La debacle electoral que sufrió el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo han llevado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a adelantar los comicios generales al 23 de julio. Las Cortes se disuelven este miércoles 31 de mayo y, con ello, se cancelan numerosas normas económicas que se estaban tramitando en el Congreso y en el Senado. 

El Gobierno contaba con la celebración de elecciones generales en diciembre, plazo más que suficiente para aprobar la cuantiosa legislación que se estaba negociando y tramitando en los pasillos de las cámaras. El adelanto electoral suspende todos estos procesos legislativos. De hecho, si se quieren retomar en la próxima legislatura se tendrá que hacer desde el principio, como si no se hubieran hecho trabajos parlamentarios previos. 

Entre las normas afectadas está la Ley de Familias, impulsada por el Ministerio de Ione Belarra. Esta legislación tiene, entre otros objetivos, desarrollar nuevos permisos laborales entre los que destaca el permiso parental de ocho semanas, que iba a ser retribuido con al menos el 65% del salario. 

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Con todo, lo más probable es que al menos este permiso se retome en la próxima legislatura, dado que está recogido en una directiva europea y se tiene que implementar. 

Otra legislación de importancia que se cae es el proyecto de Función Pública. El texto incluía incentivos, como el complemento de carrera o la creación del directivo público o fórmulas para beneficiar a los funcionarios que decidieran alargar su vida laboral. 

Por otro lado, también abordaba las evaluaciones del desempeño de los funcionarios. Dichas evaluaciones podían conllevar el cese del puesto logrado por concurso, la exclusión de ascensos u oposiciones para ello o no cobrar el complemento salarial de desempeño que se habilita. 

También da al traste con la Autoridad del Cliente Financiero, que todavía no había superado el trámite del Senado, y con todas las normas que incluía el proyecto de ley, como el endurecimiento de las normas de competencia. 

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El anuncio de Sánchez también cambia los planes de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tanto los políticos como los de su cartera. A Díaz le gusta tomarse su tiempo en las mesas de negociación, pero esta vez su paciencia ha jugado en contra.

La convocatoria de elecciones anticipadas impedirá a la ministra de Trabajo eliminar la "anomalía jurídica" española que excluye a las trabajadoras del hogar y de ayuda a domicilio de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995. Díaz pretendía "desarrollar" derechos para este colectivo con una autoevaluación de los riesgos laborales en el hogar por parte de las familias empleadoras y la colaboración de sus empleadas.

El Ministerio de Trabajo llevaba tiempo elaborando esta normativa, con las aportaciones de los sindicatos y de las trabajadoras del hogar y de ayuda a domicilio. El texto había salido hace poco a consulta pública y estaba pendiente de someterse a audiencia pública.

Otra negociación estancada que parece quedar ya sin recorrido es el conocido como Estatuto del Becario. La negociación del texto comenzó hace más de un año y se llegó a un acuerdo inicial con los sindicatos. Sin embargo, la ambición de introducir a la CEOE en un pacto ha impedido el acuerdo.

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Ambas partes, junto con Trabajo, estaban negociando un tercer texto que la vicepresidenta segunda esperaba ver publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) “en breves momentos”.

Por otro lado, aunque no se había iniciado su tramitación, el Gobierno esperaba sacar adelante antes de diciembre una ambiciosa reforma de los subsidios del desempleo. Sin embargo, este objetivo no se podrá llevar a cabo.  

Tampoco verá la luz el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio alimentario que fue aprobado el 11 de mayo por el Pleno del Congreso de los Diputados y se encontraba ahora en el Senado.

Este reglamento afectaba directamente a la cadena alimentaria, especialmente a la hostelería. Así, bares y restaurantes tendrían la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido, salvo en los formatos de servicio de bufé libre.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Europa Press

Por otro lado, a los supermercados se les iba a imponer la tarea de incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, así como disponer de líneas de venta con productos "feos", "imperfectos" o "poco estéticos".

También caen automáticamente los proyectos de ley de Servicios de Atención al Cliente y de Movilidad Sostenible que ya estaban en tramitación, así como el reglamento europeo sobre infraestructuras de carga y combustibles alternativos, que todavía se tienen que tramitar. 

En este sentido, cabe recordar que hay numerosas directivas europeas que han quedado sin tramitar y que se tendrán que retomar en la próxima legislatura (sea quien sea el presidente del Gobierno). 

Por otro lado, también se cancela la Ley de Equidad Sanitaria (la Ley Darias), con la que se quería poner barreras a la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS). También se suspende la tramitación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que ya se había empezado a negociar con los grupos parlamentarios.