María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Eduardo Parra / Europa Press

Macroeconomía

El Gobierno promete a Bruselas recortar deducciones fiscales este mismo 2025 y recaudar 1.600 millones euros más

El Ejecutivo mantiene su idea de no adaptar los tramos de IRPF a la inflación y recoge en su informe esta fórmula como una medida para elevar los ingresos tributarios hasta 2028. 

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Hace años que el Gobierno trabaja con la idea de reducir o reformular los beneficios fiscales. Y parece que ese momento ha llegado. El Ejecutivo ha prometido a Bruselas reformar este área tributaria para finales de año. Con ello, espera elevar la recaudación en un 0,1% de PIB, que equivale a más de 1.600 millones de euros

Así lo indica el Informe de Progreso Anual enviado a la Comisión Europea, que recoge el cumplimiento (o no) de los compromisos fiscales y en materia de política económica incluidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo.

Según el documento, el Gobierno se compromete a "aumentar de forma permanente los ingresos públicos en al menos un 0,1 % del PIB, derivado de modificaciones de beneficios fiscales". Y se pone de plazo máximo para ello el cuarto trimestre de este 2025. 

Los beneficios fiscales son deducciones o excenciones de impuestos que permiten incentivar determinados comportamientos fiscales o favorecer a determinados colectivos o sectores. De esta manera, se entiende que suponen una pérdida de ingresos

En el informe remitido a Bruselas, el Gobierno recuerda que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya hizo una evaluación de los beneficios fiscales, y determinó medidas para rebajarlos (como, en particular, subir los tipos de IVA reducidos). En este sentido, también se menciona el Libro Blanco para la Reforma fiscal, que se elaboró hace ya tres años. 

Curiosamente, los compromisos del informe no recogen explícitamente una de las principales exigencias de la Comisión Europea a España en los últimos años: elevar la fiscalidad del diésel e igualarla con al de la gasolina.

Se trata de una medida que el Ejecutivo no ha podido cumplir por la falta de apoyos parlamentarios y de cuya ejecucion depende el quinto pago de fondos europeos, unos 23.900 millones de euros

En cualquier caso, el informe da por ejecutada la reforma fiscal prometida por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pese a que no salieron adelante medidas como aumentar la tributación del diésel ni el nuevo impuesto a las energéticas. 

Lo que sí recoge el texto es que de 2025 a 2028 (es decir, lo que dura el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo) no se adaptará el IRPF y sus tramos a la evolución de la inflación, como ya venía haciendo el Ministerio de Hacienda hasta ahora. 

Pero hay una novedad: en este caso, el Ejecutivo valora esta decisión como una medida para subir los impuestos y elevar los ingresos fiscales. Espera que con esta formula se eleven los ingresos durante estos tres años un 0,1% del PIB (unos 1.600 millones). 

Cabe recordar que, por el incremento disparado de los precios en los últimos años, casas de análisis como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calculan que las familias españolas pagan un 30% más en IRPF que hace 10 años.