Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo.
El Estado se prepara para pagar 9.000M en errores legislativos tras los 21.813 ya abonados desde que gobierna Sánchez
La AIReF alerta del riesgo fiscal que supone la mala praxis legislativa de las Administraciones Públicas.
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Los errores legislativos en materia fiscal y de Seguridad Social que cometen los gobiernos estatales, autonómicos y locales le cuestan miles de millones a las arcas públicas. Unos importes por juicios perdidos que se han disparado en los años de gobierno de Pedro Sánchez.
Desde 2019 (que es el primer año completo en el que Sánchez fue presidente del Gobierno), la Administración Central ha tenido que pagar en torno a 21.813 millones de euros por sentencias contrarias en materia fiscal y de Seguridad Social. Y todavía tiene pendientes de abonar, al menos, unos 9.000 millones de euros más por las mismas razones.
Todo esto es un problema para los números rojos públicos, dado que la práctica totalidad de estas cantidades se van al déficit.
Así lo indican los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que analiza el riesgo fiscal que suponen los reveses judiciales del Estado para las cuentas públicas.
Llama la atención la evolución de las cantidades que ha tenido que pagar el Gobierno por mala praxis legislativa (ya sea propia o de ejecutivos anteriores) sancionada por los tribunales.
Entre 2019 y 2023 se acumularon unos 7.381 millones de euros abonados por sentencias contrarias a las Administraciones Públicas.
Una cantidad que se dobló en los años 2024 y 2025. En este periodo, el Gobierno tuvo que abonar la friolera de 14.432 millones de euros, el doble que en los años citados.
![María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10899155.jpg?p=w:320\/h:180&h=vpBfCsEA"])
La devolución del IRPF de los mutualistas dictaminada por el Tribunal Supremo y la sentencia del Tribunal Constitucional contra la subida del Impuesto sobre Sociedades ejecutada por Cristóbal Montoro en 2016 ha provocado que se disparen las compensaciones que ha tenido que ejecutar el Estado.
Pero habrá más. La AIReF indica que este 2026 y los próximos años el Gobierno deberá afrontar pagos por sentencias perdidas de 9.000 millones de euros. O incluso más.
La ilegalidad del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos puede llegar a costar al Gobierno unos 6.500 millones de euros en compensaciones. Para este año, el ente calcula que el Gobierno tendrá que abonar ya unos 316 millones de euros.
Por otro lado, la suspensión del Impuesto de Actividades Económicas de operadores de telefonía móvil ha costado más de 700 millones en compensaciones al Estado. Y puede llegar a costar 700 millones de euros más. Y hay más asuntos pendientes, como la sentencia del Supremo contra el bono social eléctrico de 2017, cuyos contenciosos administrativos todavía se están resolviendo.
![Cristina Herrero, expresidenta de la AIReF.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11234617.jpg?p=w:320\/h:180&h=uWDZ6WDm"])
Además, la Autoridad alerta que hay numerosos litigios en marcha que pueden elevar estas cantidades... y disparar el déficit. Entre ellos, los arbitrajes internacionales en materia de energías renovables.
Hay más conflictos legales pendientes de resolver como las concesiones de autopistas de peaje, las tasas de gestión de residuos radiactivos y de reserva del dominio radioeléctrico, la tasa de basuras y la responsabilidad de los avales Covid del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Ante este multimillonario contexto, la AIReF pide al Ministerio de Hacienda (además de más información al respecto) que refuerce la evaluación del posible impacto financiero o legal de cambiar las políticas fiscales.
También consultar a los organismos europeos antes de hacer modificaciones legales de calado y usar de forma rigurosa los instrumentos legislativos.
Es decir, que no se abuse de fórmulas como los reales decretos-ley. Algo que no parece que vaya a ocurrir en el actual contexto político.
