Una auténtica encerrona para apretar al máximo las tuercas a Polonia y Hungría. Así había preparado Alemania, que ocupa la presidencia de turno de la UE, la videoconferencia de ministros de Asuntos Europeos de los 27 celebrada este martes. Se trataba de una reunión virtual retransmitida en directo a los medios de comunicación en la que se ha sucedido la intervención en cascada de hasta 14 países en protesta por el veto de Varsovia y Budapest a la ratificación del fondo anti-Covid de 750.000 millones de euros.

Los mismos argumentos se repetían una y otra vez. Europa se encuentra en un momento "extremadamente" grave debido al fuerte impacto de la segunda ola de la pandemia. Las ayudas de la UE tienen que llegar de forma urgente a los países que más las necesitan (como España o Italia). De lo contrario, el riesgo es que la crisis sanitaria y económica se agrave y tenga un efecto "devastador".

No es el momento de vetos, sino de actuar rápidamentemente y de forma solidaria, con el fin de que el dinero europeo empiece a fluir desde principios de 2021. Alemania, Italia, España, Francia, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Rumanía, Portugal, Suecia, Finlandia, Irlanda, Croacia o Eslovenia han insistido en este mismo mensaje y han expresado su "frustración" con las maniobras dilatorias de Polonia y Hungría. 

Por parte de España, ha intervenido el embajador ante la UE, Pablo García-Berdoy, que ha destacado la "urgencia" de que lleguen las ayudas y ha avisado de que quien bloquee el dinero "deberá asumir una gran responsabilidad" ante los ciudadanos de la UE. Nuestro país será uno de los principales perjudicados por cualquier retraso. El Gobierno de Pedro Sánchez espera recibir 140.000 millones de euros y ha presupuestado 27.000 millones para las cuentas de 2021.

Pero los gobiernos de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki han resistido a las presiones del resto de socios (y también de la Comisión Europea) y se han enrocado en su veto al fondo anti-Covid y al presupuesto plurianual de la Unión Europea. Exigen que las ayudas contra la pandemia no se condicionen al respeto del Estado de derecho. Los dos países están sujetos a un expediente sancionador de la UE por poner en riesgo la independencia judicial, la libertad de prensa y el trabajo de las ONG y alegan que esta condicionalidad se dirige específicamente contra ellos. 

"Este mecanismo ofrece una manera fácil de sancionar a un país por motivos ideológicos o de ejercer presión política. Su base legal no tiene fundamento, su alcance está definido de forma vaga, las medidas son arbitrarias y el procedimiento carece de garantías. Todo ello va en contra de los auténticos requisitos en materia de Estado de derecho", ha dicho la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, en un discurso muy combativo.

"¿Cómo alguien puede esperar que vayamos a aceptar esta propuesta? Somos afortunados de no vivir ya en un sistema político (en referencia a la Unión Soviética) en el que se puede sancionar a alguien por desviaciones ideológicas, incluso si no ha vulnerado ninguna regla. Hungría ha luchado contra un mundo de estas características. Hemos luchado por la libertad, la democracia y el Estado de derecho", ha alegado.

Polonia, más suave

Mucho más conciliador se ha mostrado su colega polaco, Konrad Szymanski. El Gobierno de Varsovia apoya plenamente tanto el fondo de reconstrucción como el presupuesto plurianual de la UE, ha subrayado. Pero no puede aceptar el mecanismo sobre Estado de derecho porque considera que no ofrece "predictibilidad" ni "garantías jurídicas" para los Estados miembros. 

El comisario de Presupuestos, el austriaco Johannes Hahn, ha apelado también a la situación de emergencia y ha asegurado que Bruselas aplicará "los estándares más objetivos" a la hora de aplicar el mecanismo de Estado de derecho. "No es una cuestión ideológica, es simplemente respetar las reglas que todo el mundo aceptó al unirse a la UE", le ha replicado a Varga. "Si todos respetamos el Estado de derecho, no debe haber ningún problema", ha dicho también el representante sueco.

La intervención de la ministra de Justicia húngara también ha indignado al ministro alemán de Asuntos Europeos, Michael Roth. "El Estado de derecho no es ninguna ideología (...) Poner a la UE al mismo nivel que regímenes autoritarios y dictaduras es totalmente inaceptable", ha protestado Roth.

El atrincheramiento de Polonia y Hungría en su veto al fondo anti-Covid obliga a elevar el debate al máximo nivel político. La canciller Angela Merkel, en su calidad de presidenta de turno de la UE, se verá obligada a intervenir para tratar de convencer a Orbán (que pertenece a su misma familia política del Partido Popular Europeo) y al polaco Mateusz Morawiecki. El primer intento será durante la videocumbre de líderes europeos que se celebra este jueves.