La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE

Macroeconomía

La AIReF analizará el subsidio de paro dos años después de la polémica reforma que enfrentó a los socios del Gobierno

Se cobra junto al IMV en muchos casos, pese a tener casi la misma finalidad.

Cotiza sobre el 125% de la base reguladora del SMI para mayores de 52 años.

Más información: La AIReF pide modificar el IMV porque casi un 30% de los beneficiarios cobra también prestaciones por desempleo.

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Las claves

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La AIReF evaluará el subsidio por desempleo tras la polémica reforma de 2024 que enfrentó a Yolanda Díaz y Podemos.

El análisis busca determinar si la ayuda cumple sus objetivos y si existen duplicidades de gasto con otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.

El subsidio de paro, especialmente para mayores de 52 años, incluye una sobrecotización del 125% de la base reguladora y puede cobrarse junto a un salario inferior al SMI durante 180 días.

Actualmente, más de 780.000 personas perciben el subsidio de paro, con un coste mensual estimado entre 550 y 600 millones de euros.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya tiene el plan de trabajo para empezar a evaluar las políticas pasivas de empleo que aplica el Gobierno. Entre ellas, se analizará el subsidio por desempleo, a sabiendas de que se cobra de forma conjunta con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en muchos casos.

Será la primera evaluación que se hace de esa prestación, que se paga a quienes no tienen paro o lo han agotado, desde la polémica reforma del verano de 2024, en la que Yolanda Díaz se enfrentó a Podemos para limar los detalles y que fue clave en la ruptura definitiva de ambas formaciones.

Aunque aún es pronto para lanzar hipótesis, la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, sí ha advertido que, como todos sus Spending Review, se trata de ver si esa ayuda cumple con los objetivos para los que ha sido creada y no existen ineficiencias o duplicidades de gasto público con otras prestaciones, como el propio IMV.

Hay que recordar que el subsidio de paro, en la práctica, se convierte en indefinido hasta que llega la edad de jubilación para los mayores de 52 años, con la característica de que por ello se sobrecotiza por un 125% de la base reguladora (vinculada al SMI).

Esa cotización, entre otras cuestiones menores, fue el centro de la trifulca política de hace dos años en el ala izquierda de los socios de Gobierno, sin cuyos votos no se podría aprobar en el Congreso. Se lanzó en enero y se aprobó en junio en el Congreso, pero no entró en vigor hasta noviembre de ese año.

La propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, era ir reduciendo en tres años esa base de cotización al 100%. Pero desde Podemos lo vieron como un recorte encubierto del pago, al final de la vida laboral, y se negaron en redondo a aceptarlo, sobre todo para los mayores de 52 años.

Al final y tras un verano entero de discusiones, donde el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo hacía de mediador, se aceptó mantener la cotización en el 125% a partir de esa edad, pero con un recorte real a tres años de la prestación básica, de 570 euros al mes el primer año hasta un mínimo 480 dos ejercicios más tarde.

Con los ejercicios de 2025 y 2026 casi cumplidos, desde la AIReF se pueden poner en marcha para poner sobre la mesa “las evidencias empíricas” de cómo está funcionando esta prestación. Otra cosa es que se tomen después las decisiones políticas necesarias para ajustarlo.

Según los últimos datos del mes de mayo de este año publicados por el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), cobran esta prestación asistencial algo más de 780.000 personas (la cifra varía cada mes), con un coste estimado (no hay un desglose que lo cuantifique) de entre 550 y 600 millones de euros mensuales.

Además del subsidio de paro, falta por definir cuáles serán las prestaciones que desde la AIReF se analicen, dentro de todo lo que son las políticas pasivas de empleo del Estado, así como el plan de trabajo que desde el Ministerio se establece para ello.

Ese tipo de políticas pasivas concentra todas las ayudas que se dan a quienes no tienen trabajo, como forma de apoyarles mientras lo buscan. Se instrumentan a través del SEPE y contemplan desde el propio paro mensual, al subsidio, las rentas especiales de inserción o todos los tipos de jubilación anticipada.

Trabajar y cobrar

Una cuestión clave que la AIReF podrá constatar es otra de las concesiones que se hicieron en la negociación: la opción de cobrar el subsidio y un salario que no supere el SMI durante 180 días, como periodo transitorio hacia la reintegración laboral de los desempleados. Eso es algo fundamental en el caso de los mayores de 52 años que estén en paro de larga duración.

Esa fue, junto a la sobrecotización del 125% de la base reguladora, una de las claves que dieron el apoyo de los sindicatos (UGT y CCOO) al proyecto final, aunque ese pacto no fuera vinculante para la votación en el Congreso. De hecho, la patronal nunca aceptó esta reforma.

La AIReF ya tiene experiencia en este tipo de prestaciones tras las cinco opiniones emitidas sobre el Ingreso Mínimo Vital, la última de ellas del mes pasado. Precisamente en esta ocasión, el dato destacable era que había un 16,6% de los usuarios del IMV que además cobraban el subsidio de paro, dos ayudas del Estado pensadas prácticamente para la misma finalidad.

Es más, en el análisis del IMV se apreciaba un aumento significativo dentro de ese porcentaje de los usuarios mayores de 52 años que compatibilizaban ambos cobros del Estado, con la premisa de que en el caso del subsidio de paro, se sobrecotiza a la Seguridad Social por ello.

Es significativo conocer, tras cinco años de estudio del IMV por parte de la AIReF, que desde el primer análisis se dedujo que no era efectivo para que la gente volviera a buscar empleo. Al contrario, el dato repetido es que se reducen en un 12% las opciones de que sus beneficiarios busquen trabajo.

Será clave hacer un análisis similar de lo que ocurra con el subsidio de paro, durante los seis meses que se puede cobrar al mismo tiempo que un salario, como modo de incentivar la vuelta al mercado laboral de sus beneficiarios. Máxime los más mayores.

Tampoco el IMV ha servido de forma clara para que quienes menos renta tienen de este país puedan superar la barrera del umbral de pobreza. Sí ayuda a cerrar la brecha dentro de los más vulnerables que están en esa situación.