Las enmiendas que han presentado tanto estas formaciones como las de la oposición proponen cambios sobre los impuestos a la banca y a las energéticas. Ha sido imposible hacerlo sobre el de las grandes fortunas, puesto que el Ejecutivo lo ha introducido a través de una enmienda minutos antes de que se cerrara el plazo. 

El Gobierno no puede ignorar alegremente las reclamaciones de estos partidos. Los votos de los partidos que forman el bloque de la investidura siguen siendo fundamentales para que salgan adelante las iniciativas legislativas. Más si cabe con estos impuestos, ante los que el Partido Popular se ha mostrado totalmente en contra.

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Tanto ERC como EH-Bildu coinciden en uno de los cambios que reclaman. Exigen que la temporalidad de los impuestos a la banca y a las energéticas se suprima y no se mantengan exclusivamente en 2023 y 2024, tal y como indica el diseño de ambas tasas. A través de distintas enmiendas, las formaciones independentistas exigen que ambos impuestos se mantengan en el tiempo y no estén destinados exclusivamente para los años 2023 y 2024.

Cabe recordar que esta puerta la dejó abierta el propio Pedro Sánchez este jueves, en La Sexta. Refiriéndose al impuesto a la banca, indicó que "en principio es temporal. Tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses y los próximos años". ¿Un guiño a estos partidos nacionalistas? Veremos.

Comunidades autónomas

Otra reclamación, en este caso de los republicanos catalanes, es que la mitad de la recaudación por ambas figuras tributarias sea para las comunidades autónomas, bajo el argumento de que son las regiones las que sostienen los servicios públicos.

También lo piden, dentro del Grupo Plural, Joan Baldoví e Íñigo Errejón, mientras que Junts per Catalunya, del mismo grupo, solicita que la recaudación se ingrese directamente a las comunidades autónomas.

Mientras, los vascos de EH-Bildu consideran que hay que ampliar el radio de acción de los impuestos y que deben afectar a más empresas. Por ello, exigen que se rebaje el umbral de facturación de las empresas energéticas afectadas, y que pase de 1.000 millones de euros a 500 millones.

En el caso de la banca, el diseño inicial del gravamen contemplaba que solamente deberían pagarlo aquellas entidades que en el ejercicio 2019 superasen los 800 millones en facturación por intereses y comisiones. Pues bien, en sus enmiendas EH-Bildu y BNG (este último dentro del Grupo Plural) sugieren rebajar este límite a 400 millones de euros, lo que ampliaría la base de bancos afectados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Patxi López. Efe

Otro matiz a esta parte del impuesto a la banca es el que piden PDeCAT (dentro del Grupo Plural), Ciudadanos y PNV, que es que el gravamen se aplique a todos los bancos que operan en España, independientemente de su facturación antes de la pandemia.

De esta forma, se eliminaría el impacto sobre la competencia del que han alertado tanto los banqueros privados como el BCE. También PSOE y Unidas Podemos, como ya informó EL ESPAÑOL-Invertia, han querido tratar esta cuestión incorporando a través de las enmiendas que, además de las entidades inicialmente propuestas, deban hacerse cargo del impuesto todas las que estén bajo la supervisión del BCE, incluidas las filiales de grupos extranjeros que operan en España.

PNV, además, interpone enmiendas para 'suavizar' el impuesto de las energéticas. Por ejemplo, que no se aplique sobre ingresos sino sobre beneficios, que es lo que ha decidido la Comisión Europea.

También pide esto Ciudadanos sobre el impuesto a la banca, mientras que el PDeCAT sugiere que se graven menos los ingresos y se tengan en cuenta los volúmenes de depósitos y préstamos. EH-Bildu, por el contrario, pide endurecer el tributo a través de dos vías: que los ingresos se graven más (un 7,5% frente al 4,8% propuesto por los socios de gobierno) y que las multas por repercutir el coste a los clientes se incrementen.

Repercutirlo al cliente

Más allá de los socios de la investidura, solamente dos partidos sugieren hacer caso al Banco Central Europeo (BCE) en cuanto a que los bancos tengan la posibilidad de repercutir a los clientes el coste del gravamen. Se trata de Ciudadanos y PDeCAT.

En la redacción inicial del nuevo tributo, los socios de gobierno querían evitar que la banca pudiera repercutir a los clientes su coste. En otras palabras, buscaba obligar a las entidades a que asumieran el impuesto con su propio beneficio, algo difícil teniendo en cuenta la extensa regulación a la que están sometidos los bancos.

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Y es que, como el propio BCE recuerda en su dictamen, dado a conocer la pasada semana, la normativa bancaria europea obliga a los bancos a repercutir en el precio de los créditos "todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda".

Las propuestas de Ciudadanos y PDeCAT van en este sentido. Ambos grupos parlamentarios sugieren que se elimine la parte de la proposición que dice que "el importe de la prestación y su pago anticipado no serán objeto de repercusión económica, directa o indirecta". Estos dos partidos también proponen que el pago de este gravamen se pueda deducir del Impuesto de Sociedades, algo que se prohíbe en la proposición de ley.

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También el Grupo Popular ha presentado tres enmiendas, con las que busca cambiar por completo el artículo 2 de la proposición de ley, en el que se establece la creación del gravamen a la banca.

Concretamente, quiere sustituir este artículo por uno en el que se contemplen medidas para proteger a los "deudores hipotecarios sin recursos", como revisar el Código de Buenas Prácticas para adaptarlo a la situación actual o crear un fondo de rescate temporal participado por el Estado y los bancos para ayudar a los hipotecados.

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Además, proponen una deducción en el IRPF durante 2022 y 2023 por inversión en vivienda habitual y por rehabilitación o ampliación de la misma, siempre que las obras se terminen antes del 1 de enero de 2025.

Por su parte, Vox ha presentado ocho enmiendas, en las cuales sugiere también que se facilite una deducción por compra de vivienda habitual, así como que solamente se aplique el impuesto a aquellos bancos que experimenten un incremento de su base imponible para el Impuesto de Sociedades en 2022.

En todo caso, añaden que el importe de este gravamen junto a la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades respecto del ejercicio 2022 no debe superar el incremento de la base imponible.