En su calidad de presidenta de turno del Ecofin, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha sido la responsable de preparar la última propuesta de compromiso que se someterá a los Veintisiete. Para facilitar el acuerdo, Calviño ha capitulado ante las exigencias que había planteado desde el principio Alemania. Renuncia así al objetivo inicial que había planteado la Comisión de Ursula von der Leyen (con el apoyo de España, Francia e Italia) de relajar las reglas de disciplina fiscal para evitar que la ingente deuda acumulada desde la pandemia asfixie la economía.

De hecho, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, está "relajado" con los planteamientos españoles, según explican fuentes diplomáticas. En contraste, el italiano Giancarlo Giorgetti ha sido el primero en alzar la voz contra Calviño. "No podemos decir sí a normas que sean imposibles de cumplir", ha dicho Giorgetti en el Parlamento italiano. Lo más sorprendente es que el francés Bruno Le Maire, que siempre se ha alineado con Madrid y Roma frente a Berlín, acepte ahora endurecer las reglas fiscales.

[Calviño falla en su segundo intento para aprobar la relajación de las reglas de disciplina fiscal de la UE]

En concreto, la propuesta que ha presentado Calviño obligará a los Estados miembros altamente endeudados (con una ratio superior al 90% del PIB), como España, a recortar su nivel de deuda a un ritmo del 1% de promedio anual. Para los países con una deuda entre el 60% y el 90%, el esfuerzo exigido será la mitad (0,5% de promedio anual). Estos son los objetivos numéricos comunes que Alemania reclamaba desde el principio, pero que Bruselas descartó en su proyecto legislativo por considerar que impondrían un esfuerzo excesivo.

En cuanto al déficit, los países que, como España, superen el umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad tendrán que realizar un ajuste anual estructural de al menos el 0,5% del PIB. Al mismo tiempo, los Estados miembros que no estén sujetos a un expediente sancionador por déficit excesivo deberán dejar un "margen de resiliencia común" de 1,5 puntos, tal y como pedía Berlín. Eso significa que el 1,5% se convierte de facto en el nuevo límite de déficit en la UE.

El documento de compromiso de Calviño establece, además, que el alto nivel de deuda se considerará un "factor agravante clave" a la hora de lanzar un procedimiento sancionador por déficit excesivo a los países que se desvíen de su senda de ajuste fiscal, tal y como reclamaban Alemania y Holanda. Al mismo tiempo, la reforma protege la inversión en defensa al reconocerla como un "factor relevante" a la hora de evaluar si un Estado miembro ha caído o no en déficit excesivo.

Para los países incumplidores, la reforma prevé un nuevo sistema de multas más bajas que en la actualidad, con el fin de que puedan activarse con más facilidad, pero que se irán acumulando en el tiempo. No obstante, la propuesta original de Bruselas establecía un tope a las sanciones equivalente al 0,5% del PIB (alrededor de 7.000 millones de euros en el caso de España). A petición de Berlín y sus aliados, Calviño ha suprimido este límite.

El resultado de todos estos cambios es desvirtuar por la puerta atrás la filosofía que inspiraba la reforma del Pacto de Estabilidad. El plan original de Von der Leyen ofrecía más flexibilidad y más tiempo (entre cuatro y siete años) a la hora de poner las cuentas públicas en orden, con planes de ajuste plurianuales a medida de cada Estado miembro, negociados de forma bilateral entre Bruselas y las capitales. Y con el techo de gasto como único indicador de referencia.

La gran paradoja es que aunque Christian Lindner empezó la negociación prácticamente aislado en su negativa a flexibilizar el Pacto de Estabilidad (porque Países Bajos alcanzó un pacto con España), al final ha logrado imponer prácticamente todas sus tesis al resto de socios.