En este sentido, las estimaciones del Gobierno indican que al finalizar el año deberían quedar menos de 150.000 personas cubiertas bajo este instrumento, la mayoría trabajadores de difícil recolocación y en sectores y empresas que ya no volverán a la normalidad precovid.

Es decir, principalmente empleados de hostelería o turismo que ya no volverán a tener una jornada como la tenían antes de la crisis. Sus empresas deberán reconvertirse, digitalizarse y, en definitiva, prescindir de sus perfiles. Trabajadores que deberán reconvertirse y a los que sus empresas despedirán en cuanto acaben los ERTE.

Según indicó hace unas semanas el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quedan unos 260.000 trabajadores en ERTE, de los que permanecen inactivos de manera completa unos 150.000. Estamos, por tanto, ante los últimos rezagados de un instrumento que permitió dar cobertura social a casi un millón de personas en los momentos más duros de la pandemia.

Una reducción en el número de beneficiarios y un cambio en el perfil que obliga a replantearse el futuro de estos instrumentos. Tanto en su duración como en las fórmulas que comenzarán a negociarse a partir de este jueves.

Más allá de diciembre

No hay dudas de que se prorrogarán hasta diciembre porque así lo quieren Gobierno, sindicatos y patronal, pero no está claro si deben mantenerse más allá de diciembre.

En este punto, el Ejecutivo ha deslizado que no sería necesario, algo que avalaría esta cifra de menos de 150.000 personas en ERTE al cerrar el año, pero respecto de la que otros miembros del Diálogo Social tienen dudas. 

En sectores como el turismo o la hostelería son mayoritarias las voces que relacionan la supervivencia del sector y de su tejido productivo -mayoritariamente pymes- a una prórroga hasta por lo menos la primera parte de 2022. De hecho, casi la mitad de estos trabajadores que todavía están en ERTE pertenecen a estos sectores.

En cualquier caso, todo tendrá que ver con las condiciones y las herramientas alternativas que se comenzarán a negociar esta semana. "Buscaremos la mejor solución de transición hacia adelante con los agentes sociales", ha dicho recientemente el ministro Escrivá.

¿Cuáles serán las condiciones de esa futura prórroga? En varias ocasiones, los representantes gubernamentales han indicado que de cara a la próxima ampliación estaba previsto hacer cambios. El número de personas en ERTE ha bajado y la situación económica y productiva ya no es la misma. 

Formación a los trabajadores

Los agentes sociales se niegan a que se rebajen las condiciones de estos instrumentos. Consideran que los casos de personas y empresas que todavía están en ERTE no son 'gratuitos' y que no se pueden recortar prestaciones o bonificaciones si son necesarias. Por ello, lo que reclaman al Gobierno es un análisis individualizado de cada ERTE en marcha.

Las fuentes del Diálogo Social consultadas insisten, además, en que no se ha cumplido el compromiso del Gobierno de dar formación a los trabajadores en ERTE para facilitar una eventual reconversión en caso de no poder volver a incorporarse a sus empresas. 

Los ERTE sostienen prestaciones (con una cuantía del 70% de la base reguladora) y el contador a cero del paro. Mientras, las empresas tienen acceso a unas exoneraciones de sus cuotas sociales de hasta el 70% (aunque, si se trata de un ERTE de impedimento de actividad, llegan al 100%). 

Estas últimas exoneraciones son las que el Gobierno querría recortar. Desde su puesta en marcha, los ERTE han supuesto un coste para el Gobierno de unos 21.000 millones de euros. De hecho, se esperaba que la nueva prórroga estuviera en los 2.000 millones, aunque la salida de trabajadores de ERTE podría haber modificado esta cifra. 

Por otro lado, para 2022 se espera que los ERTE permanentes estén en marcha. Se trata de los mecanismos de sostenibilidad del empleo (MSE), que permitirán a empresas y trabajadores percibir unas ayudas que todavía no han sido desarrolladas y cuya formulación se desconoce por ahora.

ERTE permanentes

Además, se exige cumplir requisitos a las compañías que se quieran acoger a los MSE. Entre ellos, un compromiso de mantenimiento del empleo, es decir, que se prohibiría el despido en estas empresas. 

Asimismo, durante el periodo que dure el MSE no se podrán hacer horas extraordinarias, establecerse externalizaciones o hacer nuevas contrataciones. Similares restricciones a las que obligan los ERTE Covid, por lo que todo parece indicar que habrá exoneraciones de cuotas sociales para las empresas, aunque esto último todavía no está sobre la mesa. 

De hecho, lo único que está claro en este sentido es que el Gobierno se compromete a crear un fondo financiero para cubrir ayudas relacionadas con los MSE. Como ya se había planteado, la idea es que dicho fondo se cubra con los excedentes de las cotizaciones que en años normales se registran.