A partir del próximo 1 de enero de 2023, estará vigente el esquema de incentivos al empleo complementarios al ingreso mínimo vital (IMV) que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros. Un sistema que pretende que quienes cobran esta prestación busquen trabajo o mejoren su sueldo si ya tienen un empleo.

Y con el ánimo de impulsar el tránsito desde una situación de exclusión a una participación “plena” en la sociedad. Pero, ¿cómo funcionarán los incentivos complementarios al IMV de los más vulnerables?

Lo primero que hay que saber es que no es una prestación nueva e independiente del IMV. Nadie recibirá el incentivo si no ha recibido antes el IMV. Por tanto, no se tiene que solicitar, sino que se calcula de oficio, esto es, automáticamente.

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El esquema de incentivos propuesto se activará cuando se revise anualmente el IMV del titular, y única y exclusivamente empezará a funcionar si se producen cambios en los ingresos del trabajo: bien porque se haya encontrado un empleo, bien porque se hayan mejorado las condiciones del mismo.

Su meta última es garantizar que no se pierdan ingresos. Hará que, “siempre”, la renta disponible del beneficiario de IMV sea superior a la que habría tenido sin incentivo.

Como todos los gobiernos en Europa y Estados Unidos que han introducido este tipo de esquemas de incentivos, el miedo del Ejecutivo residía en que la población que cobre la prestación -más de 500.000 hogares en España o, lo que es lo mismo, 1,4 millones de personas- no haga por mejorar su situación laboral y se conforme con el IMV, lo que provocaría un doble efecto: lastraría las cuentas públicas pero, más importante aún, estos ciudadanos seguirían en riesgo de vulnerabilidad social.

Las primeras estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pasan por que uno de cada cinco hogares que perciben el IMV se verán beneficiados del incentivo. “No todos los que trabajan logran mejorar su situación laboral”, explican fuentes del Ministerio. Así, unos 100.000 hogares de los 500.000 beneficiarios que hay con el IMV en la actualidad tendrán esta capacidad desde mediados del próximo año.

Simulador virtual

Para que esta capa de población pueda hacerse sus propias cuentas, el Gobierno va a habilitar un simulador virtual que, si bien está muy adelantado, todavía está en fase de producción. Las fuentes del Ministerio consultadas por este periódico resumen la medida en “garantizar la eficiencia y la equidad”.

De hecho, según estas fuentes, el esquema de incentivos aprobado no generará un coste fiscal para la Administración, ya que, “incluso, puede generar ingresos”. Al haber más horas trabajadas, deberían aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social.

El escenario más costoso para la Administración Pública sería el de 1:1. Por cada euro que ponga de incentivo, recuperaría uno en cotizaciones, lo que le dejaría en un punto de neutralidad. En cambio, el escenario más optimista sería el de 3,5:1. Por cada euro puesto en incentivos, recuperaría entre uno y 3,5 euros en cotizaciones, lo que le daría un retorno al final del proceso, que es lo que esperan en el Ministerio.

“Ponerte a trabajar no significa perder la prestación, sino motivarte a ganar más porque se te complementa”, aclaran las fuentes del departamento liderado por José Luis Escrivá. Eso sí, “hasta cierto punto, donde ya no se complementa más”.

Casos prácticos

En la práctica, el IMV y los incentivos actúan como un sistema de contrabalanceo en el que se compensarán los ciclos económicos: “Cuando el ciclo vaya bien, habrá menos IMV y más incentivo. Cuando el ciclo vaya mal, será al revés, con más IMV y menos incentivo”.

Resumido de una forma muy sencilla, hasta el 60% de la renta garantizada en función del tipo de hogar, todo lo que una persona o familia gane de más, sería como si se le añadiese al IMV. “Euro por euro”, ilustran. De ahí hasta el 100%, se le añadiría con distintos porcentajes de descuento. En este caso, ya sería “menos de un euro por cada euro”, según la casuística.

Los hogares con menores suelen necesitar cuantías más altas para incentivarlos a trabajar o trabajar más horas. El Gobierno ha puesto especial atención a las familias monoparentales y a las familias en las que conviven personas con discapacidad. De esta forma, al principio el incentivo es mayor, y a medida que se produce el incremento del salario, el incentivo modera su crecimiento.

Por ejemplo, una persona que vive sola y no ha tenido ingresos en el año anterior. Recibe un IMV de 5.900 euros anuales. Si se le revisara al año siguiente y se viera que ha tenido ingresos por valor de 1.000 euros, de no existir el incentivo, su IMV se vería mermado hasta los 4.900 euros. Pero en su tramo, se aplicaría el incentivo, que sería también de 1.000 euros. El resultado final sería que su renta disponible ascendería a 6.900 euros.

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Esto es, la suma de 4.900 euros del IMV, los 1.000 euros del incentivo y los 1.000 euros que esa persona ha logrado por sus propios méritos.

Otro ejemplo, una familia monoparental con un menor sin ingresos el año previo. Recibe un IMV de casi 10.740 euros anuales. En la revisión, se observan ingresos de 1.000 euros. Con la misma fórmula, su renta disponible final se elevaría hasta cerca de los 11.740 euros.

Incentivos decrecientes

Volviendo al caso de la persona que vive sola de antes, y para entender que el incentivo modera su crecimiento a medida que los ingresos extra son crecientes. Si los ingresos extra fueran de 4.500 euros, el incentivo sería de casi 3.830 euros. Ya no sería una relación de igualdad. Su renta disponible final acabaría siendo de prácticamente 9.730 euros. ¿Fruto de qué?

Básicamente, de los 1.400 euros del IMV (la diferencia), los casi 3.830 euros del incentivo y los propios ingresos extra de 4.500 euros.

¿Y si esa misma persona que vive sola recibiera unos ingresos extra superiores a la renta garantizada, esto es, los 5.900 euros de la base? Por ejemplo, de 6.000 euros. Entonces, el IMV no tendría lugar, pero igualmente recibiría un incentivo de casi 4.150 euros porque al ser la diferencia tan exigua, de apenas 100 euros, podría no querer mejorar su situación laboral. Y eso es lo que el Gobierno pretende atajar. Su renta disponible, por tanto, pasaría a ser de cerca de 10.150 euros.