Meloni logra el desembolso del 73% de los fondos Next Generation mientras Sánchez sigue atascado en el 30%

Mientras en nuestro país los escándalos de corrupción y la parálisis política del Gobierno de Pedro Sánchez frenan el avance del plan de recuperación, la Italia de Giorgia Meloni ha destacado en solitario como líder en la ejecución de las ayudas europeas.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha aprobado la séptima petición de pago presentada por Roma por valor de 18.300 millones de euros (4.600 millones en subvenciones y 13.700 millones en préstamos). Lo hace tras constatar que el Gobierno de Meloni ha cumplido la totalidad de los 64 hitos y objetivos comprometidos con Bruselas.

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Una vez que se produzca el desembolso en las próximas semanas, Italia habrá recibido ya 140.400 millones de los 194.400 que tiene asignados, es decir, el 72% del total. El entonces primer ministro, Mario Draghi, solicitó en mayo de 2021 tanto los subsidios como los préstamos y Roma ha ido ingresando ambos simultáneamente desde el principio.

"Con el pago del séptimo tramo, Italia consolidará su liderazgo en Europa en la ejecución del plan (Next Generation). Hemos demostrado ser capaces de utilizar estos fondos de forma ejemplar y nos hemos convertido en un modelo a seguir para el resto de los Estados miembros", ha presumido Meloni en su cuenta de la red social X.

En contraste, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lleva muchos meses atascado en la negociación con Bruselas del quinto pago por valor de 23.900 millones de euros: 8.000 millones en subvenciones y 15.900 millones en créditos blandos.

Como Sánchez no solicitó a Bruselas los préstamos hasta marzo de 2023 por miedo a una crisis de deuda, nuestro país solo ha recibido hasta ahora 47.960 millones en subvenciones y 340 millones en créditos. Es decir, apenas el 30% de los 163.000 millones de fondos Next Gen adjudicados.

Además, el Gobierno de Sánchez sigue sin cumplir uno de los hitos más importantes exigidos por la UE a cambio del quinto pago: el 'impuestazo' al diésel para equiparar su fiscalidad a la de la gasolina, bloqueado por la falta de apoyos parlamentarios.

Se trata de una de las piezas centrales de la reforma fiscal que el Ejecutivo español ha comprometido ante Bruselas, que debe generar un incremento permanente de la recaudación equivalente al 0,3% del PIB.

El propio Cuerpo ha explicado que espera que Bruselas tome una decisión sobre el quinto pago antes de la pausa veraniega y ya no descarta una penalización por incumplimiento en el caso del diésel. Un recorte de fondos que podría ascender a 800 millones de euros, según los cálculos de este periódico a partir de la metodología de pagos parciales de la Comisión.

En su último informe de diagnóstico sobre el estado de la economía española, el Ejecutivo comunitario ya avisó de que "es esencial que España acelere la ejecución de reformas e inversiones", dado que el plazo improrrogable concluye en agosto de 2026, es decir, dentro de apenas 13 meses.

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"La magnitud y complejidad del plan exigen medidas específicas para garantizar la culminación rápida de las reformas e inversiones", señala la Comisión Europea. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez no tiene garantizados los apoyos necesarios en el Congreso para sacar adelante las leyes que ha prometido a la UE a cambio de las ayudas.

"Es necesario prestar especial atención a las dificultades relacionadas con la capacidad de absorción, especialmente teniendo en cuenta la concentración de las inversiones hacia el final del período de ejecución. Estas dificultades se ven agravadas por el considerable volumen de fondos canalizados a través de instrumentos financieros", prosigue el informe de Bruselas.

"El refuerzo de la coordinación entre los distintos niveles de la administración, junto con la racionalización de los procedimientos, contribuiría a acelerar la absorción de fondos y a garantizar que la ayuda llegue rápidamente a los beneficiarios finales", insiste la Comisión.

De hecho, el equipo de Von der Leyen le reclama a Sánchez que facilite "la participación sistemática de las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas" en la puesta en práctica del plan de recuperación.

Bruselas pide a todos los Estados miembros que, antes de fin de año, hagan una última revisión de sus planes de inversión y reformas con el fin de eliminar todas las medidas que no puedan ejecutarse para agosto de 2026 y sustituirlas por otras.

Entre el menú de opciones que plantea Bruselas se encuentran ampliar las medidas existentes que hayan tenido éxito, reducir los planes con exceso de demanda o la dotación de préstamos o dividir los proyectos del plan de recuperación para continuarlos con fondos nacionales u otros fondos de la UE.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario sugiere a los Estados miembros que utilicen los fondos Next Generation como contribuciones nacionales voluntarias al futuro Programa para la Industria de Defensa Europea o a los programas de la UE para las comunicaciones por satélite.