Varias personas durante una concentración antifascista previa al acto de Save Europe Act, en Barcelona.

Varias personas durante una concentración antifascista previa al acto de Save Europe Act, en Barcelona. Lorena Sopêna / Europa Press

Macroeconomía

Por qué la policía autonómica y otras competencias singulares disparan la desigualdad en la financiación de las CCAA

Un informe de Fedea apunta que las cifras con las que se pagan estos servicios son "arbitrarias".

Cataluña es la región que más fondos recibe en términos brutos por estas competencias, aunque esto no significa una mejor financiación.

Más información: El Gobierno rebaja el peso de sanidad y educación en la nueva financiación autonómica

Publicada
Las claves

Las claves

El sistema actual de financiación de competencias singulares en las CCAA genera desigualdades al basarse en el coste histórico del gasto.

Cataluña es la comunidad que más fondos recibe por competencias singulares, especialmente por la policía autonómica, con más de 1.855 millones de euros al año.

Existen grandes diferencias en la financiación per cápita de competencias similares entre regiones, como la administración de justicia, sin justificación aparente.

Fedea propone armonizar y transparentar la valoración de estas competencias en la futura reforma del modelo de financiación autonómica.

La próxima semana, Ministerio de Hacienda y gobiernos autonómicos se ven las caras en Madrid para discutir el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Estado.

Un encuentro en el que, por ahora, no se va a debatir la financiación de las competencias singulares de las regiones, pese a ser un foco de inequidad y desigualdad entre los territorios.

Así lo indica la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un estudio firmado por su director, Ángel de la Fuente.

En él avisa de que "el sistema utilizado en España para financiar las competencias singulares (las asumidas por sólo algunas autonomías) tiende a generar valoraciones muy diferentes para una misma competencia en distintos territorios, lo que plantea obvios problemas de equidad".

El problema es que se sigue cifrando esta financiación con un criterio de coste histórico, que es el gasto presupuestado por el Estado en el momento de la cesión.

"El procedimiento está pensado para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios tras su traspaso", recoge el análisis.

Sin embargo, esto "no asegura una valoración coherente de cada competencia en los distintos territorios que la van asumiendo y, por tanto, tampoco una calidad similar del servicio".

Los más 'caro'

El informe de Fedea indica que la competencia singular con más fondos está en Cataluña. Se trata, concretamente, de la policía autonómica (los Mossos d'Esquadra), cuerpo por el que la Generalitat recibe más de 1.855 millones de euros al año.

Le siguen las regiones con competencias de administración de justicia (la mayoría, diez), con 1.763 millones de euros. Llama la atención las de normalización lingüística (para el fomento de lenguas cooficiales), que reciben Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia, que suman unos 813 millones de euros.

En términos brutos, Cataluña es la región que más fondos recibe por dichas competencias singulares.

Cuenta con 450 euros por habitante para estas competencias. Más que el doble que la media autonómica. Pero esto se debe a que es la región de Régimen Común que más competencias singulares tiene, como la policía, el control del tráfico y las instituciones penitenciarias.

Sin embargo, esto no hace que cuente con mejor financiación. Y se debe al criterio de coste histórico al que se recurre para presupuestar esta financiación.

Fedea pone como ejemplo las competencias de administración de justicia, que tienen diez regiones.

Para financiarlas, Cataluña cuenta con unos 51 euros por ciudadano, ligeramente por encima de los 48 euros de media que reciben las autonomías.

En cambio, Asturias cuenta con 81 euros per cápita para ellas. Y La Rioja con 76,6 euros. Unas diferencias que, a juicio de Fedea, no tienen justificación alguna.

Se trata de un ejemplo de "valoración incoherente" que es extrapolable al resto de las competencias singulares de las autonomías.

Por ello, De la Fuente considera que la reforma de la financiación autonómica sería el mejor momento para solventar este conjunto de incoherencias.

Concretamente, supone una oportunidad para armonizar la valoración de estas competencias de forma gradual. Y publicarla de manera regular y transparente.