fiscalía y al que ha accedido EL ESPAÑOL- esa ampliación hecha mediante aportación no dineraria a través de las acciones de Aldira Inversiones Inmobiliarias, no se ajusta a la legalidad. En concreto, porque considera que los activos aportados “reflejan unas plusvalías totalmente injustificadas que desvirtuaban el sentido de la operación”.

El futuro

Por ello, y según ha podido saber EL ESPAÑOL, la intención es la de realizar una serie de aportaciones dinerarias, que cubran el total del capital aportado en activos en el año 2015. Es decir, 385 millones de euros. Sin embargo, dada su actual valoración, las estimaciones dicen que será necesario aportar unos cuarenta millones de euros, según fuentes de la compañía.

Aun así, en los últimos meses la empresa ya ha efectuado algunas ampliaciones de capital. La última, el pasado 14 de septiembre por importe de 2,9 millones de euros, según aparece en el BORME del pasado viernes.

Las futuras ampliaciones pretenden poner el parche antes de la herida. Es decir, que el juez Andreu decida continuar con la investigación, pudiera existir alguna condena y la ampliación realizada en 2015 fuera suspendida por el juzgado.

Se baraja, entre otras cosas, la posibilidad de dar entrada a nuevos inversores, incluyendo fondos que tengan bonos canjeables por títulos de la constructora.

En paralelo, la compañía elabora también su estrategia de defensa. Todo ello con un objetivo: poder remitir a lo largo de la próxima semana a la CNMV cuál va a ser la estrategia que se va a seguir en los próximos meses.

De este modo, los administradores de Urbas confían en que la empresa pueda volver a cotizar antes de que acabe el mes.

Las sospechas del juez

Sin embargo, Ibáñez tendrá que explicar los pormenores de una operación que ahora se pone en duda, y que -según el juez- generaba un “evidente perjuicio” a los accionistas que no tenían participación en Aldira al “diluir enormemente” su participación en Urbas, en beneficio de quienes sí la tenían; entre ellos, la mayor parte del consejo de administración de la inmobiliaria alcarreña.

También tendrá que dar explicaciones el socio de Grant Thornton, que firmó las valoraciones de los activos de la sociedad. Sin embargo, el magistrado considera que “son opuestas a la verdad”; y considera que su único objetivo -junto al criterio del consejo- era el de “justificar la ampliación de capital con pleno conocimiento del engaño que incluían”, asegura el auto del juez.