El IPREM es un índice empleado en España como referencia para la concesión de numerosas ayudas y prestaciones. Entre ellas una de las que está de moda y que está en vías de reformarse, el subsidio de desempleo.

Según ha podido saber este periódico, la vicepresidenta segunda del Gobierno reclamará a su homóloga María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y vicepresidenta cuarta, que este índice aumente para elevar la cuantía y acceso a determinadas prestaciones públicas. Y son numerosas. Por ejemplo, el IPREM anual marca el límite de ingresos para acceder a los avales del ICO para hipotecas para jóvenes. 

Y no sólo afecta a ayudas estatales, sino a todas las Administraciones públicas. De esta manera, sirve para marcar qué rentas pueden tener acceso a asistencia jurídica gratuita, a ayudas públicas del alquiler, a becas y a un largo etcétera tanto en el ámbito del Estado como de las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Incluso determinadas indemnizaciones por despido.

Lo desconcertante es que el IPREM es un indicador que es decidido de forma absoluta por el Gobierno. Se aprueba sin que esté conectado con cambios en los indicadores de renta o cualquier otra estadística social o económica. Es decir, es totalmente arbitrario.

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Elevarlo conducirá, irremediablemente, a un mayor gasto público en prestaciones de manera generalizada. Es lo que lleva ocurriendo desde que PSOE y Unidas Podemos llegaron al Gobierno. 

Cuando la alianza de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegó al poder, el IPREM estaba en los 537,84 euros mensuales. Desde entonces, ha subido todos los años hasta llegar a los actuales 600 euros al mes, es decir, un 11% más que en 2020. 

Ahora la clave es qué acogida tendrá esta idea en el Ministerio de Hacienda. Cabe recordar que ya el próximo año el Gobierno tendrá que afrontar determinados incrementos del gasto (como la bonificación y gratuidad del transporte público), a lo que cabe sumar el incremento del gasto en pensiones por su revalorización. 

A esto hay que sumar que, en 2024, volverán a estar vigentes las reglas fiscales, por lo que el gasto público en España tiene que estar sujeto a un déficit máximo, que el próximo año estará en el 3%. Un techo que varias voces, entre ellas la Comisión Europea, avisan de que se va a romper.