Bruselas lleva a España al TJUE por no ajustar los límites de tamaño de las empresas a las normas comunitarias.

La Comisión Europea ha anunciado este viernes que va a llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber completado la actualización de los umbrales que determinan el tamaño de las empresas según su balance y volumen de negocios, según informó la institución en un comunicado.

Bruselas abrió un expediente a España por este motivo en enero del pasado año y lanzó un ultimátum seis meses después, en julio, tras constatar que el país todavía no había adoptado estos ajustes, que buscan adecuar los umbrales, por ejemplo, a la inflación.

Este viernes, el Ejecutivo comunitario ha certificado que "los esfuerzos de las autoridades nacionales" de España y Malta "han sido insuficientes hasta la fecha". "Aún no han notificado a la directiva" el ajuste de dichos criterios. En consecuencia, la institución ha decidido elevar el caso ante la Justicia europea.

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"La transposición de esta directiva es crucial para el funcionamiento del mercado único, ya que garantiza la coherencia y la comparabilidad de las categorías de tamaño en toda la Unión, y que las empresas o grupos de tamaño similar están sujetos a las mismas obligaciones jurídicas de la UE", defiende la Comisión.

Los umbrales que determinan el tamaño empresarial no eran ajustados desde 2013 y la Comisión calcula que desde ese año y hasta 2023 la inflación acumulada alcanzó el 24,3 % en la eurozona y el 27,2 % en el conjunto de la Unión Europea.

El objetivo de la medida era evitar que se empiecen a aplicar sobre microempresas y las pymes europeas las obligaciones de información financiera y de sostenibilidad que se exigen a las grandes compañías.

Además, la Comisión ha abierto al menos dos expedientes a España por no cumplir varias normas de la Unión Europea ahora mismo en vigor. Y están relacionadas con la concesión de créditos e hipotecas y con el control de criptoactivos.

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Por un lado, España no ha completado la incorporación a su legislación de varias directivas sobre transparencia en los créditos al consumo, contratos de servicios financieros firmados en línea y mercados hipotecarios.

El Ejecutivo comunitario da a España (y a otros países expedientados por este motivo) dos meses para que le comuniquen qué medidas tomarán para transponer las correspondientes directivas so pena, si no lo hacen, de avanzar en un procedimiento de infracción que en última instancia le permite llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y pedir que se les sancione.

Algo parecido ocurre con la directiva de transparencia e intercambio de información sobre criptoactivos (la conocida como DAC 8), que España tampoco ha transpuesto totalmente.