Con mucho retraso, Bruselas ha dado su aprobación al plan de España para gastar los 37.300 millones de euros de ayudas regionales europeas que tiene adjudicadas para el periodo 2021-2027, del cual se han perdido ya dos años. La Comisión de Ursula von der Leyen había criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por aplazar de forma "muy lamentable" la presentación del plan para los fondos estructurales y centrarse exclusivamente en los 70.000 millones de subvenciones Next Generation.

De hecho, el plan de España ha sido uno de los últimos en ser aprobados por el Ejecutivo comunitario: el número 24 de un total de 27. Bruselas todavía tiene que dar su visto bueno a los diferentes programas regionales (un total de 45), antes de que el dinero empiece a desembolsarse. España es el tercer país que recibirá más fondos estructurales europeos durante el periodo 2021-2027, sólo por detrás de Polonia (75.000 millones) e Italia (42.000 millones).

"España tiene acceso a recursos sin precedentes a través de la política de cohesión y del plan de recuperación y resiliencia. Por lo tanto, España tiene la extraordinaria oportunidad de reducir las disparidades territoriales basándose en un nuevo modelo económico sostenible que permita al país ser más ecológico y competitivo", ha dicho la comisaria de Política Regional, la portuguesa Elisa Ferreira, en un comunicado.

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El plan español para gastar los fondos estructurales se centra en las comunidades autónomas con menor PIB: el 50% de los fondos se asignará a inversiones en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. Canarias, por su parte, como región ultraperiférica de la UE, recibirá una asignación adicional de 673 millones para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de su lejanía del continente.

Del total asignado a España de 37.300 millones de euros, se invertirán más de 9.000 millones en la transición ecológica. De este importe, 1.800 millones se destinarán a alcanzar el objetivo de ahorro energético del 39,5% en 2030, mientras que 3.300 millones irán al impulso de las energías renovables. También se prevén ayudas para la prevención de catástrofes naturales y la respuesta a inundaciones, incendios y sequías. 

El plan incluye 870 millones con cargo al Fondo de Transición Justa. Un capítulo que ayudará a las regiones que han cerrado o tienen previsto cerrar minas de carbón, instalaciones industriales intensivas en CO2 y centrales eléctricas de carbón: las provincias de La Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Córdoba, Almería, Cádiz y las islas Baleares (Alcudia y algunos municipios circundantes).

Otros 8.500 millones de los fondos estructurales se consagran a impulsar el crecimiento, la competitividad y la productividad de las pequeñas y medianas empresas, a través de inversiones que promuevan la investigación y la innovación en sectores con un alto valor añadido, según informa el Ejecutivo comunitario.

La comisaria de Política Regional, Elisa Ferreira Comisión Europea

El plan español reserva además un total de 11.300 millones de euros a cohesión social y empleo. Un dinero que se gastará, entre otras cuestiones, en incentivos para la contratación de desempleados de larga duración y de personas pertenecientes a grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad; así como para la conversión de contratos de prácticas en contratos por tiempo indefinido para apoyar la nueva reforma del mercado laboral en España.

El capítulo de refuerzo de la integración y de las políticas sociales tendrá una dotación de más de 4.000 millones. De esta cantidad, alrededor de 1.000 millones se utilizarán específicamente para luchar contra la pobreza y salvaguardar los derechos de los niños a la educación y al acceso a los servicios sociales, en consonancia con la Garantía Infantil Europea.

La financiación europea también se destinará a mejorar la calidad y la eficacia de la atención primaria. Apoyará la construcción, renovación y mejora de centros sanitarios y hospitales, y permitirá a España invertir en los equipos necesarios para los cuidados especializados.

Finalmente, el plan español incluye un capítulo de 1.100 millones de euros con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). El programa FEMPA se centrará en la gestión sostenible de los recursos pesqueros, la protección del medio marino, la adaptación al cambio climático y la protección del medio ambiente.