Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía. Fernando Sánchez / Europa Press

Macroeconomía

El Tribunal de Cuentas cuestiona que el Gobierno usara 2.300 millones de los fondos 'NextGen' para pagar pensiones

Varios consejeros avisan de que las justificaciones del Ejecutivo "carecen de fundamento y respaldo jurídico".

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Las claves

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El Tribunal de Cuentas señala que el Gobierno usó 2.389,4 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para pagar pensiones.

El órgano fiscalizador considera que los fundamentos jurídicos para este uso de los fondos deberían haber estado mejor justificados.

La mitad de los consejeros del Tribunal de Cuentas emitieron votos particulares criticando el empleo de fondos Next Gen para gasto corriente.

El informe detecta sobrevaloraciones y carencias en la contabilidad estatal, como un resultado presupuestario sobrevalorado en 4.090 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas ha revisado la contabilidad del Estado correspondiente a 2024, año en el que no se aprobaron presupuestos y el Gobierno tuvo que recurrir a la prórroga presupuestaria. Esto llevó al Ejecutivo a aplicar modificaciones presupuestarias para poder adaptar las cuentas.

Y varias de ellas tuvieron que ver con los fondos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia pactado con la Comisión Europea. De hecho, el órgano fiscalizador avisa de que el Gobierno usó 2.389,4 millones de euros de los 'Next Generation' para pagar gasto público relacionado con las pensiones.

Concretamente, según recoge el correspondiente informe, se emplearon para dotar las partidas de pensiones de Clases Pasivas y de complementos de pensiones mínimas.

Para el Tribunal de Cuentas, este uso de los fondos es una "incidencia" cuyos fundamentos jurídicos "deberían haber quedado mejor justificados".

Más allá de las modificaciones reglamentarias que se hagan, cabe recordar que los fondos Next Gen no pueden emplearse para gasto corriente, como son las pensiones o los salarios de los funcionarios.

El órgano, además, hace énfasis en los números rojos de la Seguridad Social. Particularmente sobre el patrimonio neto negativo, que alcanza los 106.138 millones de euros y que el Estado ha cubierto con préstamos y transferencias corrientes.

Pese a estas críticas, el Tribunal de Cuentas aprueba la contabilidad estatal, puesto que "presenta fielmente la situación económica, financiera y patrimonial".

Votos particulares

Esto en el informe general. Las votaciones particulares expresan su disconformidad con este criterio, sobre todo en lo relacionado con los fondos europeos.

De hecho, la mitad de los consejeros del Tribunal de Cuentas han emitido votos particulares contra esta cuestión y han sido críticos al respecto.

Se trata de Javier Morillas, Isabel Fernández Torres, José Manuel Otero, Rebeca Laliga, Miguel Ángel Torres y Helena Hernáez. Sus votos particulares cargan contra el uso de fondos Next Gen para gasto corriente.

Consideran que los fundamentos jurídicos que alega el Gobierno "carecían de fundamento y respaldo jurídico". O que el invocado "era inadecuado y, por tanto, indebidamente aplicado".

Carencias

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas alerta de más errores o carencias en la Cuenta General del Estado de 2024. Avisa de que "el resultado presupuestario está sobrevalorado en 4.090 millones de euros por incorrecta imputación temporal de las operaciones".

De hecho, "quedan pendientes de reconocer obligaciones por 5.366 millones y derechos por 2.021 millones de euros" en los cálculos del Ejecutivo. Y el resultado económico patrimonial está "sobrevalorado" en 1.695 millones.

Por otro lado, existe también una "sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios de la Administración General del Estado (AGE) por 11.263 millones de euros". Pero también una "infravaloración de los deudores de la Seguridad Social, del SEPE y del Fogasa por 2.644 millones" que la compensa parcialmente.

A esto se suma una "infravaloración de los deudores por falta de registro de los intereses de demora en las deudas por cotizaciones sociales, por 781 millones".