Los ayuntamientos reclaman a Hacienda que les deje usar los 22.000 millones que tienen de superávit para vivienda pública

Según indican desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el fenómeno de los superávit de los últimos años ha provocado que las entidades locales cuenten con un remanente de tesorería de más de 22.000 millones de euros.

Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por un lado, y el Ministerio de Hacienda, por el otro, impiden desplegar estos fondos en otras partidas del gasto y particularmente en vivienda, explica a EL ESPAÑOL-Invertia Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP.

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La citada normativa recoge que los ayuntamientos sólo pueden dedicar el dinero que les sobre anualmente al pago de deuda o sus intereses.

En los últimos años, el Ministerio de Hacienda había flexibilizado esta situación posibilitando, mediante decretos anuales, que los ayuntamientos puedan dedicar dichos superávit a inversiones financieramente sostenibles. Sin embargo, tienen que cumplir determinadas condiciones, como que estas inversiones se desplieguen de forma anualizada y no plurianual.

Además, la norma que permite ejecutar inversiones financieramente sostenibles no se ha aprobado este 2025. Normalmente, se incluye en el real decreto-ley escoba que el Gobierno aprueba a final de año. Sin embargo, esta norma fue rechazada por el Congreso y esta parte de su contenido no se ha retomado. Por ello, los ayuntamientos vuelven a tener que mantener la totalidad de sus fondos sobrantes en la nevera presupuestaria.

Martínez-Sicluna demanda darle la vuelta a esta situación. Concretamente, la FEMP ha reclamado a Hacienda que se hagan los cambios normativos necesarios para que el remanente de tesorería con el que cuentan los ayuntamientos por los superávit (más de 22.000 millones de euros, explica) se destinen a la construcción de vivienda pública.

"El problema fundamental para los ciudadanos es la vivienda y se acredita con datos. Según el Banco de España, faltan 700.000 viviendas. Y es una situación que va a ir a peor", explica el representante de la Federación.

"Los ayuntamientos queremos ser parte de la solución al problema de la vivienda. Tenemos suelo y tenemos fondos. Nuestro remanente de tesorería triplica lo que se quiere destinar al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030". En resumidas cuentas, la FEMP pide poder destinar "toda o parte de la tesorería" que los ayuntamientos han acumulado para "construir vivienda pública. Vivienda social, lógicamente".

Para ello, "hay que hacer cambios en la Ley de Estabilidad Presupuestaria". Para empezar, cambiar los periodos de ejecución para las inversiones financieramente sostenibles, que sólo pueden durar un año, a día de hoy. "Un proyecto de viviendas requiere 30 meses para llevarse a cabo. Serían necesarios, al menos, tres ejercicios para ejecutar ese remanente", señala.

Además, habría que introducir en la norma que "ese dinero que pudieran gastar los ayuntamientos en vivienda pública no se tuviera en cuenta en la regla" que limita el gasto de estas entidades. "Si no es así, lo que invirtamos en vivienda comportaría disminuir el gasto en otras partidas para poder cumplir con ella".

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También habría que introducir en la norma que, con carácter permanente, "se pueda dedicar todo el superávit a inversiones financieramente sostenibles". "Creemos que son peticiones razonables. La mayor urgencia que tiene nuestro país ahora mismo es encontrar soluciones a la falta de vivienda".

Lo cierto es que el Banco de España comparte esta visión. Así lo indicó José Luis Escrivá, gobernador del ente regulador, durante su comparecencia en el Senado de hace unas semanas, cuando reclamó más vinculación de los ayuntamientos con las políticas de vivienda.

"Que los ayuntamientos tengan un volumen de depósitos tan grande al mismo tiempo que ya apenas tienen deuda es una anomalía", indicaba. "Hay que adaptar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que ha quedado desfasada. Habría que abordar el superávit estructural que tienen los ayuntamientos y las limitaciones que impone la regla de gasto tal y como está definida".

Y añadía: "Los países donde vemos las mejores prácticas de vivienda social y de alquiler suelen ser iniciativas en las que los ayuntamientos tienen un peso muy grande. Tienen mucho suelo, o suelen tener mucho suelo. Y activos que podrían reinvertir hacia actividades inmobiliarias", sentenciaba.