Según cálculos de la Consejería de Hacienda de Madrid, la activación del nuevo impuesto (que dejará en papel mojado la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio que aplica el gobierno autonómico) supondrá una caída del volumen de inversión extranjera de entre el 5,5% y el 7,5% al año. 

Esta valoración se ha hecho de acuerdo con "estimaciones elaboradas sobre la reintroducción del impuesto sobre la riqueza en diferentes países". Esta rebaja de la inversión foránea (valorada entre 1.200 millones y 1.600 millones de euros) llevará a que el PIB madrileño pierda hasta 1.420 millones de euros (que equivale a un 0,6% del PIB regional). 

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Además, el equipo de Javier Fernández-Lasquetty vaticina que habrá una reducción del crecimiento potencial del empleo valorada en 19.500 puestos de trabajo. 

Por otro lado, la 'huida' de inversión extranjera conllevará un recorte de la recaudación pública de "al menos 190 millones de euros en el medio plazo". ¿La causa? "La combinación de la caída de la actividad económica, la menor creación de empleo y los menores salarios", indican desde la región. 

En cualquier caso, argumentan que "lo peor -del nuevo impuesto- es que transmite un mensaje de gran inseguridad y desconfianza hacia los inversores del que España tardará en recuperarse. La inversión se instala en donde es bien tratada y huye de donde la maltratan y penalizan, y el problema es que no vuelve hasta pasado mucho tiempo". 

Además de por invasión de competencias, Madrid argumenta que el nuevo impuesto vulnera la Constitución también por romper la "autonomía financiera" de las regiones y "violar el principio de igualdad" al considerar que "es un impuesto contra los madrileños y los andaluces". 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, en Sevilla. Raúl Caro / EFE. Sevilla.

La Comunidad también carga contra la figura tributaria por "vulnerar el procedimiento" habitual, "lesionar la seguridad jurídica" y "no estar justificada su creación", según su interpretación. Cabe recordar que ha reclamado su congelación y suspensión cautelar en lo que el Constitucional toma una decisión. 

El impuesto responde a un viejo anhelo del Ministerio de Hacienda: imponer una suerte de armonización fiscal que impida a determinadas regiones (particularmente a Madrid) llevar a cabo agresivas bajadas de los impuestos nacionales sobre los que tienen capacidad decisión. 

Andalucía encendió la mecha que llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a poner en marcha el impuesto. En septiembre, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta y barón del PP, anunció la decisión de imitar a Madrid y bonificar al 100% el impuesto al Patrimonio en la región. Esto significa, básicamente, desactivarlo. 

Solo unos días más tarde, María Jesús Montero anunció que el Gobierno llevaría a cabo su contraataque: ejecutaría un impuesto a las grandes fortunas que, en su mecanismo, venía a ser un recargo sobre el ya existente impuesto de Patrimonio. 

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¿Cómo se evita que la nueva figura genere un efecto de doble imposición en las regiones que tenga activada la tasa al Patrimonio? Los contribuyentes que la tengan que pagar se podrán deducir lo que hayan abonado en la región correspondiente por Patrimonio.

Es decir, que la tasa está pensada para desactivar las rebajas fiscales de regiones populares como Madrid, Andalucía y Murcia (que también ha suprimido Patrimonio).  

El tributo se aplicará sobre patrimonios a partir de los tres millones de euros y está previsto que tenga carácter temporal en 2023 y 2024 (con una cláusula para hacerlo permanente, como en el caso de la banca y de las energéticas).

Con él, el Ejecutivo central calcula que ingresará 1.500 millones de euros al año, que se destinarán a medidas para paliar el impacto económico de la crisis de precios generada por la guerra en Ucrania.