Pablo Sánchez-Blanco, nuevo director general del Tesoro y Política Financiera.
Los funcionarios se plantean acciones legales contra el decreto del Gobierno para que Sánchez-Blanco pueda dirigir el Tesoro
Fedeca considera injustificada y preocupante la medida.
"Cuestionamos que se cambien las reglas para hacer posible un nombramiento concreto".
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El nombramiento de Pablo Sánchez-Blanco como director general del Tesoro está generando polémica entre los funcionarios. Sobre todo por la modificación normativa ejecutada por el Gobierno para que un perfil que no es alto funcionario (como es el caso de Sánchez-Blanco) pueda ocupar el puesto.
De hecho, la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha decidido estudiar acciones legales contra el decreto con el que se ejecutó la susodicha modificación, que se aprobó este mismo martes.
Como ya contó este periódico, hasta la aprobación de esta iniciativa reglamentaria, la Dirección General del Tesoro sólo podía estar dirigida por funcionarios de la categoría A1.
Sin embargo, esto fue cambiado con un real decreto del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Un texto que permite que "en determinadas circunstancias se amplíen los requisitos que han de cumplir los titulares del puesto para incluir no sólo a funcionarios del subgrupo A1".
Cabe recordar que Sánchez-Blanco es, además, marido de Pilar Sánchez Acera, número dos del ministro Óscar López en el PSOE de Madrid. Y considerada la filtradora del caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso (presidenta de Madrid) a la prensa.
Pero Fedeca no entra en esta cuestión. Critica el real decreto aprobado por el Gobierno. "La Federación considera que esta modificación normativa amplía de forma injustificada el alcance de una excepción que el legislador configuró como extraordinaria y estrictamente motivada", indican los altos funcionarios en un comunicado.
Esto conlleva el riesgo de "desvirtuar la regla general que reserva determinados puestos directivos de la Administración General del Estado a funcionarios de carrera".
Preocupante
"Lo verdaderamente preocupante es el uso y abuso de modificaciones normativas para ampliar el ámbito de excepciones que deben ser extraordinarias hasta el punto de alterar progresivamente el modelo de dirección pública profesional diseñado por el legislador", añaden.
Ana Ercoreca, presidenta de la asociación profesional, aclara que este movimiento no cuestiona "la capacidad profesional de ninguna persona. Lo que cuestionamos es que se utilicen modificaciones normativas para ampliar excepciones que la ley concibe como extraordinarias".
"Las excepciones no pueden convertirse en la regla. La profesionalización de la Administración no puede quedar al albur de cambios normativos que debiliten los principios de mérito, capacidad, objetividad e independencia", añade.
