Sin embargo, su primer intento se ha saldado en fracaso: la solución de compromiso preparada por España no convence a Alemania y a sus aliados, por lo que la reforma del Pacto de Estabilidad no se aprobará el próximo martes, según adelantan fuentes europeas.

Los plazos son muy importantes. El Pacto lleva suspendido desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020, lo que ha permitido a los Gobiernos europeos cuatro años de barra libre de gasto público para responder a las sucesivas crisis. Pero Bruselas ya ha decidido que las reglas que obligan a rebajar el déficit y la deuda volverán a activarse en 2024. Si la reforma no se completa a tiempo, España y el resto de socios tendrían que poner en marcha ajustes mucho más exigentes el año que viene.

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"La presidencia española pretendía inicialmente alcanzar un acuerdo político el martes, pero se ha dado cuenta de que este objetivo es demasiado ambicioso", explican las fuentes consultadas. De hecho, Calviño ha descartado un debate público entre los ministros de Finanzas (preceptivo si hay perspectivas de pacto) y ha programado en su lugar una discusión a puerta cerrada durante el almuerzo.

"Las diferencias entre los Estados miembros son todavía muy sustanciales por lo que se refiere a los objetivos numéricos (de reducción del déficit y la deuda) y las salvaguardas", apuntan las fuentes.

Berlín mantiene su exigencia de establecer indicadores comunes para todos los Estados miembros de recorte anual del déficit y la deuda, más exigentes para los países altamente endeudados como España.

En el extremo contrario, París, Roma o también Madrid (aunque ahora de modo más discreto por ocupar la presidencia) sostienen que fijar objetivos numéricos comunes vaciaría de contenido la reforma, que se basa en planes de ajuste individualizados para cada Estado miembro, con más tiempo -hasta 7 años- para poner las cuentas en orden.

Berlín insiste en que no está aislada en sus exigencias, sino que cuenta con el apoyo de hasta media docena de Estados miembros. Su ministro de Finanzas, Christian Lindner, alega que los indicadores comunes sobre déficit y deuda son imprescindibles para salvaguardar la credibilidad del Pacto de Estabilidad. Una credibilidad que todavía es más importante tras el reciente episodio de volatilidad en el mercado de deuda pública o la subida de la prima de riesgo de Italia.

A Alemania tampoco le ha gustado la propuesta de la presidencia española de excluir parcialmente del cómputo del déficit o dar un trato especial al gasto en defensa o a los créditos Next Generation.

Un descontento que comparten otros Estados miembros como Países Bajos o Suecia por considerar que esta maniobra debilita también las reglas de disciplina fiscal. Finalmente, Berlín y sus aliados consideran que Calviño otorga demasiado poder y capacidad de maniobra a la Comisión en detrimento de los Estados miembros.

Una vez constatado el fracaso en octubre, la presidencia española pretende volver a intentarlo en el próximo Ecofin del 9 de noviembre. Antes, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete podrían discutir la reforma de las reglas de disciplina fiscal en su cumbre del 26 y 27 de octubre. Los más pesimistas creen que no habrá acuerdo antes de diciembre.