La Comisión Europea ha solicitado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez un ajuste presupuestario del 0,7% del PIB (equivalente a 9.300 millones de euros) en el año 2024 con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo del 3% de déficit que marca el Pacto de Estabilidad y situar la deuda pública en una senda claramente descendente. El año que viene volverán a aplicarse las reglas de disciplina fiscal de la UE, suspendidas desde el estallido de la pandemia en 2020.

Nuestro país se encuentra entre los Estados miembros a los que se le exige un mayor ajuste presupuestario el año que viene. El motivo es que Bruselas ha clasificado a España como país de "alto riesgo" en materia de sostenibilidad presupuestaria a medio plazo debido a su elevada deuda pública, que se situó en el 113,2% el año pasado.

Para lograr el ajuste presupuestario requerido, el Ejecutivo comunitario reclama limitar el incremento del gasto público neto (que excluye los intereses de la deuda y las prestaciones por paro cíclico) a un máximo del 2,6%. Este es el nuevo indicador de referencia en la reforma de las reglas fiscales propuesta por Bruselas, que aún está en debate.

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El programa de estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas prevé un incremento del gasto del 1,4%, lo que en principio respetaría esta recomendación. Pero la Comisión señala que este ajuste debe plasmarse en medidas concretas en los presupuestos del año que viene, por lo que es prematuro concluir si España cumple o no. Al Ejecutivo comunitario le parece excesivamente optimista la previsión de recaudación de impuestos de Sánchez y teme que se desplome cuando baje la inflación.

Como primer paso en el ajuste, el Ejecutivo comunitario pide suprimir todas las ayudas energéticas (como la rebaja del IVA para la luz y el gas) de aquí a final de año y utilizar el dinero ahorrado para reducir el déficit público y no para más gasto. El coste de estas medidas asciende este año al 0,6% del PIB, con lo que su eliminación sería prácticamente suficiente para cumplir el objetivo. En caso de que los precios vuelvan a dispararse, cualquier nueva subvención debe diseñarse de forma que se concentre únicamente en los hogares más vulnerables y fomente el ahorro de energía.

La Comisión recomienda a España preservar la inversión pública financiada nacionalmente, así como "asegurar la absorción efectiva" de las subvenciones Next Generation y de otros fondos de la UE, con el fin de impulsar la doble transición digital y verde.

Para el periodo posterior a 2024, el Ejecutivo comunitario reclama continuar aplicando "una estrategia fiscal a medio plazo de consolidación gradual y sostenible, combinada con inversiones y reformas que conduzcan a un mayor crecimiento sostenible, con el objetivo de lograr una posición fiscal prudente a medio plazo".

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Se trata de la primera vez desde 2019 (antes de la pandemia) que Bruselas dirige recomendaciones de ajuste fiscal con objetivos numéricos a los Estados miembros. El objetivo de este ejercicio es facilitar la coordinación de políticas económicas y prevenir una nueva crisis de deuda. 

Al margen del aspecto presupuestario, el Ejecutivo comunitario reclama al Gobierno que "mantenga el impulso en la implementación estable del plan de recuperación" y los fondos Next Generation y que presente lo antes posible el anexo con la solicitud de créditos y subvenciones extra para la transición energética.

España debe garantizar una "capacidad administrativa suficiente" para poder ejecutar todos estos fondos europeos extra, en paralelo a los programas de política de cohesión para las regiones.

Finalmente, Bruselas reclama reducir la dependencia respecto a los combustibles fósiles. En este sentido, España tiene que acelerar el despliegue de energías renovables, simplificando y digitalizando los procedimientos de permisos, mejorar el acceso a la red e invertir en el almacenamiento de energía y en las interconexiones transfronterizas.

El Ejecutivo comunitario recomienda aumentar la disponibilidad de vivienda social eficiente desde el punto de vista energético, acelerar la electrificación de edificios y la penetración del cocoche eléctrico y formar a más trabajadores en las profesiones necesarias para la transición verde.

La Comisión de Ursula von der Leyen sitúa a España en el grupo de países que sufren desequilibrios económicos debido al alto nivel de deuda externa, pública y privada, así como a la elevada tasa de paro general y juvenil. En este grupo figuran también Chipre, Hungría, Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia.

No obstante, el informe señala que las vulnerabilidades se están reduciendo en España, Alemania, Francia y Portugal, hasta el punto de que si la tendencia continúa durante el próximo año estos países podrían salir del grupo de cola.