¿Cuántas veces se ha roto un aparato electrónico al poco tiempo de comprarlo sin una explicación lógica? ¿Cuánto es lo máximo que dura un móvil, una impresora o un frigorífico sin averiarse? Las asociaciones de consumidores advierten que "el 99% de nuestros productos" tienen obsolescencia programada. Es decir, casi todos los aparatos están diseñados para romperse antes de tiempo para que el consumidor tenga que volver a comprarlos. 

Benito Muros, presidente de la Fundación energía e innovación sostenible sin obsolescencia programada (Feniss), alerta de que es un problema global que se "extiende a todo tipo de aparato". 

Por ello, organizaciones como Facua, Feniss y OCU, exigen a las autoridades nacionales y comunitarias una mayor legislación para evitar la "fabricación y comercialización de productos con obsolescencia programada". 

Cuesta 50.000 euros a cada ciudadano 

Benito Muros comenta que la obsolescencia programada hace que cada persona tenga que comprar "4 o 5 lavadoras, televisores, móviles, ordenadores..."a lo largo de su vida. Productos para los que, además, el ciudadano medio tiene que "endeudarse con los bancos". 

Defiende que los productos están diseñados para romperse al poco tiempo. Por ejemplo, los electrodomésticos están fabricados, dependiendo de la gama, para durar "desde los 2 hasta los 12 años cuando son aparatos que deberían durar más de 50 años sin problemas". 

Como resultado, los ciudadanos están pagando de más una media de "40.000 o 50.000 euros a lo largo de su vida" por productos que "deberían durar 40 años más". 

La Unión Europea da los primeros pasos

La Unión Europea dio el visto bueno a implementar medidas contra la obsolescencia programada a principios de julio, momento en que realizó una serie de propuestas que los gobiernos tendrán que implementar en el futuro. 

La Unión Europea aboga, entre otros aspectos, por instaurar un "criterio de resistencia" para cada tipo de producto, extender la garantía, incentivar las reparaciones y las ventas de segunda mano...

Al final, son medidas que "responden a las demandas de los consumidores" ya que, según el Eurobarómetro de 2014, el 77% de los consumidores europeos preferiría reparar sus dispositivos antes que comprar unos nuevos. 

A raíz de esta iniciativa, OCU ha pedido al Gobierno que participe de forma activa en las medidas establecidas por el Parlamento Europeo para conseguir crear una ley que evite la fabricación y la comercialización de productos con obsolescencia programada. 

Falta de iniciativa por parte del Gobierno

Distintos expertos califican la legislación española contra la obsolescencia programada de "insuficiente". Miguel Serrano, un portavoz de Facua, asegura que uno de los problemas es que "desde el Gobierno ha habido una falta de iniciativa".

Asegura que la Administración Pública debe tomar medidas en dos sentidos. En primer lugar, una mayor vigilancia y mayor cantidad de sanciones por parte de la administración pública a aquellas empresas que han llevado a cabo estas prácticas. Y, en segundo lugar, una reforma normativa para aumentar los plazos de garantía. 

Unas medidas que también comparten la propia Feniss y OCU. Estas últimas, además, proponen la creación de procedimientos que permitan verificar la vida media de los productos. Un punto que Benito Muros califica de "fundamental" a la hora de establecer una legislación contra la obsolescencia programada. 

Criterios para detectar medidas "ilegales"

Muros defiende que es "esencial establecer un procedimiento para detectar si algo se ha fabricado o no con obsolescencia programada", ya sea un aparato electrónico, una prenda de ropa, un móvil... Es necesario porque, si no, "¿cómo puede un juez determinar si algo ha sido fabricado o no con obsolescencia programada?".

Defiende que se puede instaurar el mismo sistema que usa actualmente Feniss con su Sello Issop, creado para distinguir aquellas compañías que fabrican sin obsolescencia programada. Las empresas que deseen obtenerlo debe probar que "ninguno de los componentes electrónicos está diseñado para fallar antes de la garantía". Por eso, desde Feniss revisan todos y cada uno de los componentes electrónicos del aparato. De las 159 empresas que lo solicitaron, solo 14 lo obtuvieron. 

Francia a la cabeza de Europa

Son varios los expertos que sitúan a Francia como referente en la legislación contra la obsolescencia europea. El Parlamento francés elaboró en 2014 una ley que castigaba a los fabricantes que violaran "las leyes de defensa del consumidor". 

Según la norma, el Gobierno francés podía castigar con penas de hasta dos años de prisión y multas de 300.000 euros a las empresas que, "con la excusa de las leyes de mercado y la supervivencia empresarial" usen la obsolescencia programada. 

Medidas sancionadoras que todavía no contemplan las pautas propuestas por la Unión Europea ni la legislación española, a pesar de las peticiones de organizaciones como OCU, Facua o Feniss.