Las acciones del banco no levantan cabeza y sólo esta semana se han hundido un 38,17 % de su valor, lo que se traduce en una pérdida de más de 1.000 millones de capitalización, con lo que ahora vale poco más de 1.700 millones y se ha convertido en un bocado más apetecible para los posibles compradores.

Sin embargo, antes de tomar una decisión, el banco terminará de retasar a precios de mercado los cerca de 38.000 millones en activos tóxicos que tiene en su balance, lo que permitirá a los interesados en la entidad conocer las necesidades de provisiones, que estarían entre 1.500 y 2.000 millones, según distintas fuentes.

El futuro de la entidad, cuyos máximos responsables se reunirán el próximo martes con el BCE, pasa por que Banco Santander, BBVA o Bankia lo compren, que parece lo más probable, por hacer una ampliación de capital -algo prácticamente descartado ya- y por ir vendiendo activos improductivos, algo que ya ha empezado a hacer.

Pero el mercado no espera a nadie y si algo no regala es tiempo, ni tampoco el beneficio de la duda, por lo que tras perder más del 55 % en lo que va de año la acción vale 0,413 euros y es ya el valor menos capitalizado del IBEX.

En medio de la extrema volatilidad por los continuos rumores, la acción se desplomó el jueves casi el 18 % y el viernes un 17,4 % más, marcando un nuevo mínimo histórico después de que saltaran las alarmas por enésima vez.

En esta ocasión, la cosa era más seria, pues se apuntaba que la entidad tenía muchas papeletas para ser intervenida por parte de las autoridades europeas si no lograba encontrar comprador.

Sin embargo, fuentes próximas a la Junta Única de Resolución de la Unión Europea, que sería la encargada de actuar llegado el caso, recordaron que no contemplaban la resolución del banco, con niveles de solvencia y liquidez por encima de los mínimos regulatorios.

Tampoco el supervisor español de los mercados, la CNMV, considera que existan motivos para suspender momentáneamente la cotización del Popular e impedir nuevos desplomes, algo que hace a veces cuando se producen lo que ellos llaman "circunstancias extraordinarias" y que dura hasta que la entidad en cuestión aclara su situación.

En un primer momento se planteó el 10 de junio como la fecha tope para que el banco tome una decisión sobre su futuro, un plazo que habría alargado al menos hasta finales de mes con el fin de poder aportar más información a los interesados en comprarlo.

Esta nueva fecha, más las informaciones que aseguraban que el nuevo equipo del Popular estaría dispuesto ya a aceptar ofertas a 0,55 euros por acción o las que adelantaban un posible "suspenso" de la entidad por parte del FMI en las próximas pruebas de estrés también lastraban la cotización.

No obstante, el propio Banco Popular se encargaba el jueves de aclarar que el FMI no realiza ninguna prueba de estrés individual a las entidades, por lo que no ha habido un examen al banco sino al sistema financiero español en su conjunto.

Los expertos consultados por Efe coinciden en que siguen pesando demasiado en el valor las dudas sobre el futuro del Banco Popular, pero tienen claro que la situación, pese a ser grave, no justifica una intervención por parte del BCE, lo que se conoce como una resolución ordenada.