S&P: la nueva financiación autonómica dejará menos ingresos al Estado y no asegura que las CCAA frenen su deuda

La nueva financiación autonómica propone aumentar la parte de los grandes impuestos estatales (como IRPF o IVA) que queda en manos de las comunidades y reforzar los fondos que corrigen las diferencias entre territorios.

Esto supone más ingresos estructurales para las CCAA, pero también implica que esos recursos se detraen del Estado, que pierde margen para financiar sus competencias propias y absorber shocks de gasto como defensa o pensiones.

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​Sus analistas alertan de que la absorción de pasivos por parte del Estado “genera un potencial riesgo moral”, porque las comunidades pueden interpretar que la condonación no será un episodio puntual y que podría repetirse más adelante.

Si las CCAA dan por hecho que el Estado volverá a asumir parte de su deuda, los incentivos para moderar el gasto y el déficit se reducen y la situación fiscal puede reproducirse con el tiempo.​

Según S&P, la clave no es sólo el volumen de deuda que se perdona hoy, sino el comportamiento presupuestario de los próximos años.

Si las regiones aprovechan el impulso de ingresos para aumentar el gasto en lugar de corregir sus desequilibrios, el alivio obtenido con la quita se irá diluyendo y volverán a quedar expuestas cuando cambie el ciclo económico.​​

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Al mismo tiempo, recuerda que la condonación y la reforma dependen de una ley orgánica cuya aprobación es incierta, por lo que, por prudencia, aún no ha incorporado plenamente estas medidas en sus previsiones.

Según los analistas de S&P, esta aprobación es incierta debido a que actores políticos clave, esenciales para alcanzar dicha mayoría, ya han expresado su rechazo. Por esta razón, la agencia no ha incluido estas medidas en sus previsiones ni modelos actuales, optando por la prudencia ante el riesgo de que el proyecto no se materialice.

Las CCAA y los mercados

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado además un nuevo marco para el regreso de las comunidades a los mercados. Fija qué parte de su financiación podrán obtener con bonos y préstamos privados y cuál seguirá llegando a través del Estado, en función de criterios como el superávit, el cumplimiento de las reglas fiscales o la deuda sobre ingresos.

Las CCAA más frágiles, como la Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, solo podrán recurrir al mercado hasta un límite reducido y seguirán muy dependientes del respaldo del Estado.

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Para S&P, la condonación por sí sola no basta para que las regiones más endeudadas recuperen un acceso normalizado a la financiación privada: algunas seguirán atadas a los mecanismos estatales incluso después de la operación.

En este marco, la combinación denueva financiación abre una oportunidad, pero también un riesgo.

“Si se combina la absorción de deuda con mayores recursos y hay una cierta contención a la hora de gastar esos recursos, se podría combinar una mejora en muchos aspectos, de los flujos y de los stocks”, señalan desde la agencia.

Pero si las comunidades “tienen más recursos y se lo gastan todo”, el ciclo de endeudamiento podría repetirse en pocos años, dejando la estructura fiscal autonómica igual de frágil que antes, pero en un escalón de gasto más alto.

Crecimiento, deuda y oportunidad perdida

Por otro lado, S&P cree que España está desaprovechando una ventana excepcional para reducir con más fuerza su deuda. La agencia habla de una “ocasión perdida” en un momento en el que las previsiones de crecimiento siguen siendo relativamente favorables.

Según sus cálculos, el PIB avanzará alrededor del 2,1% en 2026 y del 1,8% tanto en 2027 como en 2028, claramente por encima de la media de la eurozona y más del doble que economías como Francia o Italia en ese mismo periodo.

Pese a este diferencial de crecimiento, el Gobierno no estaría aprovechando del todo el ciclo para acelerar el ajuste fiscal.

Teniendo en cuenta sus proyecciones, el déficit público seguiría claramente en terreno negativo, con un desequilibrio en el entorno del 2,7% del PIB en 2026 y una ratio de deuda cercana al 97,6%.

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Para la agencia, España ha combinado varios años de fuerte crecimiento nominal, inflación elevada y tipos de interés todavía manejables sin traducir ese contexto en una reducción más rápida del déficit y la deuda.

Los analistas señalan que el Estado ha visto aumentar de forma notable su recaudación tributaria, pero no ha usado ese impulso para consolidar de manera contundente el saldo presupuestario.

En lugar de aprovechar el viento de cola para bajar con fuerza la ratio de deuda sobre PIB, el esfuerzo se ha quedado corto y una parte relevante del margen extra se ha consumido en más gasto.

En su diagnóstico, S&P contrapone esta estrategia con la de países como Portugal, que han aprovechado mejor el ciclo para acelerar el desendeudamiento.

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En ese análisis pesa, además, la presión creciente sobre partidas estructurales. La agencia subraya que el Estado afronta un horizonte de mayor gasto en defensa, pensiones y sanidad, a lo que se suman los costes recurrentes de fenómenos climáticos extremos.

Renunciar a un ajuste más ambicioso en pleno ciclo favorable implica llegar a ese futuro con menos espacio fiscal para reaccionar.

La advertencia de S&P Global Ratings va dirigida tanto a los gobiernos autonómicos como al central. A las CCAA les recuerda que los mercados y las agencias observarán de cerca cómo usan el alivio de deuda y los ingresos adicionales.

Al Estado le señala que desplazar deuda y recursos hacia los territorios reduce su propio margen de actuación en un momento de alta presión sobre el gasto estructural.