Los expertos consultados por EL ESPAÑOL-Invertia coinciden en señalar que, más allá de las razones que impulsan esta propuesta, llevarla a cabo necesita concitar muchos apoyos y, por el momento, los únicos que han hablado a favor son Francia y España. Asimismo, tendría un impacto directo en las importaciones y exportaciones, ya fuera porque terceros países endurecieran sus políticas comerciales o porque el precio de los bienes se elevara.

"La sensación es de que no va a salir. Cualquier medida de este tipo, proteccionista, tiene que pasar por el Consejo Europeo", apunta a este periódico Joaquim Clarà, profesor de Estudios de Economía y Empresa de la UOC. La visión de países productores como España es diferente a la de aquellos que presentan déficit en el comercio de alimentos.

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Más allá de las negociaciones en el seno de la UE, la Cámara de España señala que la norma tiene que negociarse "de manera multilateral, y dentro de marco normativo de la Organización Mundial del Comercio (OMC)". De hecho, asegura esta entidad, "la UE tiene un margen de actuación reducido en esta materia".

Eso sí, Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de España, indica que "la aplicación del principio de reciprocidad que subyace a las cláusulas espejo permitiría al sector primario español afrontar el reto de la sostenibilidad con mayores garantías".

"Sin ese principio, los productores europeos ven perjudicada su capacidad competitiva, su rentabilidad e, incluso, la supervivencia de su actividad, al tener que competir en desigualdad de condiciones", añade. Eso es, precisamente, lo que los agricultores y ganaderos llevan denunciando en las protestas de las últimas semanas.

Para José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia e investigador asociado de Fedea, la reclamación responde a la "buena lógica" de los agricultores y es "razonable", "pero tiene un problema".

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Según Boscá, la medida exige tener la certeza de que las importaciones cumplen con la normativa, para lo que se necesitan inspecciones de que tienen un coste.

Además, indica Clarà, "la regulación del mercado es buena a corto plazo, pero a la larga se complica", en tanto que "deja a los productores debilitados". Es así, explica, porque los consumidores pueden no aceptar la subida de precios que posiblemente llevase aparejada una medida de este tipo. "A largo plazo produce efectos prácticamente irreparables", sentencia.

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Exigir los mismos requisitos de sostenibilidad y uso de productos fitosanitarios a países de fuera de la UE puede tener varios efectos: que estos suban sus precios, que dejen de exportar a Europa o, incluso, que endurezcan sus políticas comerciales. Todos esos escenarios supondrían una reconfiguración de la balanza comercial española.

Desde 2020, el superávit en el comercio de productos alimentarios se encuentra en máximos históricos, ya que si bien las importaciones crecen cada año, lo hacen en mayor medida las exportaciones. De hecho, entre 2022 y 2023 las importaciones crecieron un 2,3% y las exportaciones, el doble, un 4,6%.

Tocar el mercado

"Si tú endureces las condiciones comerciales, otros hacen lo propio", apunta el profesor de la UOC. Y aunque posiblemente llevara a un mayor consumo de productos locales, "se tocaría el libre mercado".

"Un productor es libre de vender aquí o exportar, mientras que es el consumidor el que elige si ser responsable (en términos ambientales) e irse a precios más caros y de mejor calidad o prefiere precios reducidos de productos importados", explica. Una medida de este estilo restringe las opciones de los compradores. Por eso, asegura, más que regular, lo importante es concienciar a los consumidores de qué productos son mejores.

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Por su parte, desde la Cámara de Comercio valoran que "para los países del sur de la UE, previsiblemente su balanza comercial de productos agrícolas se vería beneficiada", ya que se reducirían las importaciones de terceros países. Pero "podrían encarecer en paralelo las importaciones agrícolas si los proveedores extranjeros tienen que adaptarse a estándares más estrictos".

Esto último impacta, finalmente, en los precios al consumidor. También para los países del centro y norte del continente, que verían "un encarecimiento de sus importaciones, tanto comunitarias como extracomunitarias, con la consecuente ampliación del desequilibrio comercial".