El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Europa Press
El Gobierno obligará a los altos cargos a publicar su agenda e incluirá "auditorías ciudadanas" en concursos públicos
El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que obligará a incluir a los asesores en el Portal de Transparencia.
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El Gobierno ha arrancado el proceso para la elaboración de una Ley de Administración Abierta. Un texto con el que busca impulsar la "transparencia" de los organismos públicos y que incluirá medidas como obligar a los altos cargos a publicar su agenda oficial o la puesta en marcha de "auditorías ciudadanas" en licitaciones públicas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, cuyo desarrollo está siendo liderado por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública.
En la rueda de prensa posterior al consejo, Óscar López, titular del departamento, ha explicado que este texto se enmarca bajo el paraguas del Plan de Acción por la Democracia y el Plan de Lucha contra la Corrupción y ha detallado alguna de las medidas que se incluirán.
Por ejemplo, López ha indicado que la futura ley incluirá la obligación de publicar las agendas institucionales y los viajes oficiales de todos los altos cargos hasta el nivel de subdirector general.
El anteproyecto de ley también contempla la reforma del Portal de Transparencia para incluir a los asesores, así como la del régimen de prevención y detección de conflictos, que se aplicará también al personal eventual.
Licitaciones públicas
Asimismo, López ha explicado que se va a dar la posibilidad de que las empresas que concurran a licitaciones públicas puedan ser obligadas a firmar un "pacto de integridad". Las compañías se comprometerán así a prevenir y luchar contra la corrupción y a someterse a una monitorización de todas las fases del procedimiento.
Además, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, se va a establecer la posibilidad de realizar "auditorías ciudadanas" de distintos procesos de contratación de la Administración.
![La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y el anterior titular de este departamento, José Luis Escrivá.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/05\/06\/invertia\/economia\/empleo\/853175490_242076024_320x180.jpg"])
Esto supone que los ciudadanos podrán participar junto a la Intervención General del Estado (IGAE) y liderados por ella en auditorías sobre actuaciones, políticas o entidades del sector público estatal.
Por otra parte, se establece un régimen de infracciones y sanciones para quienes incumplan las obligaciones de transparencia y se "empodera" al Consejo de Transparencia para que ejecute dichas sanciones y multas. Su importe variará entre los 600 y los 1.000 euros.
A este respecto, López ha incidido en que esta ley será de aplicación a los tres niveles de la administración (estatal, autonómica y local), al Congreso de los Diputados, al Senado y a la Casa Real.
No obstante, añade que la parte de las sanciones se limitará a la Administración General del Estado, ya que es donde tiene competencias el Consejo de Transparencia. Órgano que, ha recordado, también existe en algunas autónomas.
Recomendaciones
El texto sigue las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Estado de Derecho; de la OCDE sobre gobierno abierto e integridad pública y las contenidas en las rondas de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
El anteproyecto proseguirá ahora su tramitación con los informes preceptivos de los órganos consultivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley y remisión a las Cortes.
Plan de igualdad.
El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los órganos públicos a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio de Igualdad.
El plan persigue 20 objetivos por medio de 45 actuaciones que tienen que ver con la transformación de las organizaciones; sensibilización, formación y capacitación; condiciones de trabajo y desarrollo personal; corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, personal y familiar; y violencia contra las mujeres.
Entre las principales medidas, el proyecto propone un estudio sobre la brecha salarial en la AGE, así como el desarrollo, en caso necesario, de un plan de actuación para eliminar las diferencias salariales por razón de sexo. También defiende la representación equilibrada de mujeres y hombres en la provisión de puestos de responsabilidad.
Por otro lado, establece el fortalecimiento de las unidades de igualdad en todos los ámbitos de la Administración, mediante la difusión de los 'Puntos violetas', y refuerza el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.
El plan también incluye la ampliación de la reserva del puesto de trabajo de seis meses a un año para las empleadas víctimas de la violencia de género.
Por otro lado, el plan amplía la jornada intensiva de verano al personal de la AGE que tenga a su cargo personas mayores dependientes. Hasta ahora, este derecho solo estaba reconocido para empleados con menores de 12 años o personas con una discapacidad a su cargo.
