El ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Macroeconomía

España tiene cuatro semanas para presentar a Bruselas cambios de última hora en los hitos del Plan de Recuperación

Los Estados miembros deberán mantener activas auditorías para detectar fraude en los 'NextGen' al menos hasta el año 2028.

Más información: El Gobierno asume que perderá 20.000 millones de los fondos 'NextGen' tras la negativa de Von der Leyen de prorrogar el plazo

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Las claves

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España y el resto de la UE tienen hasta el 31 de mayo para solicitar cambios en los hitos y objetivos del Plan de Recuperación.

No se permitirá una prórroga del plazo final de ejecución del fondo de recuperación, que expira el 31 de agosto de 2026.

España podría perder hasta 20.000 millones de euros de los fondos Next Generation por el bajo nivel de ejecución y la imposibilidad de ampliar plazos.

Los pagos pendientes deben solicitarse antes del 30 de septiembre de 2026 y toda la prefinanciación debe estar liquidada antes de final de año.

España -y todos los Estados miembros de la Unión Europea- tiene cuatro semanas para presentar a Bruselas cambios de última hora en los objetivos e hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así lo indica el documento publicado este lunes por la Comisión Europea con las directrices para encarar la fase final del fondo de recuperación (Recovery and Resilience Facility).

De esta manera, la fecha límite para que los Estados miembros presenten cualquier solicitud de modificación de las decisiones de ejecución del Consejo Europeo referentes a sus planes expira el 31 de mayo.

En caso de que se presenten solicitudes de modificación después de esa fecha, la Comisión no puede comprometerse a finalizar su evaluación a tiempo para que el Consejo adopte la decisión revisada antes del 31 de agosto de 2026.

En principio, España ya ha enviado sus últimas modificaciones a su Plan de Recuperación, tras renunciar a 60.000 millones de euros en créditos y manifestar su intención de incluir 10.500 millones en el fondo 'España Crece'.

Sin embargo, nadie descarta cambios de última hora tras los últimos acontecimientos y el bajo nivel de ejecución que ha presentado España y por el que podrían perder hasta 20.000 millones de euros de 'Next Generation'.

Por otro lado, la gran confirmación de este documento es que no hay ningún margen para extender la fecha final del 31 de agosto de este año.

Es decir, todos los Estados miembros deberán completar las reformas e inversiones comprometidas antes de esta fecha para poder acceder a los últimos pagos.

Del mismo modo, no hay espacio para extender el plazo de la ejecución de los fondos y de la adjudicación de los programas, pese a que países como España no lograrán gastar todo el montante asignado.

Este diario ya había confirmado que la Comisión Europea sería inflexible y no cambiaría los plazos tras la petición de países como España de extender un año más este plazo final.

Pero ahora se confirma en un documento oficial en el que además se ponen los plazos definitivos y los elementos a tomar en cuenta de cara a la recta final de los programas de los diferentes países europeos.

Es así como las medidas correctivas para levantar posibles suspensiones de pago deben haberse adoptado, a más tardar el 31 de agosto. Las acciones realizadas después de esta fecha no se tendrán en consideración para la evaluación, dice el documento.

Del mismo modo, el 30 de septiembre de 2026 es el límite para la presentación de las últimas solicitudes de pago a la Comisión. Y antes del 31 de diciembre todos los pagos de la Comisión deben ser ejecutados. Para esta fecha, toda la prefinanciación debe quedar liquidada.

Desembolso a España

Cualquier importe asignado a un Estado miembro que no haya sido pagado para finales de este año, será cancelado o liberado (decommitted) de los presupuestos europeos.

En el caso de España, el Gobierno solicitó en marzo el sexto tramo por un 6.500 millones de euros, de los cuales unos 5.500 millones corresponden a transferencias y 1.000 millones a préstamos.

En una reciente comparecencia el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, indicó que tenía confianza en que este desembolso se produjera en torno al verano.

Aunque para recibir estos fondos, España debe superar la evaluación de 78 hitos y objetivos acordados con la Comisión Europea. De aprobarse, el total de fondos recibidos superaría los 78.000 millones de euros.

Ritmo de ejecución

No obstante, todavía quedan por recibir 22.000 millones, hasta completar los 102.560 que el Ejecutivo español se ha comprometido a solicitar. El objetivo es pedir un séptimo y último tramo antes de que finalice el año.

El problema es que -como ya ha contado este diario- el actual ritmo de ejecución hace prever que España pierda al menos 20.000 millones por no poder ejecutar el dinero.

Si a esto le sumamos la renuncia de 60.000 millones en préstamos, es probable que al cerrar el plan incluso no se necesite este dinero.

Respecto del resto del calendario de los 'NextGen', el primer trimestre de 2027 es la fecha recomendada para que los Estados miembros finalicen todos los controles y auditorías ex post sobre la consecución de los hitos y objetivos incluidos en la última solicitud de pago.

Plazos de 2028

Sin embargo, las auditorías basadas en riesgos (conflictos de intereses, fraude, corrupción o doble financiación) pueden extenderse durante 2027 y potencialmente 2028.

En febrero de 2028 los Estados miembros deben proporcionar un informe final sobre los indicadores comunes, consolidando todos los valores estimados para facilitar la evaluación ex post del mecanismo.

En abril de 2028 se debe entregar la última actualización semestral sobre los 100 perceptores finales que han recibido los mayores importes de financiación.

El 31 de diciembre de 2028 es la fecha límite para mantener la información en los portales nacionales referentes a los 100 perceptores principales, asegurándose de eliminar los datos personales correspondientes a los plazos legales.

Disponibilidad de datos

Finalmente, el 31 de diciembre de 2031 es el límite para la conservación y disponibilidad de datos, registros y documentos de respaldo de cara a auditorías, garantizando un mínimo de cinco años desde el pago final.

También marca la fecha límite absoluta para que los Estados sigan reportando periódicamente sobre el gasto relacionado con el clima para la emisión de bonos verdes, a menos que el gasto de dichas medidas finalice antes.