Así lo indica el Programa Presupuestario 2023 enviado por el Gobierno a Bruselas este sábado. En el documento, el Ejecutivo alerta de que "una mayor duración de la guerra prolongaría las tensiones en el mercado del gas, aumentando la probabilidad de efectos de segunda ronda en precios".

El texto explica que ya "la mayoría de mercados de materias primas han retornado a niveles de precios prebélicos, excepto el mercado del gas". Un mercado que va a mantener y repetir tensiones en los próximos meses. 

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"El almacenamiento de reservas de gas ha provocado tensiones puntuales en los mercados internacionales, que podrían repetirse con la llegada del invierno debido al aumento del consumo de gas estacional y la necesidad de seguir importando gas natural licuado", recoge el Programa Presupuestario. 

Estos ingredientes ya están generando que algunas previsiones de inflación para el próximo año estén en cotas elevadas. Por ejemplo, el Banco de España prevé que los precios suban de media en 2023 un 5,7%. 

En este contexto de incertidumbre, "cobra renovada importancia un pacto de rentas, que proporcione un marco de estabilidad y confianza a trabajadores, empresarios e inversores".

El Ejecutivo considera que con él "se eliminaría el riesgo de que una extensión de las cláusulas de indexación o un aumento de los márgenes por la fortaleza de la demanda en algunos sectores lleve a presiones más estructurales sobre los precios que llevasen a una mayor persistencia de la inflación en 2023".

Sin embargo, este pacto de rentas que el equipo de Pedro Sánchez ha vuelto a invocar, en esta ocasión ante Bruselas, está muy lejos de hacerse realidad. Ni la CEOE ni los sindicatos tienen intención de entrar en él, a no ser que el Gobierno mejore su 'oferta'. 

Por lo pronto, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa de esta negociación la subida salarial de los funcionarios (en la que queda poco que hacer, dado que ya está pactada con los sindicatos) y el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). 

Esto se queda muy lejos del pacto de rentas que sí se ha logrado culminar en Portugal. El gobierno de Antònio Costa ha puesto sobre la mesa rebajas fiscales tanto para trabajadores como para empresas para facilitar la paz social, así como un acuerdo salarial plurianual en el sector privado luso.

Dicha paz social está lejos de lograrse en España. Los sindicatos CCOO y UGT ya han iniciado las movilizaciones contra las patronales CEOE y Cepyme, precisamente, por la falta de acuerdo en el diálogo salarial en el marco del AENC. 

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La causa del desacuerdo está en unas cláusulas de revisión salarial vinculadas a la inflación que reclaman los sindicatos y que los empresarios rechazan. Con todo, en estas últimas semanas los rumores de que la negociación se va a retomar son cada vez más intensos. 

También hay unas líneas dedicadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el documento del Gobierno. Se estima que permitirá que durante el periodo 2021-2031 permita un aumento medio en el nivel de PIB de unos 2,6 puntos, lo que se traduce en hasta 40.000 millones de euros. Todo ello gracias a esta iniciativa.

"En el largo plazo, a partir de 2032, el Plan de Recuperación habrá incorporado 3,4 puntos al PIB de forma estructural y a pesar de que se hayan retirado las medidas de estímulo", explica el Ejecutivo. 

Por otro lado, el Plan Presupuestario argumenta que "el impacto positivo de las inversiones del Plan se intensificará a partir del segundo semestre de 2022,
pasando a jugar un importante papel contracíclico en un contexto de endurecimiento de condiciones monetarias y fuerte desaceleración de la zona euro. Desde el punto de vista de las inversiones, la ejecución de Plan ha ido avanzando a buen ritmo a lo largo de 2022".