España tiene implementadas cerca del 60% de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (vinculado a los fondos europeos Next Generation EU). Sin embargo, las inversiones completadas no llegan al 10%, según el Banco de España. 

La institución dirigida por Pablo Hernández de Cos avisa de esta circunstancia en un artículo publicado este jueves. En él, considera "fundamental" supervisar la capacidad de absorción de estos recursos en 2023 y años posteriores, teniendo en cuenta el importante impacto previsto en las perspectivas macroeconómicas.

"Dados los elevados importes de inversión previstos para 2023-2026, especialmente en Italia y España, sería fundamental supervisar la capacidad de absorción en 2023 y años posteriores, teniendo en cuenta también el importante impacto previsto en las perspectivas macroeconómicas de estos países", sugiere el organismo.

Dificultades

En el informe se indica que si bien la aplicación de los planes de recuperación iba por buen camino a finales de 2022, algunos Estados miembro están comenzando a tener dificultades en la administración de los fondos, debido en parte a una capacidad administrativa limitada o a cuellos de botella en las inversiones.

El Banco de España ha recordado que cuando se lanzó este programa los tipos de interés estaban en mínimos históricos, si bien en los dos últimos años han subido bruscamente.

Como resultado, un informe reciente del Parlamento europeo sugiere que, debido a los elevados niveles actuales y previstos de los tipos de interés, los costes vinculados a los fondos podrían ser el doble de lo que se estimó inicialmente al inicio del ciclo presupuestario 2021-2027 de la UE

Con todo, desde el organismo se advierte de que el patrón de revisión a la baja de la absorción de fondos por parte de algunos Estados miembro apunta a riesgos significativos de que los objetivos de inversión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no se cumplan plenamente en 2026.

Retrasos

Varios países europeos han aplazado sus solicitudes de desembolso y algunos países llevan retraso en sus solicitudes de pago en comparación con los plazos indicativos de los acuerdos operativos. Además, la mayoría de los pagos aprobados hasta la fecha están asociados a la introducción de reformas vinculadas a cambios legislativos, que generalmente son más fáciles de implementar que las inversiones.

"Un claro ejemplo es España, con cerca del 60% de las reformas implementadas, mientras que las inversiones completadas no llegan al 10%. En algunos casos, las reformas estructurales requeridas se han retrasado", ha señalado el Banco de España.

Todo ello estará marcado por un contexto en el que en 2024 deberá desactivarse la cláusula general de salvaguardia (CGS) del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), una vez que se consideran superadas las circunstancias excepcionales que justificaban su activación (la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania).