La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, este martes durante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo
Bruselas frena la euforia de Sánchez y recuerda que tiene de los peores datos en pobreza, desigualdad y vivienda
El Ejecutivo comunitario avisa de que la "falta de consenso" entre el Estado y las comunidades autónomas sobre las medidas para mejorar el acceso a la vivienda dificulta cualquier mejora estructural.
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La misma semana en que Pedro Sánchez ha vuelto a presumir de los buenos resultados económicos que atribuye a su acción de Gobierno, la Comisión de Ursula von der Leyen advierte de que España registra algunos de los peores datos de la Unión Europea en una serie de indicadores clave como el riesgo de pobreza infantil, la desigualdad o el acceso a la vivienda, y señala que sus políticas sociales no están logrando corregir estos problemas.
En concreto, Bruselas denuncia la baja tasa de acceso al ingreso mínimo vital -sólo el 55% de las personas que cumplen los requisitos lo perciben- y al complemento de ayuda para la infancia. En cuanto a las políticas de vivienda, la falta de consenso entre el Estado y las comunidades autónomas, el uso recurrente de medidas de emergencia y la escasa oferta de vivienda social están bloqueando avances estructurales y dificultando cualquier mejora sostenida en el tiempo.
"Los riesgos de pobreza, especialmente entre los menores, siguen planteando desafíos para la cohesión social y la competitividad a largo plazo, con importantes disparidades regionales", señala el último informe del Ejecutivo comunitario sobre la situación social en España al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.
En 2025, el 25,7% de la población total y el 33,8% de los menores en España estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, ambos valores significativamente superiores a las medias de la UE (21,0% y 24,5%, respectivamente). Este problema afecta particularmente a determinados grupos como los jóvenes, los hogares monoparentales, las familias numerosas o los nacionales de terceros países.
El coste económico de la pobreza infantil se estima entre el 4% y el 5% del PIB, principalmente debido a menores ingresos a lo largo de la vida, peores perspectivas laborales y un peor estado de salud en la edad adulta, según los datos de Bruselas.
El sistema de protección social de España "presenta algunas debilidades estructurales". Las transferencias sociales redujeron los riesgos de pobreza en un 23,2% en 2025, lo que supone más de 10 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE. Su efecto fue todavía menor en la pobreza infantil (18,9% frente al 41,9% en la UE).
En términos de poder adquisitivo, aunque el gasto en protección social per cápita alcanzó los 9.044 euros (frente a 10.942 euros en la UE), el gasto por persona en prestaciones familiares y por hijo fue la mitad de la media europea (490 euros frente a 956 euros). En conjunto, el apoyo a las familias y a la infancia representó el 5,4% de las prestaciones sociales, frente al 8,7% en la UE, subraya el informe.
La cobertura de las prestaciones sociales sigue siendo limitada para las personas vulnerables en edad de trabajar: en 2025, el 68,8 % (frente al 83,2% en la UE) de las personas de entre 18 y 64 años que estaban en riesgo de pobreza y vivían en hogares (casi) sin empleo recibían prestaciones.
"Las prestaciones por desempleo no contributivas siguen siendo bajas y ofrecen una cobertura limitada, especialmente para quienes tienen trayectorias laborales fragmentadas o informales. Además, las mujeres, al estar más frecuentemente empleadas con contratos temporales, tienden a tener historiales de cotización más cortos y menores derechos a prestaciones", dice el estudio de la Comisión.
"A pesar de la tendencia descendente, la desigualdad sigue siendo elevada". El 20% más rico de la población ganó más de cinco veces lo que el 20% más pobre en 2025 (5,24 frente a 4,66 en la UE).
La desigualdad de ingresos se explica, sobre todo, por la debilidad de las rentas más bajas. El 10% más pobre de la población apenas concentra el 2,4% de los ingresos totales, claramente por debajo del 3,1% de la media europea. En cambio, los tramos altos acaparan una porción mayor de la renta que en la UE, lo que amplía aún más la brecha, alerta Bruselas.
Vivienda
En materia de vivienda, el aumento de los precios del alquiler y de la compra ha hecho que "los costes de la vivienda resulten cada vez más difíciles de asumir para los hogares con bajos ingresos, las familias monoparentales, las familias numerosas, los jóvenes y las personas en riesgo de pobreza, y empieza a afectar también a los hogares de ingresos medios".
El Ejecutivo comunitario resalta además que "la brecha entre zonas urbanas y rurales se está ampliando, con presiones en las grandes ciudades y en áreas con alta densidad turística, como las regiones costeras".
Las tasas de propiedad de vivienda han caído en torno a 5 puntos porcentuales en la última década, especialmente entre los jóvenes, que dependen cada vez más del alquiler. La cobertura de las ayudas a la vivienda es limitada: sólo el 2,2% de la población y el 4,4% de las personas en situación de pobreza recibieron apoyo en 2024.
También la pobreza energética se ha convertido en un problema creciente en España. En 2025, el 15,9% de los hogares no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada, casi el doble de la media de la UE (9,2%) y muy por encima del 7,5% registrado en 2019.
"La oferta de vivienda social es baja y existe falta de consenso sobre la orientación de las políticas entre regiones", denuncia el estudio. El parque de vivienda social en España es de los más reducidos de la UE: las viviendas públicas en alquiler cubren sólo al 1,7% de los hogares y, junto con otras viviendas de alquiler social, representan alrededor del 3% del total (muy por debajo del 8% de media de la UE).
La mayoría de las viviendas protegidas se vendieron a precios subvencionados, reduciendo progresivamente el parque público. Al mismo tiempo, la inversión pública en vivienda se mantiene por debajo del 0,3 % del PIB y la gobernanza está fragmentada, lo que dificulta una expansión coherente y eficaz de la oferta. "Muchas de las necesidades recientes de vivienda se han abordado mediante medidas de emergencia, lo que limita su impacto a largo plazo", apunta el informe.
Pobreza laboral
Aunque el mercado laboral mantiene un comportamiento sólido en términos generales, persisten desequilibrios importantes, con tasas de empleo relativamente bajas y un paro todavía elevado pese a las mejoras registradas.
"El desempleo golpea de forma desproporcionada a los jóvenes, los extranjeros de fuera de la UE, los trabajadores de mayor edad, las personas con discapacidad y la población gitana. A ello se suma una elevada pobreza laboral, que evidencia las carencias en la calidad del empleo", indica el Ejecutivo comunitario.
A pesar de las mejoras, la pobreza laboral afectó al 11,2 % de las personas ocupadas en 2025 (frente al 8,2 % en la UE), con una incidencia especialmente alta entre trabajadores con contratos temporales y/o a tiempo parcial, familias monoparentales, jóvenes adultos y nacionales de terceros países.
La precariedad laboral "sigue impulsando la pobreza laboral a pesar de las subidas del salario mínimo, mientras que los salarios reales se espera que crezcan moderadamente (un 0,8% en 2026 y un 0,4% en 2027), con indicios de una creciente compresión salarial en torno al salario mínimo".
"Los trabajadores autónomos también siguen expuestos a altos riesgos de pobreza laboral e inseguridad de ingresos, a pesar de las recientes reformas de protección social", afirma el estudio. El aumento de las bajas por enfermedad (con un coste aproximado del 1% del PIB) también está afectando negativamente a la productividad.
"Aunque España está reformando el sistema de políticas activas de empleo, la inversión sigue orientada en gran medida hacia medidas pasivas, y el apoyo a la formación y a los servicios de empleo (como la orientación profesional) sigue siendo relativamente limitado en comparación con los incentivos a corto plazo para la creación de empleo y el emprendimiento", denuncia la Comisión.
"La eficacia se ve además limitada por la elevada carga de trabajo de los orientadores de los servicios públicos de empleo, la escasa oferta de servicios específicos para empresas y la débil coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales", añade el estudio.
En el ámbito de la educación y las competencias, a pesar de la disminución significativa en los últimos años, la tasa de abandono escolar prematuro (12,8% en 2025 frente al 9,4% de media europea) sigue siendo un reto, junto con los bajos niveles de competencias básicas.
"A pesar del aumento de la participación en la formación profesional de nivel superior, los desajustes de cualificaciones y la baja participación en la formación profesional de nivel medio y en disciplinas científicas y tecnológicas siguen dificultando la transición de la educación al empleo, especialmente en sectores clave para las transiciones ecológica y digital de España", concluye el informe de Bruselas.
