El futuro será renovable, o no será. Los compromisos del Acuerdo de París y los objetivos 2030 fijados por la Comisión Europea han sacado a España de su letargo en materia de renovables: el Gobierno ha puesto fin a la ‘moratoria verde’ e, incluso, ha iniciado el debate para lo que será la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Para cumplir con los objetivos marcados para 2020, el Gobierno vuelve a subastar nueva potencia renovable. Después de adjudicar 3.000 megavatios en mayo, se espera sacar a concurso otros 3.000 MW este mes. Sin embargo, estas medidas se adoptan sin que exista un plan claro sobre el modelo energético y retributivo del sector energético, critican desde el sector renovable.

“Después de cuatro años de parálisis, estamos en un escenario incierto. Demandamos la planificación que no existe”, afirma el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig. “El sector renovable ha conseguido estar como prioridad en los discursos, algo que a nivel mundial funciona y una preocupación que a la población le gusta oír, pero en la práctica no vemos que esto se esté refrendando con hechos”.

Villarig, que llegó a la presidencia de la APPA en 2012, reconoce que el Gobierno no ha negado su compromiso con las renovables -pese a los años de moratoria- y con los objetivos marcados para esta década. Desde el Ejecutivo, indica, se han tomado medidas para reducir las emisiones contaminantes antes que comprar derechos de dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, considera que “después de todos los ajustes que ha sufrido el sector con la reforma eléctrica de 2013, se está actuando de modo cicatero”.

“Lo que pedimos al Ministerio de Energía es diálogo para ver cómo podemos establecer cambios. No pedimos que se cambie toda la regulación, consideramos que sobran papeles, decretos… pero no de los últimos cuatro años, sino de muchos antes”, afirma Villarig a EL ESPAÑOL. “Hay partes de la regulación que no nos gustan, pero más que cambiarla por completo, vemos necesario hacer mejoras concretas”. El presidente de la asociación asegura que ya se han dirigido al Ministerio que dirige Álvaro Nadal, pero “realmente no notamos un cambio en la receptibilidad al diálogo, a reconocer que hay cosas mejorables”.

¿Qué cambios son los que creen necesarios?

La reforma era necesaria, teníamos un déficit anual y un déficit de tarifa acumulado que tenía al sistema eléctrico prácticamente en quiebra. Fue una imposición europea, pero asumimos que era necesario corregir ese déficit. Partiendo de ahí, creemos que se ha actuado de forma injusta y muy radical con las energías renovables. En principio, el peso de los ajustes se iba a repartir entre el Gobierno, las empresas y los consumidores, algo que iba a ser al 30% no ha sido así, el ajuste ha sido fundamentalmente para las empresas y, en concreto, para las renovables.

No nos parece justo. Además de no hacer ajustes en otros temas donde se podía hacer, se nos aplicó de forma retroactiva. Esto nos ha llevado a una judicialización del sector que nos traerá consecuencias, tanto económicas como en reputación para el país.

¿Qué lectura hacen del reciente laudo del CIADI?

La APPA recurrió la reforma eléctrica y los tribunales españoles no nos dieron la razón. Aunque el Supremo no reconoció nuestra demanda, en el voto particular sí reconocía la vulneración de la confianza legítima y la retroactividad.

El laudo significa que lo que nosotros reclamábamos como nacionales, a los inversores extranjeros se les está reconociendo. Esto hace que te sientas indefenso. Ante una misma inversión y un mismo cambio regulatorio, que nos parece que va contra la seguridad jurídica, cuando se reconoce en el exterior... nos hace plantearnos el trato que se da a los de dentro. Quedan muchos casos por resolver, pero si hay sentencias positivas lo que puede generar es un efecto llamada sobre otros que todavía no han recurrido.

¿Cómo consideran que debería repartirse el mix?

Los compromisos de la Cumbre de París y las metas europeas a 2030 y 2050 serán las que marquen el modelo energético. Todos van hacia la descarbonización de la economía, algo que se logrará mediante la electrificación y donde las renovables tenemos mucho que aportar. Hacia delante, el modelo energético va a depender de tres ejes: la dependencia energética y la seguridad de suministro; la sostenibilidad económica y la competitividad; y la sostenibilidad ambiental, con la que casi siempre se nos identifica y sólo para añadir el adjetivo de que somos caras.

Es el Gobierno quien tiene que definir los puntos. Este sector necesita una planificación a medio y largo plazo, pero no se tiene ni a corto. Y el punto de partida de esa planificación es el mix energético. Ahora tenemos un mix robusto, diversificado, aunque quizá sobredimensionado porque la demanda no se ha correspondido con la expectativa.

José Miguel Villarig, presidente de APPA. APPA

El presidente de la APPA, como representante de prácticamente todas las tecnologías renovables, evita una postura radical sobre el reparto de la ‘tarta energética’, pero subraya que la apuesta por las renovables les parece “una senda” para cumplir los objetivos europeos y de cambio climático.

Pero más allá de las metas medioambientales, Villarig deja claro que las renovables son ya algo más que una postura política. “Hoy en día la mayoría de estas tecnologías son competitivas. La subasta (de mayo) ha dejado claro que los eólicos y fotovoltaicos ofrecen precios que rozan el pool. Si rozamos el precio de mercado, somos competitivos y habrá que aprovecharlo”, señala.

Algunas tecnologías, como la nuclear, piden primas para ser viables, pero en esta transición energética se habla de un modelo económico sostenible económicamente, ¿ven posible un sistema sin primas?

Hay tecnologías que están en camino de poder funcionar sin ellas. Lo que pasa es que además de no ayudar, (el Gobierno) no da una visibilidad de futuro y certeza a unos ciertos desarrollos. Una cosa es que no se ofrezca apoyo y otra que no se dé un escenario básico. En pocos años, las renovables hemos pasado de tener apoyo a que muchas funcionen ya sin primas y, sin embargo, no se reconoce lo que aportan al mercado al hacer que los precios bajen.

La crítica de Villarig se enfoca en la retribución del mercado. Con alrededor de 8.000 MW, entre hidráulica y eólica que ya no perciben primas, esos megavatios no cobran a precio de mercado por el efecto depresor que tiene la entrada de eólica sobre el precio, explica. El propio Nadal afirmaba este jueves que “cada borrasca baja 10 euros el precio del pool. Soy feliz cada vez que hace mal tiempo”. Se trata de un mensaje que simplifica el mecanismo del mercado de cara al ciudadano y que invisibiliza el impacto que las renovables tienen sobre el sistema eléctrico, razón de parte del malestar que manifiestan desde el sector.

“Mientras que la nuclear sacará siempre la media del año, nosotros cobraremos menos porque deprimimos el precio cuando producimos. Esto no se nos compensa de ninguna manera. No se da ninguna señal, del tipo que sea, pero luego en el discurso se pide producción limpia, que no contamine y sin ayuda, algo que se hace ya y no se reconoce”, afirma.

La APPA defiende que entre 2005 y 2015, el ahorro generado en el pool supera los 49,6 millones de euros. Pero también generaron ahorro al evitar la importación de energías fósiles, 23,7 millones, en concreto; y por emisiones de CO2 evitadas, otros 3,8 millones. En total, más de 77,1 millones en ahorro, mientras que las renovables fueron retribuidas con 44,3 millones por la generación eléctrica. Además de sostenibles medioambientalmente, las renovables son competitivas económicamente, señalan.

De la subasta anterior, se criticó la falta de neutralidad. El Gobierno quiere hacer otra este mes y, parece, en las mismas condiciones, ¿cómo ven esto?

Para nosotros, el planteamiento de la primera subasta fue un desastre. En esta segunda se han incorporado algunas de nuestras sugerencias y mantenemos la esperanza de que en la fase de alegaciones se pueda modificar algo. APPA criticó la subasta porque no la consideramos tecnológicamente neutra, tratar a todos por igual no es ser justos. Si a una tecnología que está en fase de desarrollo no le das el apoyo mínimo para que se desarrolle la estás condenando.

Somos contrarios a que se realicen subastas de modo aislado. Tienen que responder a una planificación seria, a medio o largo plazo, pero no la hay. En el último semestre de 2016 nos dijeron que iban a sacar una subasta de 1.000 MW antes de fin de año, al final fueron 3.000 MW y a las dos semanas anuncian otros 3.000 MW. Esto prueba que ni el Gobierno sabía en enero que iba a hacer esto. Estamos en contra de esta continua improvisación y creemos que en un sector tan serio como este hay que tener una mínima planificación.

En esta planificación, Villarig ve vital contemplar la dependencia energética. En 2016 se situó en un 72,3%, según datos del Club Español de la Energía, 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea. En la última década, las renovables han contribuido a reducir esa dependencia desde el 81,4% que se registró en 2005. "No hay una meta clara en este aspecto", apunta.

Otra de las críticas que se hace a las renovables es que son 'culpables' de la deuda del sector eléctrico. Nadal afirmaba recientemente que "un tercio del recibo de la luz (actual) son decisiones políticas mal tomadas" y señala directamente a la instalación de renovables realizada hace una década como responsable del "sobrecoste del sistema energético". 

El Constitucional ha anulado parte del decreto que regula el autoconsumo eléctrico, ¿veremos su desarrollo en España?

El recurso que se ha resuelto es el que interpuso Cataluña por vía constitucional. El Supremo admitió nuestro recurso pero estaba pendiente de resolución hasta que saliera esta vía. 

El autoconsumo es algo que viene, se va a desarrollar. APPA lo apoya porque afecta muy directamente a algunas de nuestras secciones, como la fotovoltaica o la minieólica. Hay que verlo en positivo, es generación distribuida y afecta al consumidor, evita pérdidas en el transporte, evitará hacer infraestructura.

Pero defendemos que hay que hacerlo de un modo regulado y es lo que se le pide al Gobierno. Debe hacerse de forma controlada y evitando burbujas. No vemos sensato que no se sepa lo que hay instalado y lo que no.