La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en una sesión del Parlamento Europeo.

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en una sesión del Parlamento Europeo. Mathieu Cugnot Europa Press

Macroeconomía

Von der Leyen propone un gran pacto contra la sobreregulación para ahorrar 22.300 millones de euros anuales

La presidenta de la Comisión pide que los Estados eviten añadir burocracia a las normas europeas.

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E.E.
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Ursula von der Leyen propone a los líderes de la UE un 'Pacto contra la sobrerregulación' para evitar que los países añadan trámites innecesarios al transponer las leyes comunitarias.

La iniciativa busca frenar la práctica del 'gold-plating' obligando a los Estados miembros a identificar, justificar públicamente y evaluar las cargas de cualquier exigencia nacional adicional.

Se plantea un mecanismo para revisar y eliminar las cargas administrativas ya existentes, así como un seguimiento de la burocracia dentro del marco del Semestre Europeo.

Bruselas prevé un ahorro anual de 22.300 millones de euros en trámites y busca firmar la declaración conjunta con los países miembros antes de que termine 2026.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este lunes a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea un pacto para evitar que los países añadan requisitos y trámites "innecesarios" al incorporar las normas comunitarias a sus legislaciones nacionales.

También ha propuesto revisar las obligaciones adicionales que ya existen, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que termine el año.

"Una norma acordada a escala europea no puede volverse más compleja cuando se transpone o aplica a escala nacional", ha defendido la jefa del Ejecutivo comunitario en una carta remitida a los líderes de los Veintisiete.

En ella plantea un 'Pacto contra la sobrerregulación' para impedir que las exigencias añadidas por los gobiernos compliquen el cumplimiento de la legislación europea y generen diferencias entre países.

La iniciativa se dirige contra la práctica conocida como 'gold-plating' ("chapado en oro"), que consiste en introducir obligaciones nacionales que van más allá de lo exigido por la UE.

Por ejemplo, mediante requisitos más estrictos, nuevos procedimientos administrativos o la ampliación de las actividades sujetas a una determinada norma.

Para limitar esta práctica, Von der Leyen propone que los Estados miembros se comprometan a identificar y justificar públicamente cualquier exigencia adicional que introduzcan, así como a explicar qué consecuencias tendría para las empresas y el funcionamiento del mercado único.

"Cuando un Estado miembro decida ir más allá de lo que exige la legislación de la Unión, esa decisión debe ser claramente visible para todos", ha señalado la presidenta de la Comisión.

Es así como se plantea que cada país establezca políticas nacionales "eficaces contra la sobrerregulación", desde evaluaciones de los riesgos de introducir requisitos adicionales hasta la necesidad de una aprobación política expresa.

Además de evitar nuevas cargas administrativas, Von der Leyen plantea actuar sobre las que ya están en vigor mediante un mecanismo de "revisar y eliminar", con el que la Comisión y los gobiernos identificarían los ámbitos en los que las normas nacionales imponen "cargas importantes" a las compañías u obstaculizan su actividad en otros países de la UE.

"Mediremos el éxito por la burocracia que eliminemos y por el tiempo y el dinero que ahorren las empresas", ha asegurado la conservadora alemana, que propone incorporar este seguimiento al Semestre Europeo, el procedimiento anual con el que Bruselas examina las políticas económicas de los Estados miembros y formula recomendaciones específicas para cada país.

De la misma forma, Von der Leyen ha defendido que la legislación europea se aplique "de la misma manera, en todas partes y desde el principio", al tiempo que ha advertido de que Bruselas actuará "con firmeza" cuando los requisitos nacionales vulneren el Derecho de la UE, incluso mediante procedimientos de infracción.

La iniciativa se suma a las medidas de simplificación legislativa presentadas por la Comisión, entre ellas doce paquetes ómnibus y otras propuestas con las que el Ejecutivo comunitario calcula que podrían ahorrarse 22.300 millones de euros anuales en trámites administrativos.

En su carta, la presidenta de la Comisión propone comenzar los trabajos sobre el pacto en la cumbre del Consejo Europeo de este jueves y viernes, 15 y 16 de octubre, y fijar como objetivo la firma de una declaración conjunta entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias antes de que termine 2026.