Manuel de la Rocha, Carlos Cuerpo, Pedro Sánchez, Nadia Calviño y María Jesús Montero.

Manuel de la Rocha, Carlos Cuerpo, Pedro Sánchez, Nadia Calviño y María Jesús Montero. Diseño: Arte EE

Macroeconomía

Los diez fracasos del Gobierno español que explican la mala gestión y las sospechas de los fondos europeos 'NextGen'

El Plan de Recuperación ha estado marcado por la lentitud en la ejecución, excesivo centralismo, fallos en las herramientas de control, burocracia y una gestión ajena a las necesidades empresariales y de las autonomías.

Más información: El Gobierno asume que perderá 20.000 millones de los fondos 'NextGen' tras la negativa de Von der Leyen de prorrogar el plazo

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Las claves

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España perderá al menos 80.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation por lentitud en la ejecución y problemas de gestión.

El Gobierno renunció a 60.000 millones en créditos y la inversión pública superó ampliamente a la privada, incumpliendo los objetivos de transformación económica.

Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) no alcanzaron sus metas y muchas empresas han devuelto fondos por falta de viabilidad.

El reparto de los fondos ha sido desequilibrado entre territorios y una parte significativa se destinó a gasto corriente, como pensiones, en vez de inversiones productivas.

"España ha perdido una oportunidad para transformar nuestra economía". Ésta es la principal conclusión que hacen los diferentes expertos y economistas consultados por este diario respecto de la gestión que el Gobierno ha hecho de los fondos europeos Next Generation.

Después de cinco años del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, todo parece indicar que España perderá al menos 80.000 millones por no poder ejecutar estos fondos (60.000 en créditos a los que ya renunciamos y 20.000 en ayudas). La mitad de los 163.000 que se adjudicaron y equivalente al 4,7% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) anual.

Lentitud en la ejecución, excesivo centralismo de Moncloa, fallos en las herramientas de control, burocracia y una gestión ajena a las necesidades empresariales y de las administraciones regionales han hecho que -a cuatro meses de que expire el plazo- sea imposible poder gastar todo lo asignado tras la pandemia.

Esto ha generado una inseguridad jurídica que ha limitado la atracción de inversiones extranjeras y ha llevado a una movilización de recursos privados mucho menor de la estimada inicialmente. Algo en lo que ha influido también el excesivo peso de la oficina económica de Moncloa, liderada por Manuel de la Rocha, quien ha sobrevolado la gestión de todo el plan.

Una gestión que se ha llevado en paralelo desde el ministerio de Hacienda, dirigido hasta hace un mes por María Jesús Montero, y por el ministerio de Economía de Nadia Calviño y Carlos Cuerpo.

Esta misma semana se conoció además que en 2024 se adjudicaron 2.300 millones de fondos NextGen a gasto corriente en pensiones. Pero no es lo único: a esto se suma el fracaso en la gestión de los créditos y de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte).

Al mismo tiempo se han producido problemas para cumplir con los compromisos ante Bruselas, han existido desequilibrios del reparto entre territorios y la inversión pública ha superado de largo la privada. En EL ESPAÑOL-Invertia analizamos las diez claves que explican la deficiente gestión de estos fondos.

1) España perderá la mitad de lo asignado: la Comisión Europea adjudicó a nuestro país 163.000 millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 83.000 millones en ayudas no reembolsables y 80.000 millones en créditos.

Fue el segundo país que más porque fue uno de los más golpeados por la crisis de la covid. Para canalizar estos recursos, España presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sometido al cumplimiento de medio millar de hitos. España recibiría los desembolsos en la medida que cumpliera estos objetivos.

Pero la velocidad de ejecución fue mucho más lenta de lo esperado. Pese a que el Gobierno llegó a hablar de "velocidad de crucero", a finales del año pasado renunció a pedir 60.000 millones de créditos y a cuatro meses de que expire el plazo quedan sin repartir unos 28.000 millones.

Los expertos apuntan a que se perderán 20.000 millones -que tendrán que ser devueltos- ya que el ritmo de asignación sigue siendo de apenas 1.500 millones al mes. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a Bruselas un año más para gastarlos, aunque Bruselas rechazó una solicitud que reconocía explícitamente el fracaso.

2) El Gobierno renunció a 60.000 millones en créditos: el Ejecutivo apuntó que era más fácil y barato financiarse en el mercado que acceder a estos 60.000 millones de los Next Generation. Aunque seis meses después no hay ningún plan ni partida en la que se reconsideren estas inversiones perdidas.

Renunciar a estas inversiones ha significado dejar de invertir 10.000 millones en sectores estratégicos como vivienda, sanidad, transporte, medio ambiente, digitalización, I+D, turismo, industria, formación, pymes y universidades.

Pero es que además se renunció al 40,4% del dinero asignado a los Perte que debían transformar nuestra economía, pasando de 42.480 millones a 25.314 millones, en sectores como la fabricación de Chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector sanitario.

Y para intentar gastar lo que sí se ha quedado España, se ha anunciado la creación del fondo 'España Crece'. Se usarán 10.500 millones de créditos, pero nadie ha explicado en qué forma se prevé invertir en empresas, ni bajo qué criterios, ni si se van a utilizar instrumentos ya existentes.

3) El fracaso de los Perte: doce proyectos transformadores que no solo iban a revolucionar España con la creación de un coche eléctrico 100% español, una fábrica de Chips patria o la descarbonización completa de la economía, sino que debían ser el nexo entre la colaboración público-privada.

Pero no se cumplieron los objetivos. Iban a tener 42.480 millones y se han quedado en 25.314. Y la inversión privada apenas duplicó la pública pese a que el objetivo era que -como mínimo- se triplicara.

El Perte Chip es el mejor ejemplo con un 80,8% menos de inversión. Nos quedamos con 9.903 millones de los 12.000 originales y sólo se han ejecutado siete proyectos y sin ninguna fábrica en España.

Pero lo que es peor, hasta el 31 de marzo solo se han resuelto convocatorias por 10.500 millones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y hay solo 4.000 millones en convocatorias de "próxima resolución". Si incluimos todos los programas, las resoluciones crecen apenas hasta los 18.000 millones.

4) Las empresas devuelven dinero: las cifras de ejecución que presenta el Gobierno -que ya son bajas- no reflejan el dinero que han devuelto las empresas cuando ya han recibido una adjudicación.

Un fenómeno creciente en el último año, pero que no está cuantificado. Muchas compañías han tenido que renunciar al dinero recibido porque la adjudicación se ha hecho a destiempo y porque no han contado con el montante necesario de inversión para complementar los recursos públicos.

En el Gobierno hay preocupación por estas devoluciones ya que no hay tiempo para hacer nuevas adjudicaciones y con toda seguridad este dinero se terminará devolviendo a Bruselas.

¿De cuánto hablamos? Hay quien dice que varios cientos de millones, dinero que se restaría a las actuales cifras de ejecución y que engordará el dato final del montante no asignado.

5) Lentitud en las transferencias: Desde el comienzo del Plan de Recuperación se ha producido un importante desfase entre las adjudicaciones y el dinero que efectivamente sale del Tesoro Público.

Una situación que se explica por la burocracia estatal y por la lentitud de los procesos de adjudicación. Los registros de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) indican que al cerrar 2025, Hacienda apenas realizó pagos por valor de 6.641 millones, el 18,9% del total consignado para ese año.

Esto supone que sumando los cinco años de ejecución, al cierre de 2025 se haya aprobado un gasto equivalente a 47.851 millones en el MRR. Y por el contrario se han aprobado 66.000 en ayudas y otros 8.000 en créditos.

Una prueba de la excesiva lentitud y una de las causas de que muchas empresas se hayan visto en la obligación de renunciar a estos fondos.

6) Se han utilizado los fondos para gasto corriente: esta semana el Tribunal de Cuentas alertó de que el Gobierno utilizó 2.300 millones de fondos NextGen para pagar pensiones en noviembre de 2024.

Una operación que ya está siendo investigada por Bruselas y que España justifica por las urgencias presupuestarias de unas cuentas prorrogadas y porque era un montante sobrante del MMR.

En principio, las normas comunitarias dicen que no se puede desviar dinero de los Next Generation, de uso eminentemente productivo e inversor y no corriente.

Aunque no estamos ante un hecho aislado. Este diario ya informó de que durante cinco meses de 2025 se utilizaron al menos 13.000 millones de estos fondos para parchear otras partidas de unos presupuestos prorrogados.

Entonces, el Ejecutivo llegó a consignar 32.000 millones como créditos de los Next Gen -la fórmula utilizada para gastar estos recursos a la espera de los pagos de Bruselas-, pero luego los redujo a 17.000. Dinero que pasó a otras partidas de manera temporal. Una operación similar se ha hecho en en marzo de 2026 con un desvío de 5.000 millones.

7) Riesgo de que no se cumplan todas las reformas: el desembolso de los fondos de la Comisión Europea se ha articulado en siete pagos, ajustados tras las varias adendas que se han realizado al Plan de Recuperación y sujetos al cumplimiento de 471 compromisos.

Hasta abril de 2026 hemos recibido 71.432 millones en cinco desembolsos, y una prefinanciación de 10.000 millones, tras justificar el cumplimiento de 250 compromisos.

El sexto desembolso se solicitó el pasado 3 de marzo, por importe de 6.467 millones para lo que el Gobierno ha presentado el cumplimiento de 78 hitos. Y el séptimo y último se debe pedir antes de diciembre de 2026. 24.661 millones sujetos a cumplir un total de 143 compromisos.

En el Partido Popular (PP) se indica que es probable que perdamos 475 millones por no ejecutar la imposición al diésel, rechazada por el Congreso en varias ocasiones y por la eliminación de la bonificación por tributación conjunta.

Se podrían perder también 626 millones por no reducir la temporalidad del empleo público por debajo del 8%, actualmente en el 26,8%, o 40 millones por la deficiente digitalización de las administraciones públicas.

Los populares creen que tampoco se cumplirá con el despliegue de 95.200 puntos de recarga; con las mejoras del horario de trabajo, funciones de guardia, retribuciones de los médicos que están en huelga indefinida; o con la ley de transparencia e integridad de los lobbies.

8) Excesivo protagonismo del sector público y empresas públicas: durante toda la ejecución del plan el peso del sector público ha superado de largo el de las empresas privadas.

Una situación que confirma que el tejido productivo privado nunca ha sido ni el protagonista, ni el principal objetivo de estos fondos europeos.

Hasta finales del año pasado, al menos 30.000 millones adjudicados habrían ido a parar íntegramente al sector público en diferentes programas como infraestructuras ferroviarias, rehabilitación de edificios públicos, obras públicas viales e hídricas, gestión de residuos, planes de control de las emisiones en las grandes urbes o mejora de la administración digital.

Por otro lado, el último listado de los 100 mayores beneficiarios incluye ayudas por valor de 26.049 millones, de los que 22.600 millones han ido a parar a algún tipo de entidad pública o empresa vinculada al Estado. El 87% del total.

El listado es liderado por Adif con 5.876 millones, entre inversiones repartidas en cercanías, larga y media distancia y alta velocidad.

Le sigue Tragsa, con 1.653 millones; la Generalitat de Cataluña con 1.073; el Ministerio de Transportes con 819; el Ministerio para la Transformación Digital con 723; la Generalitat Valenciana con 524; y el Ministerio de Defensa con 515.

9) Reparto desequilibrado entre territorios: otro de los puntos cuestionados de los NextGen es el reparto entre territorios y en especial la predilección por repartir recursos en Cataluña en detrimento del resto de España.

Esta autonomía ha recibido 10.601 millones en los cinco años de ejecución del Plan de Recuperación, sumando la ejecución directa de la Administración central en la región y el dinero recibido a través de las conferencias sectoriales.

Desde 2021, ha recibido 1.054 millones más que Madrid; 1.814 más que Andalucía; 3.543 más que la Comunidad Valenciana; y 5.771 millones más que Galicia.

En definitiva, no se ha premiado a la mayor economía, ni la de mayor tejido empresarial, que es Madrid; ni a la que más población tiene, que es Andalucía; ni a las más pobres, que son Andalucía y Extremadura.

Al contrario, parece que ha predominado más un criterio político -donde está el mayor caladero de votos del Gobierno- que otros parámetros como la equidad territorial.

10) Implementación del mecanismo de control: la plataforma CoFFEE fue la elegida para interconectar a todas las administraciones en la gestión, control y ejecución de los fondos europeos.

Sin embargo, cinco años después de la puesta en marcha siguen existiendo dudas de que realmente esté completamente operativa.

En 2022, Bloomberg informó de que no estaba funcionando y durante todo el proceso de adjudicación desde diferentes organismos públicos se ha indicado que la herramienta sigue sin funcionar del todo.

Lentitud, fallos y problemas de interconexión pueden haber influido en la lentitud de las adjudicaciones y la gestión administrativa de los fondos. En mayo de 2026, la propia página de la plataforma dice que el sistema está "en proceso de construcción". Algo que a estas alturas suena como una broma de mal gusto.

¿Y ahora qué? Está claro que España tendrá que devolver buena parte de los recursos asignados tras la pandemia, pero lo peor es que se está lejos de cumplir el gran objetivo marcado: reconstruir la economía tras el golpe de la covid, reindustrializar nuestro tejido productivo, reforzar la digitalización y darle una vuelta a nuestras principales fuentes de ingresos.

Desde Funcas apuntan que todavía persisten interrogantes sobre el grado de transformación realmente logrado ya que solamente una fracción de los fondos ha llegado efectivamente a la economía real y muchos proyectos estructurales aún están en ejecución o ni siquiera iniciados.

Al mismo tiempo -indican- van aflorando ejemplos de intervenciones de bajo impacto estructural, actuaciones financiadas que, o bien se retrasan y corren riesgo de no completarse, o bien su contribución transformadora es cuestionable.

Es así como seguimos dependiendo del turismo y el crecimiento de la industria es insuficiente para transformar la composición del PIB.

¿Transformación del PIB?

En 2021 el sector servicios representaba el 74% del PIB y en 2025 estuvo entre el 60% y el 70%. El turismo sigue siendo la principal palanca, pasando del 12% al 13%, mientras que la economía digital se ha movido del 15% al 21%. En tanto, la industria ha pasado del 16% al 19%.

Por el contrario, los expertos coinciden en señalar que los fondos Next Generation han servido para "dopar" a la economía con gasto público -con una aportación neta de entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales al nivel del PIB durante este periodo-, pero sin una visión de medio y largo plazo para hacer una transformación permanente en el tiempo.

De hecho, el gran temor es que cuando este año expire el plazo de ejecución del plan se produzca una importante ralentización en el PIB.

Por ello, la conclusión generalizada es que no se ha garantizado un crecimiento equilibrado, ni sostenible en las próximas décadas. Por tanto, los economistas consultados concluyen que los Next Generation han sido una oportunidad perdida que probablemente no vuelva a repetirse... Pese a lo que diga el Gobierno.