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Macroeconomía

La UE facilitará que los poderes públicos den prioridad a las empresas europeas frente a las chinas en las licitaciones

La Comisión reforma las normas de contratación pública para simplificar los procedimientos y reforzar la preferencia por las compañías comunitarias.

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Las claves

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La UE reforma la legislación de contratación pública para priorizar empresas europeas frente a las chinas en licitaciones.

El nuevo reglamento permitirá rechazar ofertas de países sin acuerdos de acceso a contratos públicos con la UE, como China.

La normativa simplifica procedimientos, reduce la carga administrativa y unifica las reglas en un único reglamento.

Se creará un mercado digital integrado de contratación pública para facilitar el acceso, la transparencia y la competencia entre empresas europeas.

"Si en una contratación pública se opta por comprar autobuses chinos en lugar de europeos, no será culpa de Bruselas porque la norma permite a las autoridades dar preferencia a los autobuses europeos", sostiene el vicepresidente de la Comisión responsable de Industria, el francés Stéphane Séjourné.

Bruselas ha aprobado este miércoles una reforma de la legislación de contratación pública de la UE cuyo objetivo es simplificar los procedimientos y utilizar la potencia del dinero público con "fines estratégicos", reforzando la preferencia por las empresas europeas frente a las chinas en las licitaciones.

La contratación pública en Europa representa 2 billones de euros al año, equivalentes al 15% del PIB europeo. "Es, por tanto, una palanca estratégica en un momento en el que, especialmente China, India o Estados Unidos utilizan también esta herramienta para desarrollar sus estrategias industriales y económicas", avisa Séjourné.

Por ello, el nuevo reglamento crea un marco común de preferencia europea para que el gasto público "contribuya a reforzar la seguridad económica, reducir dependencias estratégicas y fortalecer la industria europea".

En particular, permitirá a los compradores públicos rechazar ofertas de países con los que la UE no tenga compromisos de acceso a sus contratos públicos -como es el caso de China- y aplicar preferencias europeas a empresas, productos o servicios no cubiertos por esos acuerdos.

Este Made in Europe será en principio de aplicación voluntaria para los poderes públicos contratantes. Pero en casos estratégicos -por ejemplo, ante riesgos para la seguridad económica o el suministro-, Bruselas podrá hacer obligatorias estas preferencias.

En cuanto a la simplificación, la nueva Ley de Contratación Pública reúne en un único Reglamento, de aplicación directa, las tres directivas actuales sobre contratación pública y las disposiciones que ahora están dispersas en distintas normas sectoriales.

El objetivo es crear un marco más coherente y previsible, reducir la complejidad y la carga administrativa y acabar con las divergencias en la aplicación de las reglas nacionales. En lugar de los cinco procedimientos actuales, habrá tres.

La reforma dará además mayor margen de maniobra a los compradores públicos, permitiéndoles negociar con los licitadores durante los procedimientos. También fomentará una mejor consulta del mercado, simplificará los trámites administrativos y facilitará la negociación, acercando la contratación pública a las prácticas del sector privado.

Por último, introduce un procedimiento específico de innovación para desarrollar y adquirir soluciones innovadoras que todavía no estén disponibles en el mercado.

Finalmente, el reglamento introduce un mercado digital integrado de contratación pública, formado por plataformas de contratación electrónica de los Estados miembros conectadas entre sí y plenamente interoperables.

"Nuestra ambición es conectar en red todas las plataformas europeas en una sola, traducida a todas las lenguas de la UE, y hacerlas transparentes para todas las empresas europeas. Un contrato que se publique en Polonia, Italia o Alemania debe ser conocido por las empresas griegas, españolas, portuguesas o luxemburguesas. Hoy no es así", explica el vicepresidente de la Comisión.

Esta plataforma europea de transparencia y publicación de ofertas "será una herramienta formidable contra la corrupción". Además, introducirá más competencia en las ofertas del sector privado, con las consiguientes rebajas de precio, y facilitará el acceso de las pymes.

El nuevo reglamento todavía tiene que ser aprobado y negociado tanto por los Gobiernos de los 27 como los de la Eurocámara, por lo que todavía puede sufrir modificaciones importantes en su tramitación.