La Comisión de Ursula von der Leyen ha aprobado este lunes la adenda del Plan de Recuperación de España, que da acceso a una financiación extra de 93.500 millones de euros de fondos Next Generation (83.200 millones en créditos blandos a devolver y 10.300 millones de euros en subvenciones a fondo perdido). A cambio de la ayuda, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a implementar 17 nuevas reformas y un total de 51 inversiones adicionales. 

Esta cantidad se suma a los 69.500 millones de euros en subvenciones que incluía el plan de recuperación original de España aprobado en julio de 2021. De este importe, nuestro país ya ha recibido hasta ahora 37.000 millones de euros: 9.000 en concepto de adelanto y 28.000 en los tres primeros pagos por el cumplimiento de reformas e inversiones. En total, España tiene asignados 163.000 millones de fondos Next Generation, la segunda mayor dotación por detrás de Italia.

Todo este dinero seguirá desembolsándose en sucesivos pagos (dos al año) a medida que nuestro país cumpla las condiciones exigidas. Pero el dinero tiene que ejecutarse en su totalidad antes del 31 de agosto de 2026. Bruselas teme que España sea incapaz de gestionar y gastar todos los fondos Next Generation y ha reclamado al Gobierno que refuerce la capacidad administrativa si no quiere perder las ayudas.

[Bruselas teme que España sea incapaz de gastar todos los Next Gen y reclama reforzar la gestión administrativa]

La gran anomalía del procedimiento es que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, envió la adenda a Bruselas el 7 de junio, cuando ya se habían convocado las elecciones anticipadas. Además, la luz verde de la Comisión se produce cuando aún no está claro si Sánchez podrá formar un nuevo Gobierno ni si habrá Presupuestos para 2024. El Ejecutivo comunitario sostiene que una prórroga presupuestaria no tendría un "impacto significativo" en la ejecución de los fondos, salvo si se extiende indefinidamente.

En el marco de las negociaciones de la adenda, Bruselas ha aceptado modificar un total de 52 hitos y objetivos incluidos en el plan de recuperación original, que según Sánchez ya no pueden cumplirse o deben retrasarse por el impacto de la inflación, la guerra de Ucrania o la pandemia. Uno de los cambios más destacados es eliminar la obligación de introducir un sistema de peajes en las autovías nacionales a partir del 1 de enero de 2024.

El Ejecutivo comunitario se ha dejado convencer por el argumento de Sánchez según el cual esta medida es inviable por el aumento de costes que ya sufren los usuarios de las carreteras por la subida del precio del carburante. Además, los peajes se solaparían con la nueva tasa que tendrá que pagar el transporte por carretera a partir de 2027 por el CO2 que emita.

Como alternativa al pago por el uso de las carreteras, el Gobierno se ha comprometido a impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril (aunque sin comprometer ninguna inversión concreta), que según Bruselas tendrá un impacto equivalente en materia de reducción de emisiones.

El visto bueno de la Comisión despeja el camino para que España presente la cuarta solicitud de pago de fondos Next Generation por valor de 10.000 millones de euros. Algunas de las condiciones asociadas a este desembolso no se habían cumplido por la convocatoria de elecciones anticipadas el 23 de julio, pero Bruselas ha accedido a modificarlas o aplazarlas durante las negociaciones de la adenda.

Lo que no se ha cambiado son las exigencias en materia de reforma de las pensiones, que es la más importante del cuarto pago. El Ejecutivo comunitario tendrá que analizar ahora si los cambios patrocinados por el ministro José Luis Escrivá son suficientes para responder a las exigencias de la UE en materia de sostenibilidad fiscal de las pensiones. 

La adenda del plan de recuperación de España todavía tiene que ser validada por el Ecofin (que dispone de un plazo de un mes), aunque no se espera ningún problema tras la evaluación positiva de la Comisión. Una vez que llegue la luz verde de los ministros de Finanzas, España recibirá 1.400 millones de euros en subvenciones en concepto de prefinanciación.

Las reformas e inversiones adicionales comprometidas por Sánchez se centran en la doble transición digital y verde. En materia de transición ecológica, las novedades incluyen una estrategia nacional para combatir la desertificación o reformas para mejorar la gestión de residuos, para prevenir el desperdicio de alimentos y para acelerar la concesión de permisos para proyectos de renovables.

Bruselas ha dado también luz verde a la creación de varios instrumentos financieros y planes de ayudas para impulsar la transición ecológica. Entre ellos, la creación de una nueva línea verde del ICO dotada con 22.000 millones), un nuevo fondo de resiliencia regional de 20.000 millones, un esquema de ayudas para la economía circular o un sistema de primas para el coche eléctrico.

La adenda incluye además nuevas inversiones por valor de 6.900 millones de euros en autoconsumo, comunidades de energía, hidrógeno renovable, redes de electricidad y descarbonización de la industria.

En materia digital, las nuevas reformas incluyen la creación de una Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial y de un Marco Nacional de Ciberseguridad reforzado. Entre las inversiones se encuentra el PERTE chip o la digitalización del sector público. La adenda contempla además reformas para mejorar el acceso a la financiación de pymes y autónomos, una ley para proteger los derechos de los consumidores o medidas para impulsar la construcción de vivienda social para alquiler.