El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la primera jornada del XVII Encuentro Financiero-Sector Bancario.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la primera jornada del XVII Encuentro Financiero-Sector Bancario. Europa Press.

Macroeconomía

El Gobierno vuelve a recortar los Perte en su última adenda del Plan de Recuperación y los deja con 17.600 millones menos

La adenda de cierre recorta otros 446 millones a proyectos estratégicos.

Más información: El peso de la inversión pública en el PIB solo crece tres décimas desde 2020 pese a la inyección de los fondos 'Next Generation'

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Las claves
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El Gobierno ha recortado en 17.600 millones los fondos destinados a los Perte en la última adenda del Plan de Recuperación, quedando en 24.869 millones, un 41,5% menos que en 2023.

Se han reducido fondos de proyectos estratégicos como el Perte Chip, la descarbonización industrial, el agua y la transición energética, afectando también a reformas legislativas.

Expertos y el sector empresarial consideran estos recortes un fracaso industrial, destacando problemas de adjudicación y falta de transformación real pese a los anuncios iniciales.

Varios proyectos y leyes clave, como la ley de lobbies y reformas en sectores como industria y sanidad, han sido eliminados o degradados en la última revisión del plan.

El Gobierno ha vuelto a recortar el importe asignado a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) en la última adenda al Plan de Recuperación enviada a Bruselas el pasado mes de julio.

La denominada adenda de cierre -aprobada en el último Consejo de Ministros del curso pasado- recortó otros 446 millones de fondos europeos Next Generation a tres Perte y redujo proyectos energéticos y climáticos.

Además sustituyó inversiones contra incendios y eliminó o degradó reformas legislativas en lo que es la última enmienda al Plan de Recuperación desde su lanzamiento en 2021.

Esto deja en apenas 24.869 millones el montante asignado a estos Perte, un 41,5% menos que los recursos destinados en el año 2023 con la primera adenda al Plan.

En el sector empresarial se califica esta reducción como un verdadero fracaso industrial de los fondos y de un Gobierno que situó estos instrumentos como el eje de los Next Generation.

Estos Perte estaban llamados a convertirse en una herramienta de colaboración entre el sector público y el sector privado para impulsar grandes iniciativas que transformen la economía del país y su industria.

El Gobierno los vendió como el gran catalizador del tejido productivo español y la mejor arma para que las grandes empresas pudieran colaborar en la regeneración de la economía.

A finales del año 2023 se le asignaron 42.480 millones de euros, repartidos en doce proyectos estratégicos, aunque con el paso de los años el Ejecutivo fue diluyendo su importancia.

El primer gran tijeretazo llegó en diciembre del año pasado -en la anterior adenda- cuando España renunció a 60.300 millones de euros en créditos procedentes de los fondos europeos. Esto implicó que los NextGen pasaran de 163.000 a sólo 100.000 millones.

Dentro de este ajuste, se recortaron 17.100 millones a los Perte. A ellos se suman los 446 millones que se quitaron en julio, aprovechando la adenda final (agosto es la fecha límite de ejecución de los fondos) que en principio sólo incluía cambios en los hitos y compromisos.

Es así como se renunció al 41,5% de los Perte que debían transformar nuestra economía, pasando de 42.480 a 24.869 millones en sectores estratégicos como la fabricación de Chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector sanitario.

Específicamente, en esta adenda de julio el Gobierno renunció a 105 millones del Perte Chip; 265 millones del Perte de descarbonización; y 75,3 millones del Perte VEC.

En cifras definitivas, el Perte Chip se vuelve a reducir quedando hasta los 2.248 millones de euros. Una reducción del 81,7% desde los 12.256 asignados originalmente.

En el caso del Perte del hidrógeno renovable, se pasó de los 1.555 millones a los 1.240, 315 millones menos. En cuanto a infraestructuras de transporte de electricidad nos quedamos en 723 millones, 136 millones menos.

Por otro lado, la adenda del Plan de Recuperación deja a los Perte, la transición energética y varias reformas estructurales con menos recursos y obligaciones rebajadas.

Es así como la adaptación al cambio climático renuncia a 3.500 millones en préstamos, 1.805 del Perte del Agua y 1.635 del Perte de descarbonización y perjudica la extinción de incendios.

Ello porque se renuncia a las mejoras en los diez hidroaviones Canadian del Miteco que sustituyó por la realización de actividades "relacionadas con la biodiversidad". Además de esta flexibilidad, ahora es suficiente con que se hayan firmado simplemente "convenios" para su desarrollo futuro.

En el caso de los recortes de descarbonización se producen por un mal diseño del gobierno y criterios iniciales alejados de las necesidades reales de las empresas, dicen los expertos.

En el caso de las reformas legislativas se han dejado 18 leyes abandonadas, entre ellas Industria, Pesca, Diversidad Familiar y leyes sanitarias. También se elimina la reforma de beneficios fiscales, referida con el hito 386.

Ley de lobbies

En el caso de la ley de lobbies (objetivo 432) se sustituye por una norma de rango inferior, sin aprobación del Congreso, y se incorporan actuaciones ya vigentes desde 2024: el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley Orgánica 23/2024 sobre salvaguardias judiciales y fiscales.

En su intervención de abril de 2021, Pedro Sánchez afirmó que el Plan de Recuperación era el "plan económico más ambicioso de la historia reciente de España" .

Para ello centró el tiro en diez de las principales inversiones que se iban a desarrollar en la primera fase del Plan, a las que en 2023 se unieron las financiadas con préstamos.

Es así como se destinaron más de 13.200 millones a movilidad sostenible; 6.820 a rehabilitación urbana; 4.315 a modernización administrativa; más de 4.060 a digitalización de pymes y casi 4.000 a 5G.

Problemas de adjudicación

También se asignaron más de 3.780 millones a política industrial y economía circular, 3.590 a competencias digitales; 3.400 a turismo; 3.380 a ciencia e innovación; 3.165 a renovables.

Pero los expertos advierten que nada se ha transformado. En términos generales advierten de que la discrecionalidad y el anuncio de adjudicaciones antes de concursos generaron inseguridad jurídica, limitaron la inversión extranjera y redujeron la movilización privada.