María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Macroeconomía

Resucita la guerra del IVA: el Supremo abre la puerta a que Hacienda abone 2.500 millones a las CCAA

Con todo, desde el Ministerio objetan que ya se han dado compensaciones a las regiones por el 'impago' de un mes de recaudación de este tributo. 

27 abril, 2021 19:53

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Resucita la guerra del IVA entre comunidades autónomas y Ministerio de Hacienda. El dictamen del Tribunal Supremo que obliga al departamento que dirige María Jesús Montero a abonar la recaudación de este impuesto del mes de diciembre de 2017 abre la puerta a que las regiones reciban los 2.500 millones de euros que reclamaban antes de la pandemia

Cabe recordar que esta cuestión lleva coleando, precisamente, de antes de la 'nueva normalidad' de la Covid. De hecho, es una herencia de Cristóbal Montoro, el último ministro de Hacienda del Partido Popular. 

En 2017, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, Hacienda obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real con el sistema de información inmediata (SII). A cambio, permitió que el impuesto se pagara el 30 de cada mes en lugar del 20. Ello provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, es decir, a 2018. 

Cristóbal Montoro.

Cristóbal Montoro.

De ahí que las regiones no pudieran recibir en 2019 (que es cuando les hubiera tocado) un mes de recaudación por este impuesto, es decir, los 2.500 millones citados. Y lo cierto es que en Hacienda había voluntad para solucionar la situación.

De hecho, en el proyecto de Presupuestos de 2019 se habilitaban unos créditos para solucionarlo. Sin embargo, su rechazo por parte del Congreso impidió que la medida se pudiera poner en práctica y el Gobierno se quedó con las manos atadas al convocar elecciones generales y entrar en funciones.

Ello no hizo que las regiones cejaran en sus reclamaciones. De hecho, con el Gobierno de coalición ya en marcha, a principios de 2020 y antes del 'shock' del coronavirus, lo trasladaron al Consejo de Política Fiscal pero Hacienda aseguró que los fondos se habían 'volatilizado'

De ahí que las autonomías hayan recurrido a la vía judicial, que finalmente es la que ha fructificado, al menos en el caso de Castilla y León. El Tribunal Supremo ha dictado que Hacienda tiene que pagar el mes de IVA que se le debe. Y el resto de las regiones que han planteado recursos judiciales ya se frotan las manos, reactivando la maquinaria legal, indican, si fuera necesario, según ha podido saber Invertia. 

Impacto

Sin embargo, en Hacienda indican que no está tan claro que las regiones logren su objetivo."Cumpliremos con lo que diga la sentencia, como no puede ser de otra forma. Pero tenemos que estudiar su contenido para ver su impacto", indican.

Y añaden que "el Gobierno adoptó medidas para compensar esta situación. Se descontó el efecto del SII IVA a la hora de calcular el cumplimiento del objetivo de déficit de 2019".

Además, indican que "también se aprobó que los recursos adicionales (extra FLA o Extra Facilidad Financiera) para cubrir la desviación del déficit de 2019 que corresponde al impacto del SII IVA tuvieran un tipo de interés del 0%". 

Sin embargo, estas compensaciones no parecen frenar las ambiciones de las regiones. Varias como Madrid, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha (es decir, sin importar el color ideológico) han recurrido ya a la vía judicial, que es la que le ha funcionado a Castilla y León. Con un matiz: el Supremo indica que la cantidad que pide la región no se corresponde con lo que le tendría que pagar Hacienda. 

Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo./

Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo./ Efe

A pesar de ello, las regiones insisten: "El Supremo es claro: lo que hizo el Ministerio de Hacienda es una vulneración al principio de autonomía financiera. Le pido a la ministra que deje de esconderse", ha indicado Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda, Economía y Trabajo de Madrid. 

De hecho, los castellanoleoneses van un poco más allá. "Los efectos del nuevo sistema supusieron un traslado de ingresos de 2017 a 2018 por valor de 4.150 millones, lo que puede suponer para el Estado, dentro de su marco presupuestario actual, un serio problema si se generalizan las reclamaciones y sentencias". Salvo sorpresa, la trama de la guerra del IVA continuará en los tribunales